Maru, de turista en Londres
Hay narrativas oficiales que chocan de frente con la lógica económica básica. Escuchar que la gobernadora María Eugenia Campos Galván, conocida públicamente como Maru, viajó durante una semana a Inglaterra para convencer a multinacionales aeroespaciales de invertir millones de dólares en el estado es una versión insostenible. Ninguna corporación global define la apertura o expansión de una planta en una charla de pasillo durante una gira institucional. Esas decisiones toman meses de análisis sobre costos de energía, suministro de agua, logística y talento local. Pretender que los anuncios de inversión nacieron de la presencia de la mandataria en la Feria de Farnborough es reducir la gestión pública a un acto de propaganda.
La comitiva oficial enviada a Inglaterra —integrada por mandos de gabinete como Ulises Fernández de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, personal de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura a cargo de Fernando Álvarez Monje, además de escoltas y el equipo de cobertura mediática— movilizó a cerca de una decena de personas con cargo al presupuesto estatal. Entre boletos de avión en clase ejecutiva, hospedajes en hoteles de alta gama durante la semana de la feria y viáticos de representación, el costo estimado del viaje para el erario supera fácilmente el millón y medio de pesos.
Resulta más plausible suponer que la mandataria tenía intenciones de realizar una gira de representación en la capital británica, pasear frente al Palacio de Buckingham e intentar hacer parpadear a los guardias reales, que imaginar a los ejecutivos de la aviación mundial tomando decisiones multimillonarias al calor de una tasa de café. Mientras la comitiva regresa con fotos oficiales para alimentar las redes sociales, en Chihuahua las crisis urgentes de infraestructura y la escalada de violencia en la Sierra Tarahumara continúan esperando la misma atención que se le otorga a la agenda europea.
Guadalupe y Calvo: blindaje a la impunidad
El gobierno municipal de Guadalupe y Calvo atraviesa una coyuntura marcada por la ingobernabilidad, la opacidad y una desconexión institucional respecto a la crisis social que desgarra a la Sierra Tarahumara. La gestión de Ana Laura González Ábrego ha configurado un escenario donde la frivolidad política, las investigaciones por presunta corrupción y la contención a proyectos de seguridad pública conviven con un entorno azotado por homicidios, desplazamientos forzados e incursiones de grupos armados.
En el ámbito jurídico, el municipio enfrenta frentes de fiscalización formales. El Partido Revolucionario Institucional tramitó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el presunto delito de peculado, sumada a un procedimiento sancionador ante el Instituto Estatal Electoral. Ambas vías señalan el uso indebido de recursos públicos municipales mediante el programa alimentario Raíces que Alimentan, en cuyo material de empaque y difusión se estampó la imagen, nombre y cargo de la alcaldesa. El desvío de fondos destinados a la atención social hacia la construcción de marca personal configura una falta administrativa severa y un indicio penal de malversación en una de las zonas con mayores índices de marginación en el país.
A la par de estos señalamientos, el estilo de gobernanza local ha quedado expuesto por un comportamiento público volcado al entretenimiento en plataformas digitales y la difusión de eventos personales. La publicación de contenidos frívolos contrasta de manera drástica con la realidad violenta de la demarcación, que en lapsos de doce horas acumula seis ejecuciones en dos acciones diferentes, balaceras en brechas y episodios de desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas que abandonan sus hogares ante la ausencia de garantías mínimas de supervivencia.
El elemento más crítico de este mapa de contradicciones reside en la política de seguridad pública. La administración municipal ha mantenido una postura de resistencia frente a la consolidación del subcentro de la Plataforma Centinela de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Al rechazar la cesión del antiguo Cereso para la instalación de este complejo tecnológico de videovigilancia e inteligencia, el gobierno local traba la coordinación operativa en el corazón del Triángulo Dorado.
Frenar o entorpecer la llegada de infraestructura de monitoreo, arcos carreteros y presencia policial permanente en un territorio dominado por la delincuencia organizada no es una decisión administrativa neutra. En el análisis de la gobernanza regional, el rechazo sistemático a la vigilancia estatal, combinado con la omisión institucional y el presunto uso irregular del presupuesto, valida cualquier hipótesis sobre la convergencia de intereses oscuros dedicados a preservar áreas de impunidad operativa en la sierra.
Periodismo bajo fuego: la paradoja mexicana
Las cifras no mienten y retratan una gravedad sin precedentes. En México se contabilizan diecinueve periodistas asesinados en el ejercicio directo de su labor informativa durante los últimos dos años. Cuando se contrapone esta estadística con el escenario de un país en guerra abierta como Ucrania, la paradoja salta a la vista. En la contienda europea, organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras registran dieciséis comunicadores caídos en cumplimiento de su deber a lo largo de cuatro años de invasión. Es decir, en México se han registrado más ejecuciones contra la prensa en tan solo veinticuatro meses que las ocurridas durante cuatro años enteros dentro de un conflicto bélico internacional.
Analizar esta diferencia exige mirar la naturaleza del riesgo en ambos escenarios. En Ucrania las muertes se producen dentro de la lógica del combate militar. Ocurren por fuego de artillería, bombardeos o ataques con drones en la línea de frente. Quienes reportan desde ahí conocen el peligro de operar en un espacio de hostilidades abiertas entre dos ejércitos.
En México la violencia funciona de manera muy distinta. No existen trincheras ni fuego cruzado, sino una estructura de agresiones dirigidas contra comunicadores que investigan la corrupción municipal, el crimen organizado o la colusión de autoridades locales. El periodista mexicano no cae por hallarse en medio de una batalla; es buscado y ejecutado para silenciar su labor. La agresión es deliberada y se concentra en las regiones más alejadas de los grandes centros urbanos.
La impunidad permanente es el combustible de esta crisis. En un conflicto armado la muerte es consecuencia de las acciones bélicas. En México la violencia es producto de un sistema donde asesinar a un informador carece de consecuencias legales y políticas reales. Quien ordena un ataque sabe que la probabilidad de recibir un castigo es casi nula.
Esta cifra histórica confirma la gravedad de la situación nacional. México se consolida como el territorio más peligroso para ejercer el periodismo sin necesidad de declarar una guerra. La comparación demuestra que informar desde las provincias mexicanas implica una letalidad superior a la de cubrir un frente de batalla activo.
