El masivo acto de respaldo político a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, celebrado en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la capital del estado, trascendió la estructura de un mitin de partido para convertirse en el banderazo de salida de una contraofensiva de la oposición hacia el gobierno federal. El encuentro, que congregó a unas 14 mil personas según cifras oficiales y 10 mil según observadores independiente, operó bajo una lógica de bloques de poder donde la cúpula del Partido Acción Nacional buscó reconfigurar el tablero de cara a los comicios locales de 2027, utilizando la crisis institucional derivada del desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara como el catalizador de una narrativa de persecución política.
El discurso de la mandataria chihuahuense rompió los formalismos de la diplomacia institucional para ubicar la confrontación en el terreno de la supervivencia democrática y embestir de manera directa a Palacio Nacional. Al aludir a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la crisis institucional que sacude al estado vecino por las entregas voluntarias de exfuncionarios, la gobernadora chihuahuense fue implacable. Es una insolencia que Morena (la presidenta) nos pida pruebas, pruebas y más pruebas sobre el caso de Rubén Rocha Moya y Sinaloa, cuando la terca realidad ya desnudó por completo la simulación y el encubrimiento del gobierno federal, sentenció de manera tajante la mandataria estatal.
Campos Galván continuó su argumentación señalando que la retórica oficial busca ignorar el colapso institucional en el Pacífico. Morena no solamente ha hecho un mal gobierno, ha construido un totalitarismo para ostentar todo el poder y luego, entregarlo al crimen organizado. Lo que han construido en esos años es un narcogobierno, apuntó, añadiendo que hoy Sinaloa es el rostro de lo que viene para México si es que nadie detiene ese modelo, es el destino de un país que normaliza la narcopolítica. Bajo esta tónica, la mandataria ligó su propia situación jurídica —el amago de juicio político por la supuesta intervención de agentes de la CIA— con una estrategia de intimidación selectiva. Un día comenzó la mañanera con una acusación grave y falsa: traición a la patria, y en ese momento confirmé, que, si una Gobernadora electa puede ser violentada en su presunción de inocencia y perseguida, entonces nadie está seguro, recordó.
El despliegue de las figuras nacionales del panismo aportó el andamiaje ideológico e histórico para cobijar a la gobernadora. El dirigente nacional del partido, Jorge Romero, elevó la apuesta al advertir a la federación que el partido asumirá las consecuencias de frenar los procedimientos legislativos y judiciales en curso. Sabemos que ya iniciaron su persecución política y a ellos también les decimos, que, si se meten contigo, Maru, se meten con todas y todos nosotros; te habremos de defender hasta donde tope, enfatizó el líder del blanquiazul, buscando desactivar cualquier intento de aislamiento político.
Por su parte, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa reapareció para dotar de legitimidad técnica al operativo fronterizo cuestionado, contrastando el ejercicio de la fuerza pública local con la inacción de la federación. Calderón aseguró que la soberanía no se defiende con discursos y videos en las mañanas, sino con la fuerza del Estado, arremetiendo contra el modelo de seguridad del partido oficialista. Maru, tú lo has hecho con valentía, has protegido a las familias y digan lo que digan, eso es lo correcto, porque una de dos, o el Estado protege a los ciudadanos o está con los delincuentes, no hay de otra. Lo que México necesita son gobernantes que cumplan con su deber, lo que México exige son más Maru Campos y menos Rocha Moya, aseveró el exmandatario federal.
En concordancia, el expresidente Vicente Fox Quesada apeló a la memoria histórica del estado como cuna de alternancias para trazar la ruta hacia la sucesión gubernamental de 2027, señalando que la demagogia y el populismo están pasando a la historia porque la gente se da cuenta de que aquellos que en el poder han traicionado todo lo que prometieron en sus campañas. El cierre del bloque oratorio corrió a cargo de la propia Campos Galván, quien selló el encuentro con una sentencia que pretende fijar el tono de la disputa nacional desde la frontera norte: México va a recordar siempre que el final del régimen de Morena empezó en Chihuahua, concluyó la gobernadora, definiendo la coyuntura actual no como un litigio procedimental, sino como una batalla abierta entre la supervivencia de los contrapesos locales o la asimilación definitiva ante el poder centralizado.
Piden a Maru no proteger a Cruz
El masivo acto de respaldo político a la gobernadora María Eugenia Campos Galván en la capital del estado se convirtió también en el escenario para visibilizar la parálisis institucional que impera en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua respecto a las denuncias por presunta corrupción que pesan sobre el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Durante las movilizaciones y concentraciones en torno al evento, diversos contingentes de ciudadanos y activistas fronterizos se hicieron presentes con mantas y consignas dirigidas explícitamente a la mandataria estatal, condicionando el apoyo político regional a una verdadera aplicación de la justicia en la frontera.
“Te apoyo Maru si haces que procedan las demandas de Cruz Pérez Cuéllar”, dictaba una de las lonas principales exhibidas por manifestantes a las afueras del recinto. Esta exigencia pública pone el dedo en la llaga sobre el estatus jurídico de las 13 carpetas de investigación vigentes contra el edil juarense en la Fiscalía Anticorrupción, de las cuales al menos 10 se encuentran actualmente congeladas o en un estado de inacción procesal deliberada. Este estancamiento institucional valida las denuncias de activistas como Jesús Saláis, quienes sostienen que existe un pacto de impunidad o un congelamiento estratégico coordinado por el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, bajo la complacencia del Ejecutivo estatal.
La reactivación de este reclamo en un evento de corte estrictamente panista evidencia la profunda contradicción discursiva del bloque oficial local. Mientras la cúpula partidista centra su retórica en el combate frontal al crimen y la exigencia de legalidad frente a la federación, en el plano doméstico administra los expedientes de corrupción como fichas de negociación política. Mantener vivas pero inactivas las carpetas contra Pérez Cuéllar funciona como un mecanismo de presión velada para garantizar la gobernabilidad y la neutralidad de la plaza fronteriza, dosificando la acción de la justicia según los tiempos electorales y los intereses de las cúpulas.
La presión social ejercida mediante estas manifestaciones busca romper la burbuja de control de daños del gobierno estatal. Al condicionar el respaldo a la gobernadora a cambio de que la fiscalía proceda legalmente contra el alcalde de Juárez, la ciudadanía organizada expone que la complicidad por omisión debilita la legitimidad del frente opositor. El mensaje de la calle es unívoco: no se puede articular una defensa creíble de la soberanía y las instituciones si, al mismo tiempo, los órganos de fiscalización locales operan como instrumentos de simulación para proteger a actores políticos convenientes.
La degradación del Cabildo de Juárez
El ejercicio de la gobernanza local en Ciudad Juárez atraviesa por un proceso de precarización deliberada que ha transformado al Ayuntamiento, originalmente concebido como un cuerpo colegiado y deliberativo, en un mero apéndice ratificador de las decisiones de Cruz Pérez Cuéllar. Esta erosión institucional se manifiesta con claridad al contrastar la dinámica de las sesiones actuales con las registradas en 2019, donde los indicadores cuantitativos, como la drástica reducción en los tiempos de debate y la falta de discusión real, desnudan la pérdida de la función fiscalizadora de los ediles.
La simulación opera de manera sistemática en las comisiones edilicias. Para eludir el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento, que mandata sesionar un mínimo de dos veces al mes, los regidores han implementado la práctica de programar y celebrar dos sesiones de la misma comisión de forma consecutiva el mismo día. Esta artimaña legalista vacía de contenido la agenda mínima y convierte las reuniones de trabajo en trámites burocráticos desprovistos de un análisis técnico profundo. A la par, los mecanismos de contrapeso y control interno, tales como la Sindicatura, el Órgano Interno de Control, la Coordinación de Transparencia y el propio Comité de Transparencia, han sufrido una captura paulatina que neutraliza su capacidad de auditoría. Sobre la Sindicatura en manos de la morenista Ana Estrada, lo menos que se puede decir es que sólo exhibe abulia.
Esta lógica de cooptación ha alcanzado a los instrumentos de democracia directa. El presupuesto participativo ha dejado de ser una herramienta de formación ciudadana para replicar las prácticas clientelares tradicionales, sirviendo como un fondo adicional para financiar infraestructura de movilidad privada o para movilizar estructuras corporativas. Asimismo, la participación social se ha bloqueado mediante la disolución, reconstitución o vaciamiento de los consejos ciudadanos.
El desdén por el pulso comunitario quedó de manifiesto en la audiencia pública de noviembre de 2025 para abordar el presupuesto de egresos 2026, celebrada cuando el gobierno local ni siquiera había formulado el proyecto correspondiente para su análisis. De igual forma, en la audiencia de marzo de 2026 respecto a la reforma para la elección directa de regidores, el único regidor del PAN optó por el ausentismo pese a impulsar la derogación del artículo transitorio de la ley electoral, dejando el espacio de interlocución exclusiva a la bancada de Morena. Este repliegue de las fuerzas políticas de oposición consolida un escenario donde el diálogo institucional ha sido suplantado por la simulación y la total opacidad gubernamental en la frontera.
