En CDMX divisan a Bonilla
El mito de la aplanadora guinda suele resquebrajarse cuando el análisis abandona los escritorios de la Ciudad de México y se confronta con la realidad territorial. Rumbo a las elecciones estatales, la narrativa dominante comenzó a transformarse. Hace apenas un par de meses, analistas nacionales y demógrafos de peso como Roy Campos planteaban un mapa casi monolítico, donde anticipaban un saldo de 15 gubernaturas para Morena y apenas 2 para la oposición de las 17 en disputa. Sin embargo, en sus análisis más recientes la perspectiva ha cambiado de fondo: la lista de triunfos garantizados para el oficialismo se ha reducido y hoy se contabilizan al menos siete estados con pronóstico de contienda cerrada o con ventaja opositora.
El recuento de estas plazas disputables arranca precisamente por Chihuahua, seguido de entidades con dinámicas locales muy consolidadas como Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Michoacán, San Luis Potosí y Campeche. En estos territorios, el peso de las estructuras locales, las terceras fuerzas y los perfiles individuales han arrebatado a Morena la etiqueta de ganador predeterminado.
En la entidad chihuahuense, el factor determinante es el comportamiento dispar entre el valor de la marca y el del candidato. Mientras Acción Nacional arrastra el desgaste propio del ejercicio de gobierno, su figura principal, el alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza, logra una hazaña demoscópica clave: supera en intención de voto a las siglas de su propio partido. Este posicionamiento personal no sólo le permite absorber el déficit del PAN, sino que lo posiciona en los careos directos como el competidor más sólido, transformando la contienda en un escenario donde la oposición no solo se vuelve competitiva, sino que asume el rol de favorita.
En contraste, los aspirantes del oficialismo federal sufren el efecto inverso. En las filas de Morena, las cartas principales cargan con desgastes que erosionan la ventaja de la marca. Cruz Pérez Cuéllar cuenta con un amplio nivel de conocimiento y una estructura territorial en Ciudad Juárez, pero enfrenta una tasa de rechazo considerable derivada del escrutinio a su gestión municipal y su trayectoria política.
Por su parte, la senadora Andrea Chávez goza de gran arraigo y simpatía entre la base militante local, pero enfrenta un freno de orden superior: las reservas que genera en el grupo central de Palacio Nacional. Aquello que en su momento fue su motor de despegue —el apadrinamiento de Adán Augusto López— terminó distanciándola del entorno de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde donde se han enviado claras señales para contener los actos de proselitismo anticipado y el despliegue publicitario en la entidad. La resistencia hacia su aspiración no proviene del electorado guinda en Chihuahua, sino de la falta de visto bueno de la jefatura del Ejecutivo federal, un veto de origen que los analistas nacionales interpretan como una barrera determinante que la descarta para la candidatura efectiva.
Ante este panorama, Bonilla articula su ventaja en torno a un balance de opinión ampliamente favorable. Su estrategia enfocada en la infraestructura, la seguridad y los servicios urbanos le ha permitido construir una imagen sólida con un índice de negativos mínimo frente a sus rivales, blindando la capital y el corredor centro-sur como un bastión opositor al tiempo que capta el voto indeciso.
La paradoja es contundente. Si la elección fuera un referéndum puramente partidista, el oficialismo mantendría la delantera. Sin embargo, al poner rostros en la boleta, la dinámica cambia drásticamente. La tracción individual de Marco Bonilla contrarresta la inercia de la marca federal, demostrando que en el territorio, un candidato con saldo positivo y baja tasa de rechazo sigue estando por encima de los pronósticos centralistas.
A los amigos gracia, al enemigo la ley con rigor
La persecución del huachicol fiscal en México ha puesto al descubierto una pronunciada asimetría en la aplicación de la ley, donde la contundencia de las instituciones parece graduarse en función del origen partidista de los implicados. Mientras el erario público arrastra un boquete estimado en 600 mil millones de pesos derivado directamente de la red de contrabando de hidrocarburos que encabezó Sergio Carmona, el rigor penal y la exposición mediática operan a dos velocidades marcadamente distintas.
En la cúspide de las investigaciones que el poder central mantiene al margen de la acción judicial se encuentra la estructura construida por Carmona, conocido como el rey del huachicol, asesinado en San Pedro Garza García. El caso omiso institucional ignora que Carmona sostuvo en su momento una reunión en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador, propiciada por la intermediación del entonces vocero Jesús Ramírez Cuevas, así como las recurrentes vinculaciones de esta red con liderazgos de Morena, entre ellos Mario Delgado.
Bajo este mismo manto de inacción se mantiene la vertiente que apunta a las aduanas y a mandos de la Secretaría de Marina. La narrativa oficial pasa por alto los señalamientos de los sobrinos del almirante José Rafael Ojeda Durán —Manuel y Fernando Farías Laguna—, quienes apuntaron que su nivel jerárquico resultaba insuficiente para articular de forma aislada un fraude de 600 mil millones de pesos, una maniobra que por su escala operativa exigía la complicidad del sistema aduanero. Pese a que estas líneas de investigación salpican a figuras del entorno presidencial como Andrés Manuel López Beltrán, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha limitado a reiterar que no existen denuncias ni pruebas formales. Esta misma laxitud se refleja en el ámbito político, donde el exdirector de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, se proyecta como aspirante a la gubernatura de Campeche, omitiendo que un quebranto de tal magnitud no pudo concretarse sin la omisión o participación directa del órgano aduanero a su cargo.
El contraste en el criterio punitivo resulta más evidente al comparar casos con idéntica premisa jurídica pero diferente color político. Por un lado se encuentra el exsenador morenista Gerardo Novelo, en cuyo predio en Ensenada se aseguraron ocho millones de litros de hidrocarburo ilícito en mayo del año pasado. La defensa del legislador, basada en que se limitó a arrendar el inmueble sin conocer las actividades del inquilino, fue suficiente para mantenerlo al margen de cualquier imputación penal o aseguramiento de bienes.
Una suerte opuesta enfrentó el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel tras el hallazgo, en julio del año pasado, de 18 millones de litros de combustible en carro tanques en Coahuila. Aunque Ruffo alegó la misma condición de arrendador de las unidades de transporte a través de la empresa Ingemar, la respuesta gubernamental fue radicalmente opuesta. El exmandatario fue encarcelado y presentado en las conferencias matutinas como presunto líder de una organización de delincuencia organizada que habría causado un daño patrimonial de 4 mil millones de pesos, una cifra 150 veces menor que los 600 mil millones del esquema de Carmona. La narrativa oficial omitió además precisar que Ruffo detenta el 30 por ciento de las acciones de dicha compañía, mientras que el accionista mayoritario con el 51 por ciento, José Merino, ni siquiera ha sido mencionado en los reportes del gobierno.
Sea cual sea la responsabilidad penal que corresponda a cada actor, la disparidad en el despliegue ministerial deja al descubierto una instrumentalización política del aparato de justicia. El rigor implacable aplicado contra opositores por afectaciones acotadas contrasta de forma abierta con la parálisis institucional frente a las redes que saquearon cientos de miles de millones de pesos desde el corazón del propio aparato gubernamental.
La encrucijada de Sheinbaum
La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se ha transformado en un ejercicio geopolítico de alta tensión donde el gobierno mexicano enfrenta un cerco multidimensional. Las exigencias de la administración estadounidense no se limitan a la revisión comercial de rutina contemplada para este ciclo, sino que avanzan de forma explícita sobre la política de seguridad interior, el control institucional de la frontera y la administración de los recursos hídricos en el norte del país. Ante este escenario, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en un punto donde el margen de maniobra exige abandonar la confrontación retórica para adoptar un pragmatismo calculado.
La ofensiva desplegada desde Washington ha modificado el terreno de juego. En comparecencias recientes ante el Senado de Estados Unidos, mandos de agencias de inteligencia y del Pentágono han sostenido de manera recurrente que la logística criminal opera bajo la protección de estructuras políticas y militares en los tres niveles de gobierno. A este diagnóstico se suman las declaraciones del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien ha sido enfático al advertir que la agenda de seguridad y el cumplimiento de las cuotas del Tratado de Aguas de 1944 entran directamente a la mesa de negociación comercial. La imposición de una tarifa generalizada del 10 por ciento por parte de la administración de Donald Trump actúa como el garrote financiero diseñado para forzar concesiones bilaterales.
Esta tenaza de presión cruzada coloca a la presidenta ante una encrucijada estratégica: ceder de manera incondicional debilitaría la soberanía nacional y la postura política del Ejecutivo, mientras que la confrontación directa arriesga el pilar fundamental de la economía mexicana, responsable del dinamismo industrial y la atracción de inversiones por nearshoring.
El camino de menor costo para la presidenta no es la confrontación abierta ni la sumisión total. La estrategia óptima requiere ceder en la agenda técnica y aduanera —aceptando un endurecimiento en las reglas de origen de sectores clave, garantizando la trazabilidad estricta de insumos para evitar la triangulación de capitales asiáticos y acordando un ajuste paulatino en la entrega de aguas— para preservar lo vital: el libre acceso al mercado norteamericano a través del T-MEC.
Al mismo tiempo, la contención del embate estadounidense exige una postura de depuración proactiva en el ámbito interno. Iniciar investigaciones severas y remociones en los mandos locales, aduaneros y de seguridad señalados por colusión, antes de que Washington formalice solicitudes de extradición o acusaciones unilaterales, desarmaría la narrativa del gobierno estadounidense sobre la existencia de un entorno de impunidad. Ceder en la flexibilización de los aspectos técnicos del comercio y anticiparse en la limpieza de la casa constituye la única vía para neutralizar la injerencia extranjera, preservar la estabilidad económica y evitar que la política pública nacional termine dictándose desde el Capitolio.
