¿Cheque en blanco para Maru?
La gobernadora María Eugenia Campos quiere tener más margen para vender terrenos estatales destinados al desarrollo industrial. Morena ve en esa propuesta una peligrosa concentración de poder. La discusión no es menor: se trata de decidir quién vigila el patrimonio de Chihuahua y quién asume la responsabilidad cuando una propiedad pública cambia de manos.
El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, puso el dedo en la llaga al retar a los diputados del PAN a explicar por qué estarían dispuestos a renunciar a una de las facultades esenciales del Poder Legislativo: autorizar la enajenación de bienes del estado.
La iniciativa pretende modificar el artículo 46 de la Ley de Bienes del Estado para permitir que la gobernadora autorice la venta de inmuebles considerados necesarios para impulsar la actividad industrial, sin someter cada operación al aval del Pleno. El argumento es agilizar los procedimientos. El problema es que, en nombre de la rapidez, se pretende reducir los controles sobre decisiones que pueden involucrar propiedades de enorme valor.
Y ahí comienza el verdadero debate. Una cosa es facilitar la llegada de inversiones y otra muy distinta convertir la venta de terrenos públicos en una decisión prácticamente exclusiva del Ejecutivo. Si los bienes pertenecen a todos los chihuahuenses, ¿por qué habría de estorbar la revisión de sus representantes?
Estrada Sotelo advirtió que los diputados que respalden la reforma estarían aceptando perder su papel como vigilantes del patrimonio estatal. Su planteamiento apunta directamente al PAN, que deberá explicar si considera que la palabra de la gobernadora es suficiente garantía para disponer de terrenos que pueden valer cientos de millones de pesos.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿por qué tanta prisa por retirar al Congreso de estas operaciones? Si las ventas son transparentes, los precios son justos y las inversiones benefician a Chihuahua, la supervisión legislativa no tendría por qué convertirse en un obstáculo. Al contrario, serviría para dar certeza a las transacciones y evitar sospechas.
El coordinador morenista también puso sobre la mesa un asunto fundamental: la competencia entre compradores. Los terrenos estatales deberían ofrecerse mediante convocatorias públicas que permitan comparar propuestas y obtener las mejores condiciones para el erario. Vender sin garantizar competencia suficiente puede significar perder dinero público, incluso cuando la operación se presente como una oportunidad de desarrollo.
Estrada Sotelo aseguró que, en el seguimiento de algunas operaciones, ha encontrado indicios de terrenos vendidos por debajo de su valor comercial. Reconoció, sin embargo, que todavía no tenía a la mano el listado completo ni las cantidades correspondientes. Esa precisión importa: las sospechas deben convertirse en datos verificables, operaciones identificadas y precios comparables. Si existen ventas desfavorables para el estado, hay que exhibirlas con documentos, no solamente con declaraciones.
Morena ya había solicitado información sobre los inmuebles del Gobierno estatal en julio y recibió una respuesta en agosto. Ese antecedente vuelve indispensable conocer qué propiedades integran las reservas territoriales, cuáles están destinadas a proyectos industriales y qué criterios se utilizan para fijar sus precios.
La cuestión de fondo rebasa el enfrentamiento entre Morena y el PAN. El desarrollo industrial necesita terrenos, inversiones y trámites eficientes, pero también reglas claras. La inversión privada no exige que el gobierno renuncie a la transparencia ni que el Congreso se convierta en espectador.
Si el PAN respalda la reforma, tendrá que explicar por qué considera conveniente concentrar esa facultad en Maru Campos. Y si Morena denuncia un riesgo para el patrimonio público, deberá presentar las operaciones que sustenten sus señalamientos.
Porque los terrenos son del estado, no del gobierno en turno. La gobernadora puede promover inversiones, pero eso no significa que deba disponer del patrimonio estatal sin controles suficientes. Agilizar las ventas puede ser una política económica; entregar un cheque en blanco sería otra cosa.
El riesgo de concentrar el poder
Lo que se pretende con la venta de terrenos estatales recuerda lo ocurrido en el INE bajo la presidencia de Guadalupe Taddei: cuando las decisiones que requieren deliberación, contrapesos y responsabilidad colegiada se concentran en una conducción política, los controles se debilitan y la confianza pública paga las consecuencias.
El problema no es solamente quién toma la decisión, sino quién vigila a quien decide. En el INE, las controversias sobre decisiones electorales golpearon la credibilidad de la institución; en Chihuahua, retirar al Congreso la autorización para vender bienes públicos abriría la puerta a un poder ejecutivo con menos vigilancia. La lección es sencilla: concentrar facultades agiliza decisiones, pero también reduce los frenos al abuso e incrementa las posibilidades de corrupción y malos manejos.
El PAN deja solo a Jáuregui
La defensa pública de César Jáuregui Moreno que hicieron los regidores panistas Isaac Díaz y Félix Martínez en el Cabildo de Chihuahua tiene un destinatario que va más allá de las autoridades judiciales: la propia dirigencia de Acción Nacional, que ha respondido con tibieza mientras Maru Campos sostiene una posición que compromete políticamente a uno de sus antiguos colaboradores más cercanos.
Los dos regidores ya habían dejado clara su interpretación del caso: consideran que detrás de la persecución contra el exfiscal existe una operación política para sacarlo de la contienda por la alcaldía de Chihuahua y despejar el camino a Santiago de la Peña, el aspirante impulsado desde Palacio de Gobierno.
Su llamado a cerrar filas en defensa de Jáuregui no es, por tanto, una simple exigencia de respeto al debido proceso. Es también un reclamo a un panismo que observa cómo uno de sus cuadros más importantes enfrenta acusaciones de enorme gravedad, sin que sus principales dirigentes asuman una defensa política firme.
Los aludidos son Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, y Jorge Romero, dirigente nacional. Ninguno ha convertido la defensa de Jáuregui en una causa partidista de primer orden. Su cautela contrasta con la contundencia de los regidores y alimenta la percepción de que las dirigencias prefieren no confrontarse con la gobernadora.
El cálculo es evidente: defender abiertamente a Jáuregui significa cuestionar la actuación de Maru Campos; guardar silencio permite mantener la disciplina frente al poder estatal, aunque el costo sea dejar desprotegido a un militante que durante años formó parte del círculo de confianza de la mandataria.
El problema para el PAN es que la gobernadora no se ha limitado a tomar distancia de su antiguo colaborador. En declaraciones a la prensa nacional, se han expuesto señalamientos sobre corrupción, presuntos prestanombres y casinos relacionados con el caso, además de referirse a los desencuentros políticos que mantuvo con Jáuregui antes de su detención.
Según la propia versión de Maru, le pidió hasta en ocho ocasiones que se bajara de la contienda por la alcaldía de Chihuahua. Jáuregui se negó y, de acuerdo con el relato de la gobernadora, respondió con soberbia y decidió seguir su propio camino.
Ese antecedente cambia la lectura política del expediente. La disputa no surgió en el vacío: existía una confrontación por la candidatura municipal y una diferencia entre los intereses de Palacio y las aspiraciones del exfiscal. La detención de Jáuregui terminó por sacarlo de la competencia, con un beneficio inmediato para quienes buscaban despejar el camino a Santiago de la Peña.
A ello se suma la reunión privada que Maru sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en el aeropuerto de Ciudad Juárez y el encuentro posterior con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. En ese contexto se ubican los señalamientos que la gobernadora habría planteado sobre el caso. La secuencia merece escrutinio, sobre todo porque la discusión pública ha mezclado acusaciones penales, diferencias políticas y versiones contradictorias sobre el conocimiento previo de las investigaciones.
No basta, sin embargo, con la coincidencia entre el conflicto por la candidatura y la posterior detención para dar por demostrada una operación política. Esa es la hipótesis que sostienen los regidores y que tendría que respaldarse con elementos verificables. Pero tampoco resulta razonable ignorar el antecedente político y presentar el caso como si se tratara de un asunto aislado de la disputa por el poder.
La pregunta incómoda es por qué Daniela Álvarez y Jorge Romero han sido tan cautelosos. Si el PAN reclama respeto a sus principios, debería exigir que las acusaciones se acrediten ante los tribunales y que ninguna diferencia política determine el destino de una persona. Eso no significa declarar inocente a Jáuregui ni impedir las investigaciones. Significa evitar que el partido convierta la conveniencia política en criterio de justicia.
Isaac Díaz y Félix Martínez pusieron el dedo en la llaga al advertir que guardar silencio no es una opción. Su reclamo también exhibe una fractura interna: mientras dos regidores exigen una defensa institucional, las dirigencias parecen más preocupadas por no incomodar a la gobernadora que por fijar una posición propia.
El fondo del conflicto es todavía más delicado. Si Maru Campos utilizó su posición para favorecer a Santiago de la Peña y apartar a Jáuregui de la contienda, la candidatura municipal habría terminado mezclada con un expediente penal de consecuencias devastadoras. Si no fue así, corresponde explicar con claridad por qué la disputa política precedió a una investigación que hoy amenaza con sepultar la carrera del exfiscal.
En cualquiera de los dos escenarios, el PAN tiene una responsabilidad. No puede exigir lealtad a sus militantes y, al mismo tiempo, refugiarse en el silencio cuando uno de ellos enfrenta un caso que sacude al gobierno surgido de sus propias filas.
La tibieza de sus dirigentes puede servir para evitar un choque inmediato con Maru Campos. Pero también deja una señal difícil de borrar: en Acción Nacional, la defensa de los principios parece tener límites cuando entra en conflicto con los intereses de Palacio.
Santiago: “más puesto que un calcetín”
Santiago de la Peña no da por perdida la candidatura del PAN a la Alcaldía de Chihuahua para 2027. Frente a los rumores de que habría sido descartado, el secretario general de Gobierno reafirmó su intención de competir: “La aspiración ahí está y yo más puesto que un calcetín”.
Su declaración busca dejar claro que sigue en la jugada. No necesita que los rumores desaparezcan, sino que su nombre permanezca en la mesa mientras se define el método de selección panista.
La posibilidad de que De la Peña sea el candidato sigue abierta. Su cercanía con Maru Campos le proporciona una vía de respaldo político que no depende necesariamente de que todos los grupos del PAN estén de acuerdo. Si la gobernadora decide mantenerlo como su apuesta, la resistencia interna podría convertirse en un costo de la decisión, pero no necesariamente en un obstáculo definitivo.
Ahí está el fondo del asunto. La discusión no se limita a determinar si Santiago tiene simpatías suficientes entre los panistas, sino a establecer cuánto pesa la decisión de Palacio en la definición de la candidatura. Una cosa es la competencia interna y otra, muy distinta, la capacidad de los grupos gobernantes para orientar el resultado.
Por eso, la eventual fractura del PAN no debe leerse automáticamente como una sentencia contra De la Peña. Si su candidatura avanza, la inconformidad podría trasladarse a la integración del equipo, la movilización electoral y la operación política. El partido tendría que resolver entonces cómo evitar que la disputa por la candidatura termine condicionando la campaña.
Por ahora, Santiago espera la convocatoria y mantiene públicamente su aspiración. No está descartado, pero tampoco tiene la candidatura asegurada. Lo que sí queda claro es que no piensa retirarse por rumores.
La pregunta ya no es si está dispuesto a competir. Es si Maru Campos mantendrá su respaldo y si el PAN terminará procesando esa decisión mediante un acuerdo interno o tendrá que asumir el costo de una candidatura que no consiga el consenso de todos sus grupos.
