Maru abre fuego contra Sheinbaum
Maru Campos encontró en la propuesta de los llamados defensores de las audiencias una oportunidad para abrir un debate mucho más profundo que el de una simple reforma regulatoria. Su mensaje no se limita a cuestionar el contenido de la iniciativa impulsada por el Gobierno Federal; pone en tela de juicio la autoridad moral de un poder que pretende erigirse en garante de la información mientras, desde la máxima tribuna política del país, interviene todos los días en la disputa pública.
La gobernadora resume esa crítica desde el inicio de su mensaje. «Lo que propone en realidad es que el gobierno decida qué información es verdadera y cuál es falsa, y quién puede o no transmitirla». Con esa afirmación despoja al proyecto de su narrativa institucional y lo presenta como un intento por ampliar la capacidad del Estado para influir sobre el debate público.
No es una acusación menor. En una democracia constitucional, el problema no consiste únicamente en quién regula, sino en quién concentra el poder para definir los límites de la deliberación pública. Por ello, Maru sostiene que la propuesta debe analizarse a la luz del comportamiento del propio gobierno. «Llevamos ya ocho años en los que el poder ha polarizado al país, en los que se etiqueta como mentira o traición a la patria a quien piensa distinto o critica al gobierno». Su argumento es claro: no puede aspirar a convertirse en árbitro de la información quien ha utilizado sistemáticamente la comunicación política para dividir entre aliados y adversarios.
A lo largo del video, la gobernadora evita mencionar el nombre de Claudia Sheinbaum, pero se refiere reiteradamente a ella mediante una expresión que funciona como eje de todo el discurso: «todos los días desde las mañaneras». El recurso no es casual. Más que personalizar la confrontación, dirige la atención hacia el instrumento de comunicación presidencial y hacia el uso político que, desde la oposición, se le atribuye.
Para reforzar esa idea, Maru recurre a casos concretos. Menciona a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, como ejemplos de funcionarios de Morena que, pese a enfrentar severos cuestionamientos públicos, han recibido respaldo desde el discurso presidencial. Su tesis es que existe un doble rasero: mientras «todos los días desde las mañaneras» se desacredita a críticos y opositores, también se construyen narrativas para defender a aliados políticos cuando éstos atraviesan momentos de crisis.
Es precisamente esa práctica la que, a juicio de la mandataria, vuelve contradictoria la pretensión de impulsar un modelo de defensores de las audiencias. Si el gobierno participa activamente en la formación de la opinión pública y selecciona los temas, los protagonistas y el enfoque de la conversación nacional, difícilmente puede reclamar para sí la posición de juez imparcial sobre lo que constituye información y lo que debe considerarse opinión.
La pregunta formulada por Maru sintetiza el sentido de su crítica: «¿Y ahora ellos van a decidir qué es información y qué es opinión?». No se trata de una objeción técnica, sino de un cuestionamiento sobre los límites del poder político. La gobernadora sostiene que el Estado no debe sustituir el criterio de los ciudadanos ni convertirse en el filtro que determine qué versiones de la realidad son aceptables.
Por eso afirma: «No se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira. La democracia se defiende garantizando que muchas voces puedan expresarse, aunque incomoden. Ese es el corazón del Estado de Derecho». En esa frase concentra el núcleo de su discurso: la libertad de expresión no puede depender de la aprobación del gobierno, sino de la existencia de un espacio público abierto al pluralismo.
El cierre del mensaje eleva todavía más el tono. «En México luchamos por décadas para dejar atrás la etapa del gobierno omnipresente y censurador. Hoy estamos nuevamente frente a esa amenaza». Es una acusación de enorme peso político porque no discute únicamente una iniciativa administrativa; advierte sobre un cambio de modelo en la relación entre el Estado y la sociedad. En ese sentido, el video de Maru Campos trasciende la coyuntura de los defensores de las audiencias y se convierte en una impugnación frontal al ejercicio del poder presidencial y a la legitimidad de que, «todos los días desde las mañaneras», se pretenda definir dónde termina la información y dónde comienza la opinión.
Mayra acelera el paso
En los últimos días, Mayra Chávez parece haber entrado en modo candidata. Su actividad pública dejó atrás el bajo perfil institucional que había caracterizado su desempeño como delegada de Bienestar y comenzó a adoptar señales propias de quien busca construir una candidatura: presencia territorial, mensajes políticos directos y una narrativa de confrontación con los adversarios de Morena.
El cambio de ritmo ocurre justamente cuando el tablero interno del partido comienza a moverse. La candidatura de Mayra Chávez a la presidencia municipal de Ciudad Juárez había sido considerada dentro de un escenario en el que Cruz Pérez Cuéllar buscaría la gubernatura y ella encabezaría la fórmula municipal en la frontera. Sin embargo, la posibilidad de un acuerdo entre los grupos de Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar para evitar una ruptura mayor rumbo al 2027 introdujo una variable que modifica los cálculos.
Si ese entendimiento avanzara y como parte de la negociación Andrea Chávez obtuviera la candidatura a la alcaldía juarense, el proyecto de Mayra quedaría en una posición complicada. Esa posibilidad explica, en parte, la nueva actitud pública de la delegada, quien parece haber entendido que la política electoral no se gana únicamente en las mesas de negociación internas, sino también en la construcción de presencia y reconocimiento ante la ciudadanía.
El video difundido desde una colonia popular de Ciudad Juárez, con críticas a la gobernadora Maru Campos por sus declaraciones contra la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un cambio significativo en su estrategia. Durante años, Mayra había mantenido una postura más cuidadosa, producto de una formación política donde las formas, la disciplina y la prudencia eran elementos centrales, una característica asociada a su etapa de militancia priista.
Ahora el mensaje es distinto: busca mostrarse como una figura con capacidad de confrontación política y como una defensora activa del proyecto de la Cuarta Transformación. Es una transformación discursiva que coincide con la necesidad de ganar espacio dentro de Morena y demostrar que cuenta con fuerza propia.
Ariadna Montiel, por su parte, mantiene la apuesta por el acuerdo original: Cruz Pérez Cuéllar en la gubernatura y Mayra Chávez en la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Su lectura es que el proyecto puede sostenerse sin necesariamente incorporar al grupo político de Andrea Chávez.
Pero si se requiere una negociación entre las dos fuerzas internas, el papel de Citlalli Hernández adquiere relevancia, porque Ariadna Montiel forma parte directamente de uno de los bloques en disputa y enfrenta la percepción inevitable de ser juez y parte.
La acelerada actividad de Mayra Chávez revela que la definición todavía no está cerrada. En política, cuando un aspirante comienza a moverse con mayor intensidad, generalmente significa que las decisiones se acercan y que cada grupo intenta llegar a la mesa de negociación con la mayor fuerza posible.
Adrián abre la puerta aliancista
La eventual construcción de una alianza entre el PRI y el PAN en Nuevo León alrededor de Adrián de la Garza representa uno de los movimientos políticos más interesantes rumbo a la elección de gobernador de 2027, porque plantea una contradicción aparente: un político identificado históricamente con el priismo podría convertirse en el punto de encuentro de dos partidos que durante décadas fueron adversarios.
La clave está en la condición jurídica y política de Adrián de la Garza. Aunque su trayectoria está ligada al PRI, formalmente dejó de ser militante del partido hace más de una década, cuando renunció para asumir la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en 2013. Desde entonces, su carrera ha transitado por una zona intermedia: conserva la identidad política construida durante su paso por el priismo, pero puede presentarse como un perfil ciudadano o externo.
Ese argumento es precisamente el que abre una rendija para un acuerdo entre el PAN y el PRI. El panismo podría respaldar a un candidato que no tendría la etiqueta formal de priista, mientras el priismo mantendría a un político surgido de sus filas, con estructura, experiencia y reconocimiento electoral. La fórmula permitiría a ambos partidos justificar ante sus militancias una candidatura común sin asumir completamente el costo político de entregar la postulación a su antiguo adversario.
Adrián de la Garza, además, ya representa un antecedente de convergencia electoral. En 2024 ganó nuevamente la alcaldía de Monterrey mediante una alianza entre PRI y PAN, demostrando que, al menos en Nuevo León, las fronteras partidistas pueden flexibilizarse cuando existe un objetivo común.
El interés que ha mostrado el PAN nacional por construir una ruta competitiva alrededor de De la Garza revela que las realidades regionales comienzan a imponerse sobre los discursos generales. Aunque en su relanzamiento el PAN planteó que competiría sin alianzas, la dinámica política de estados como Nuevo León puede obligar a reconsiderar esa postura.
Ese escenario tiene implicaciones para Chihuahua. El virtual candidato panista a la gubernatura, Marco Bonilla, en meses anteriores había hablado abiertamente de la conveniencia de una alianza con el PRI, una posibilidad que también interesa a sectores del priismo chihuahuense. La prudencia mostrada recientemente por Bonilla coincide con el momento en que la dirigencia nacional panista cerró temporalmente la puerta a las coaliciones, pero los movimientos en otras entidades podrían modificar esa estrategia.
Si el PAN y el PRI encuentran una fórmula viable en Nuevo León, la discusión en Chihuahua podría reabrirse con mayor fuerza. La política electoral suele imponerse a las declaraciones iniciales: cuando existe la percepción de que una alianza aumenta las posibilidades de triunfo, los partidos suelen encontrar argumentos para justificarla.
Adrián de la Garza podría convertirse así no solamente en una carta para Nuevo León, sino en un experimento político que defina si la oposición mantiene la lógica de competir separada o vuelve a construir frentes comunes en estados estratégicos.
