Maru y el petate del muerto
El periodismo político en la ciudad de Chihuahua atraviesa por una etapa de triangulación donde diversos espacios de opinión son instrumentalizados desde el propio Palacio de Gobierno para golpear y amedrentar a actores internos. Un ejemplo claro de este ejercicio se observa en las recientes publicaciones orientadas a debilitar políticamente a César Jáuregui, utilizando como fachada un supuesto conflicto con la federación que en la realidad oculta una estrategia directa de la gobernadora Maru Campos para beneficiar a su delfín, Santiago de la Peña.
La narrativa difundida en columnas locales busca sembrar la idea de que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una exigencia punitiva contra el exfuncionario estatal a raíz del operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos. Sin embargo, esta presunta presión federal funciona como un recurso artificial. En los hechos, la información de inteligencia recabada por agencias de Estados Unidos sobre la presencia de dichos agentes en la zona serrana fue clasificada y reservada por un periodo de cinco años, lo que imposibilita filtraciones reales y desactiva cualquier riesgo de un proceso judicial inmediato desde la administración central.
Bajo este panorama, la utilización del caso a través de la prensa responde a una táctica conocida como el uso del petate del muerto. Se agita un fantasma político inexistente para intimidar a Jáuregui y frenar sus aspiraciones en la contienda interna del Partido Acción Nacional por la presidencia municipal de la capital. La intención real de este golpeteo soterrado, orquestado desde la cúpula estatal, es eliminar al competidor más fuerte para despejarle el camino de forma definitiva a Santiago de la Peña, asegurando el control del grupo gobernante sobre la sucesión local.
Esta estrategia revela un uso faccioso de la opinión publicada por parte de la administración de Maru Campos. Mientras se filtran supuestas exigencias de destitución atribuidas a la federación, la gobernadora utiliza estas publicaciones como un instrumento de presión psicológica para doblegar a su propio exfiscal y minar su capital político sin asumir el costo frontal del rompimiento. Pretender convencer a la opinión pública de que el futuro de un aspirante depende de un ultimátum presidencial falso solo evidencia que el grupo en el poder local está dispuesto a usar la guerra mediática para inclinar la balanza sucesoria a favor de su predilecto.
El mito del regidor panista
En la trastienda de la política municipal en Ciudad Juárez, las falsas oposiciones terminan por derrumbarse bajo el peso de la chequera. Recientemente se oficializó la salida de Alejandro Jiménez Vargas, mejor conocido como El Jimenotas, quien ostentaba el membrete de ser el último regidor del Partido Acción Nacional en el Cabildo. Sin embargo, un análisis riguroso demuestra que la noticia es intrascendente: en los hechos, Jiménez dejó de ser oposición hace años, ya que estaba totalmente integrado y alineado al grupo mayoritario de Morena y sus aliados.
La causa de esta mansa y silenciosa asimilación tiene cifras exactas y obscenas. Con percepciones de 168 mil 673 pesos mensuales, los ediles juarenses gozan de los salarios más altos para un regidor en todo el país. Como bien señala el registro oficial, La Plataforma Nacional de Transparencia registra para los regidores de Juárez percepciones de hasta 168 mil 673 pesos mensuales. Ningún representante popular —ni del PRI ni de las demás siglas con presencia edilicia— resistió semejante cañonazo financiero. El cuerpo edilicio en pleno se encuentra operando bajo las órdenes del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, quien asegura el voto incondicional de los regidores a cambio de dietas millonarias. En el Cabildo de Juárez no hay debate de ningún tipo; las directrices se dictan desde la oficina del alcalde y los regidores se limitan a levantar la mano por unanimidad artificial.
La salida formal de Jiménez desató un revuelo mediático que a muchos sorprendió, dado que el PAN perdió representatividad real y crítica en el Cabildo desde hace dos años, volviendo irrelevante su baja en términos prácticos. Ante este escenario, las declaraciones de los actores políticos develan la descomposición interna. Por su parte, Alejandro Jiménez Vargas, El Jimenotas, intentó justificar su paso al margen declarando que las decisiones del Cabildo deben responder a la ciudadanía y no a inercias partidistas, buscando maquillar años de absoluta subordinación al oficialismo.
Desde las esferas del blanquiazul, Daniela Álvarez criticó el contexto al sentenciar que no se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, además de subrayar que en los hechos no existía una oposición real por parte del edil. Asimismo, en un tono frontal y directo hacia la actitud de su excompañero, Jorge Espinosa sentenció con dureza que se vaya con dignidad y no ande con pleitos rateros, evidenciando el nivel de desgaste y mezquindad en las pugnas locales por el control político.
La renuncia de Jiménez a su fachada de oposición no sacude ningún cimiento político en la frontera. Hace mucho tiempo que el Cabildo juarense dejó de ser un órgano de contrapeso para convertirse en una oficialía de partes bien pagada. Con suculentos cheques mensuales financiados por el erario municipal, la pluralidad política en Juárez quedó reducida a una cómoda simulación donde la crítica se extinguió y la chequera triunfó sin oposición.
¿Se esfuma el gran golpe al huachicol?
La mañanera se vistió de gala para presumir el que fue catalogado como el megagolpe sexenal al huachicol: el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato. Sin embargo, más que una victoria contundente del aparato de seguridad, el episodio huele a triunfo inflado que se desinfla entre explicaciones técnicas y cabos sueltos. Anunciar océanos de combustible robado o de dudosa procedencia sin un solo detenido al momento exhibe una peligrosa prisa por colgarse medallas políticas antes de entender la trama judicial.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el golpe representaba la carta fuerte para demostrar que su administración supera con creces las inercias del pasado en el combate al tráfico de combustibles. No obstante, la estrategia de lanzar la noticia desde el atril presidencial terminó por trasladar el costo político a Palacio Nacional, obligando a deslindarse de la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando las preguntas incómodas sobre los dueños reales del predio comenzaron a llover. Si el combustible estaba ahí, la pregunta lógica es cómo operó semejante monstruo logístico sin que nadie lo notara.
Aquí es donde entra el malabarismo político de Omar García Harfuch, encargado de seguridad, quien intentó justificar el operativo asegurando que las capturas ocurren siempre después de los grandes aseguramientos. Una pirueta discursiva digna de aplauso: primero decomisan el océano, arman el escándalo mediático, y luego averiguan de quién era el agua. La promesa de que «habrá detenidos» sabe a promesa a plazos en un país donde los dueños de las grandes redes de contrabando fiscal y huachicol suelen esfumarse en la opacidad de los amparos y las razones sociales fantasma.
En este engranaje, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, tuvo que salir al quite para ponerle lupa y frialdad al asunto. Lejos de subirse sin reservas al podio de los festejos federales, la mandataria matizó el tamaño del trofeo al confirmar que la empresa implicada no logró acreditar, en un primer momento, la trazabilidad ni la procedencia legal del combustible. Al aclarar que el caso fue atraído por la FEMDO y que el estado solo aportó inteligencia, la gobernadora equilibró el tablero: mientras el centro pregonaba un golpe demoledor, el gobierno local dejó entrever que el asunto pinta más bien como un complejo
Finalmente, ante la fiscalía autónoma y la figura de Ernestina Godoy, el caso pone a prueba la verdadera coordinación del nuevo equipo de procuración de justicia. Presentar un mega decomiso donde empresas y corporativos salen a deslindarse públicamente convierte el gran trofeo en un galimatías jurídico. El problema de gobernar a base de golpes mediáticos en la mañanera es que, cuando el castillo de naipes carece de órdenes de aprehensión firmes, la picardía de la delincuencia organizada y los vacíos legales terminan por burlarse de la narrativa oficial.
