Septiembre es el mes de la patria, pero también puede ser un buen mes para revisar la memoria política de Chihuahua y recordar episodios que quedaron marcados por la sospecha, las preguntas sin respuesta y el contraste entre el discurso público y los hechos.
Este septiembre vuelve a cobrar relevancia una historia que Proceso hizo pública en agosto de 2024: la llamada “lluvia de dinero” de Cinthia Aideé Chavira Gamboa, esposa de Javier Corral. No se trata de una leyenda urbana ni de un rumor de redes sociales. Proceso reportó, con base en documentos financieros, que entre julio y septiembre de 2002 Chavira recibió durante 18 días depósitos que rondaban 1.3 millones de pesos cada uno. El total registrado fue de 23 millones 49 mil 328 pesos con 61 centavos.
El dato adquiere una dimensión política mayor porque en aquel momento Javier Corral era senador de la República y todavía faltaban 14 años para que llegara a la gubernatura de Chihuahua. La pregunta, por tanto, no es menor: ¿cuál era el origen y el concepto de aquellos depósitos millonarios?
La información publicada por Proceso tampoco puede separarse de otro dato: cuando Corral fue gobernador, en su declaración patrimonial se asentó que su esposa no tenía participación accionaria en sociedades, no recibía donativos y que su ingreso neto anual era de cero pesos.
Ahí está el punto político que permanece vigente: no se puede convertir una operación bancaria en una sentencia de corrupción sin una resolución judicial que así lo determine, pero tampoco se puede pedir que 23 millones de pesos ingresados en 18 días sean tratados como una anécdota irrelevante.
Y hay más.
Los documentos difundidos por Proceso también reportaron que en 2017, ya durante el gobierno de Corral, Cinthia Chavira recibió 15 depósitos de un millón 196 mil 847 pesos con 59 centavos cada uno, además de otras operaciones. El mismo reporte consignó pagos de nómina y movimientos relacionados con fondos de inversión.
Es decir, la discusión sobre el patrimonio familiar de Corral no comenzó con las acusaciones recientes contra su administración. Tiene una historia mucho más larga y, precisamente por eso, merece ser revisada con documentos y no con discursos.
El patrimonio inmobiliario que se le atribuye, valuado en más de 80 millones de pesos y distribuido en cuando menos 14 propiedades en seis ciudades del país, agrega otra interrogante al debate. Ese dato requiere, para presentarlo como hecho incontrovertible, cotejar escrituras, valores de adquisición, avalúos y fechas de compra; pero políticamente resulta imposible ignorar la pregunta sobre cómo evolucionó el patrimonio de quien durante años construyó su imagen alrededor de la austeridad y el combate a la corrupción.
Y aquí aparece la paradoja de Javier Corral.
El hombre que llegó al Palacio de Gobierno en 2016 convertido en el gran fiscal político del duartismo terminó su administración dejando una percepción pública muy distinta. Su gobierno tuvo como principal bandera la Operación Justicia para Chihuahua, pero en materia de resultados administrativos sus logros fueron mucho más modestos que la dimensión de su discurso. Actualmente enfrenta, además, una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de 2019 por 98.6 millones de pesos para el refinanciamiento de deuda; Corral sostiene que se trata de una persecución política y niega las acusaciones.
En Ciudad Juárez quedó quizá el mejor ejemplo de esa contradicción.
Corral inauguró en septiembre de 2021, prácticamente al terminar su administración, la Biblioteca Regional “Miguel Ángel Granados Chapa”, en el antiguo edificio de Correos, con una inversión reportada de 30 millones de pesos.
También inauguró en julio de 2021 la ampliación y remodelación del BRT-1, con una inversión de 287.5 millones de pesos. Pero el sistema de transporte dejó problemas que obligaron a la administración de Maru Campos a revisar, modificar y corregir proyectos heredados. En enero de 2022, por ejemplo, el Gobierno estatal estimaba hasta 150 millones de pesos para corregir el “tiradero de obras” de la administración anterior en Juárez.
Ese es el verdadero problema del legado corralista: muchas inauguraciones, pero demasiadas obras con problemas de funcionamiento, planeación o continuidad.
Por eso, en este septiembre patrio, conviene recordar aquella lluvia de dinero. No para dictar desde una columna una sentencia que corresponde a los tribunales, sino para colocar nuevamente sobre la mesa una pregunta que sigue sin una explicación pública suficientemente convincente: ¿de dónde salieron aquellos 23 millones de pesos?
Veinticuatro años después de aquellos movimientos financieros, la pregunta sigue siendo incómoda. Y quizá por eso mismo sigue siendo necesaria.
