La cuerda se reventó por lo más delgado: Pinedo
La historia de Jesús Antonio Pinedo Cornejo tiene una lectura política que no puede reducirse a un expediente judicial. Su caso terminó atrapado entre dos gobiernos enfrentados, el de Javier Corral Jurado y el de María Eugenia Campos Galván, y en ambos episodios apareció como una pieza que podía ser utilizada para fines políticos. Primero, Corral intentó utilizarlo para desalentar y frenar la candidatura de Maru a la gubernatura en 2021. Después, ya en el gobierno de Campos, el expediente de Pinedo fue utilizado dentro de la ofensiva judicial contra funcionarios del corralismo. Al final, ninguno de los dos consiguió lo que buscaba. Pinedo, en cambio, pagó el precio.
Corral fracasó en su intento de utilizar a Pinedo como instrumento para impedir que Maru Campos llegara a la candidatura del PAN. Aquella operación política terminó siendo un fracaso porque Maru se registró, obtuvo la candidatura y ganó la gubernatura. Pinedo quedó en medio de una disputa que no había provocado y cuya dimensión política terminó siendo mucho mayor que su propia posición dentro del gobierno corralista. Su cercanía con el exgobernador lo convirtió en una pieza útil para quienes pretendían golpear a Maru, pero también en una pieza vulnerable cuando el poder cambió de manos.
La segunda parte de la historia resultó todavía más amarga. Con Maru en Palacio de Gobierno, la carpeta que se había armado durante el gobierno de Corral cobró nueva vida y Pinedo terminó enfrentando un proceso penal. Pasó alrededor de nueve meses en prisión, mientras el expediente era utilizado dentro de la ofensiva contra antiguos colaboradores de Corral. La paradoja política era evidente: el mismo personaje que Corral había intentado utilizar para golpear a Maru terminó siendo procesado durante el gobierno de Maru.
Pero ahora aparece un elemento que modifica sustancialmente la lectura del caso. El Primer Tribunal Penal y Administrativo de Chihuahua, integrado por tres jueces, resolvió por unanimidad la desvinculación a proceso de Pinedo, al considerar que no se acreditó delito alguno, ni conflicto de interés ni beneficio económico. Si la resolución está expresamente sustentada en esos términos, la conclusión política es contundente: el proceso que llevó a Pinedo a prisión no terminó acreditando la conducta delictiva que se le atribuía.
Nueve meses de cárcel
Aquí es donde la historia deja de ser únicamente la de un exfuncionario procesado y comienza a convertirse en una historia sobre el uso político de las instituciones de justicia. Porque Pinedo no solamente enfrentó una acusación: enfrentó las consecuencias de quedar atrapado entre dos proyectos políticos que lo consideraron útil en momentos diferentes. Primero fue una pieza del enfrentamiento de Corral contra Maru; después, una pieza del enfrentamiento de Maru contra Corral.
Y Pinedo tomó una decisión que, vista desde la política, resulta poco común. Prefirió la cárcel antes que prestarse a los intereses de cualquiera de los dos. No se dejó utilizar por Corral para tratar de descarrilar a Maru, pero tampoco se dejó utilizar por Maru para convertir su expediente en un arma contra Corral. Pagó personalmente las consecuencias de esa decisión. Nueve meses de prisión son un precio demasiado alto para quien pudo haber buscado una salida negociada y, sin embargo, decidió mantener su posición.
La resolución del tribunal adquiere por eso una importancia que trasciende al propio Pinedo. Tres jueces, por unanimidad, determinaron que no se acreditaron los elementos necesarios para mantenerlo vinculado a proceso. Eso no significa que todos los episodios políticos que rodearon su caso desaparezcan. Pero sí obliga a revisar críticamente cómo se construyó el expediente y por qué un hombre terminó privado de su libertad cuando finalmente no se acreditaron los delitos que se le imputaban.
Corral perdió dos veces
Corral fracasó en 2021. No consiguió impedir la candidatura de Maru Campos y tampoco logró convertir a Pinedo en el instrumento que necesitaba para detener su carrera política. Después, Maru llegó al gobierno con una cuenta pendiente y utilizó las herramientas de la Fiscalía para perseguir a varios de los antiguos colaboradores de Corral. Pero en el caso de Pinedo, el resultado terminó siendo otro fracaso político: nueve meses de cárcel y, finalmente, una resolución judicial que lo desvincula del proceso, para mayor claridad determinó su inocencia y dejó en claro lo injusto de los meses en prisión.
La paradoja es demoledora. Dos gobernadores utilizaron políticamente una confrontación que terminó teniendo consecuencias personales para un hombre que estaba debajo de ellos en la estructura del poder, no en el comportamiento ético y la dignidad. Corral no consiguió utilizarlo para frenar a Maru. Maru tampoco consiguió convertirlo en el instrumento para llevar a Corral a prisión. Pinedo, en cambio, sí pagó.
Y quizá esa sea la parte más injusta de toda la historia: los dos políticos que protagonizaron la confrontación conservaron sus carreras. Corral terminó como senador de Morena; Maru continúa como gobernadora. Pinedo, mientras tanto, cargó con nueve meses de cárcel por un proceso que ahora concluye con una desvinculación unánime de tres jueces.
La cuerda, finalmente, se reventó por lo más delgado. Pinedo pudo haber perdido libertad, patrimonio, prestigio y años de su vida, pero no perdió la dignidad. Se negó a ser utilizado por Corral y después se negó a ser utilizado por Maru. En una política acostumbrada a sacrificar peones para que los poderosos conserven intactas sus posiciones, esa decisión tiene un significado especial: Antonio Pinedo Cornejo terminó pagando el precio de enfrentarse a dos gobernadores, pero ninguno de los dos logró convertirlo en el instrumento político que pretendía.
Morena tiene el poder; Bonilla tiene el tiempo
La elección de gobernador de Chihuahua empieza a adquirir una paradoja incómoda para Morena: tiene la marca, la estructura y una ventaja electoral de partida, pero no tiene todavía candidato ni una ruta política despejada. El PAN, en cambio, avanza en sentido contrario. Tiene una marca nacional más débil, necesita al PRI para ampliar su competitividad, pero tiene nombre, territorio y un aspirante que cada vez se comporta más como candidato: Marco Bonilla. Los acercamientos formales entre PAN y PRI ya comenzaron y el propio Bonilla ha reconocido la posibilidad de encabezar una alianza opositora.
Ahí está una de las claves del proceso. Morena puede darse el lujo de retrasar la decisión porque Ariadna Montiel ha dicho expresamente que el partido tiene hasta diciembre para definir las candidaturas pendientes. La dirigente nacional llamó a evitar precipitaciones mientras crecen las disputas internas en estados como Chihuahua. El calendario, por tanto, no lo están manejando Cruz Pérez Cuéllar ni Andrea Chávez, ni siquiera los grupos locales: lo administra la dirigencia nacional de Morena.
El problema es que el tiempo sirve para negociar, pero también sirve para desgastar. Cada semana adicional de indefinición permite que los dos principales aspirantes continúen midiéndose, acumulando estructuras, haciendo territorio y construyendo expedientes políticos contra el adversario. Morena gana tiempo para encontrar una salida, pero pierde la comodidad de una candidatura unificada. Y mientras el partido oficial discute quién debe encabezar el proyecto, Bonilla puede seguir haciendo algo mucho más sencillo: comportarse como si ya tuviera resuelta la candidatura.
El calendario nacional
La disputa por Chihuahua no es solamente una competencia entre dos políticos chihuahuenses. Es, también, una expresión de las pugnas nacionales que atraviesan a Morena. La prensa nacional ha descrito la confrontación entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar como una disputa en la que se reflejan diferentes grupos de poder dentro de la Cuarta Transformación. El País ha documentado que la pugna ha llegado a tal punto que la candidatura se convirtió en una prueba para la capacidad de Morena de conservar la unidad.
Cruz tiene una ventaja política difícil de ignorar: Ciudad Juárez. Su fuerza no nace solamente de las encuestas, sino de una estructura territorial construida durante años y de su capacidad para movilizar actores políticos alrededor de su proyecto. Andrea, en cambio, representa otra clase de fortaleza: juventud, presencia nacional, exposición mediática y una red política que rebasa las fronteras de Chihuahua. Por eso reducir la contienda a una simple medición de popularidad sería quedarse en la superficie.
La decisión nacional tendrá que resolver algo más complicado que escoger al puntero de una encuesta. Tendrá que determinar quién puede conservar unido a Morena después de la designación. Porque ganar la encuesta y perder al partido sería el peor de los negocios. La verdadera prueba comenzará el día siguiente del anuncio, cuando uno de los dos tenga que explicar a sus seguidores por qué debe apoyar al otro.
El dinero es el flanco más delicado
Hay otro elemento que puede alterar completamente el tablero: el dinero. Tanto Andrea Chávez como Cruz Pérez Cuéllar han desarrollado durante meses actividades políticas de enorme exposición, recorridos, promoción y construcción territorial. En el caso de Andrea existen investigaciones periodísticas que documentaron, entre otros aspectos, el uso de unidades médicas proporcionadas por el empresario Fernando Padilla Farfán y su relación con actividades de promoción política. Eso constituye por sí mismo una prueba de financiamiento ilegal, y deja abierta una pregunta política y financiera que no desaparece con un comunicado. “Los amigos de Cruz”, tienen mucho que explicar sobre origen de millones de pesos de dudoso origen.
El asunto adquirió una dimensión mayor cuando el PRI de Chihuahua anunció que solicitaría al SAT y a la UIF investigar el financiamiento de las actividades de ambos aspirantes. Pero precisamente ahí puede estar uno de los puntos más vulnerables de Morena. En una elección que probablemente será extremadamente competida, cualquier explicación insuficiente sobre el origen, destino, contratantes, proveedores y beneficiarios de cantidades millonarias puede convertirse en munición electoral. El problema no es solamente cuánto se gastó. El verdadero problema político es quién puso el dinero, mediante qué empresas o particulares, bajo qué contratos y con qué finalidad.
Cruz o Andrea
Si Morena se inclina por Cruz, el partido apostaría por territorio, experiencia electoral y una estructura con especial peso en Ciudad Juárez. Pero Cruz tendría que cargar con el costo de una trayectoria política controvertida y con los ataques que ya se han acumulado en su contra desde dentro y fuera de Morena. El propio conflicto interno ha mostrado que una parte del morenismo no está dispuesta a entregar la candidatura sin resistencia.
Si la decisión favorece a Andrea, Morena apostaría por una candidatura más joven, con mayor proyección nacional y con capacidad para convertir la elección de Chihuahua en un asunto de relevancia nacional. Pero también tendría un problema inmediato: demostrar que su candidatura no representa la victoria de un grupo sobre otro. La resistencia de Cruz no desaparecería por decreto y la estructura juarense tendría que ser incorporada, no simplemente ignorada.
Existe un tercer escenario: el acuerdo. Morena podría terminar construyendo una salida negociada en la que la candidatura gubernamental sea acompañada por compromisos concretos para el grupo que pierda. Ese escenario permitiría evitar una fractura, pero exigiría una operación política de alto nivel. Y mientras más dinero, territorio y expectativas haya acumulado cada aspirante, más caro será el acuerdo.
El peor escenario para Morena es el cuarto: la ruptura. Una candidatura formalmente unificada pero con dos campañas paralelas, grupos enfrentados y operadores trabajando en sentidos diferentes podría convertir la elección en una competencia mucho más cerrada de lo que actualmente parece.
Bonilla juega con el reloj
En el otro lado del tablero, el escenario opositor se está simplificando. El PAN ya explora formalmente una alianza con el PRI y Bonilla ha reconocido públicamente su disposición a encabezarla. Dirigentes priistas han hablado de la necesidad de construir un frente capaz de competir contra Morena y distintas figuras del PRI han expresado respaldo a la posibilidad de caminar con el alcalde de Chihuahua.
Por eso la alianza PAN-PRI debe analizarse menos como una discusión sobre si ocurrirá y más como una negociación sobre cuánto costará. La gubernatura parece encaminada a quedar en manos de Bonilla; la verdadera negociación estará en las candidaturas al Congreso, las alcaldías y los espacios de poder que el PRI exigirá a cambio de poner su estructura electoral al servicio del proyecto panista.
Bonilla tiene, además, una ventaja que no es menor: el tiempo. Mientras Morena podría esperar hasta diciembre para resolver, el alcalde puede seguir construyendo la imagen de candidato, fortaleciendo relaciones dentro del PAN y negociando con el PRI desde una posición relativamente cómoda. La oposición no necesita inventar un candidato; ya tiene uno alrededor del cual puede comenzar a ordenar la campaña.
Juárez será la aduana electoral
Y ahí aparece Ciudad Juárez. Morena mantiene una posición fuerte en la frontera y eso convierte a la ciudad en el principal obstáculo para cualquier proyecto opositor. Los estudios recientes siguen colocando a Morena con una ventaja considerable en las preferencias partidistas de Juárez. Eso significa que Bonilla no puede ganar Chihuahua solamente desde la capital ni con la suma automática del voto panista y priista. Necesita reducir la distancia en la frontera.
La paradoja es evidente: si Morena elige a Cruz, coloca a su principal estructura territorial precisamente en la ciudad que necesita defender; si elige a Andrea, tendrá que conseguir que la fuerza de Cruz permanezca dentro del proyecto y no se convierta en una corriente electoralmente independiente. Para Bonilla, cualquiera de las dos decisiones tiene ventajas y riesgos.
Por eso Chihuahua 2027 comienza a dibujarse como una elección de tiempos distintos. Morena tiene el calendario y puede retrasar la decisión hasta diciembre. Bonilla tiene el nombre y puede aprovechar cada día de indefinición morenista. Morena tiene una marca electoral más fuerte, pero enfrenta una pelea interna. PAN y PRI tienen una marca más desgastada, pero avanzan hacia una candidatura que ya parece políticamente resuelta.
Al final, la elección puede terminar dependiendo de una paradoja: Morena tiene más posibilidades de ganar si logra resolver rápido una candidatura que formalmente puede anunciar hasta diciembre; la oposición tiene más posibilidades de competir si logra convertir antes de diciembre una candidatura que todavía necesita formalizarse. Y en medio de esa carrera está el dinero. Porque si las campañas de Andrea y Cruz terminan sometidas a una revisión seria sobre el origen y destino de los recursos utilizados, el problema dejará de ser quién tiene más estructura o quién aparece mejor en las encuestas. Entonces la elección podría empezar a jugarse en otro terreno, mucho más incómodo para todos…el origen de los dineros gastados con prodigalidad por los morenistas.
