San José, Costa Rica. – Costa Rica refrendó el domingo el rumbo político impulsado por el presidente Rodrigo Chaves al elegir en primera vuelta a Laura Fernández, su aliada más cercana y candidata del Partido Pueblo Soberano (PPS), como nueva presidenta del país. Con más del 48% de los votos —según resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones con alto porcentaje de mesas escrutadas—, Fernández evitó un balotaje y se convertirá en la segunda mujer en ocupar la Presidencia tras asumir el cargo el 8 de mayo.
La jornada electoral destacó por una participación cercana al 66%, un repunte significativo frente al abstencionismo creciente de años recientes, que reflejaba descontento con la clase política tradicional. El triunfo oficialista no solo asegura la continuidad del estilo confrontativo y populista de Chaves —quien aboga por “refundar” el Estado y reducir contrapesos institucionales—, sino que otorga al PPS alrededor de 31 de los 57 escaños legislativos, una mayoría simple que facilita avanzar proyectos de ley, aunque insuficiente para reformas constitucionales que requieren 38 votos.
Fernández, politóloga de 39 años y exministra de Planificación y de la Presidencia bajo Chaves, se presentó como la “heredera” natural del cambio iniciado en 2022. Su campaña enfatizó mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado —incluyendo la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, quien apoyó públicamente el resultado—. Prometió “continuidad del cambio”, rescatar instituciones para el “pueblo soberano” y rechazó derivas autoritarias, aunque criticó duramente a la oposición —a la que tildó de “caníbal”— y a sectores de la prensa.
Chaves, impedido de reelegirse de forma inmediata, intervino simbólicamente en la noche electoral mediante una llamada televisada para felicitar a su sucesora, quien respondió prometiendo una transición “agradable” y una “lucha sin cuartel”. Analistas como Alberto Cortés, de la Universidad de Costa Rica, advierten que el resultado capitaliza un malestar social acumulado por desigualdad, corrupción y deterioro de la movilidad social, pero plantea riesgos para la estabilidad institucional en una nación sin ejército desde 1948 y tradicionalmente vista como excepción democrática en Centroamérica.
Con una oposición fragmentada y debilitada, Fernández gobernará con amplio respaldo popular, pero enfrentará el desafío de equilibrar su agenda reformista con los límites constitucionales existentes. El nuevo ciclo político confirma una transformación profunda: el desplazamiento de partidos históricos por un liderazgo carismático y polarizador que, por ahora, cuenta con el aval de las urnas.
Autor
PUBLICIDAD
