Washington intensifica su presión sobre el gobierno mexicano para que autorice operaciones conjuntas en territorio nacional con el objetivo de desmantelar laboratorios clandestinos de fentanilo, según múltiples funcionarios estadounidenses consultados.
La propuesta, que implica la participación directa de fuerzas especiales estadounidenses —ya sea del Ejército o de la CIA— junto a unidades mexicanas en redadas, representa una ampliación significativa del involucramiento militar de Estados Unidos en México, algo que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera consistente y categórica hasta el momento.
La petición, planteada inicialmente a principios de 2025 y luego prácticamente archivada, cobró nuevo impulso tras la sorpresiva captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Desde entonces, el tema ha escalado hasta los más altos niveles de la Casa Blanca.
Funcionarios estadounidenses consultados —que hablaron bajo condición de anonimato por la sensibilidad diplomática y militar del asunto— indicaron que la visión de la administración Trump es que fuerzas especiales norteamericanas acompañen y, en algunos casos, dirijan operativamente las acciones contra laboratorios, aportando inteligencia en tiempo real y toma de decisiones clave, mientras las fuerzas mexicanas ejecutarían las acciones en primera línea.
La presidenta Sheinbaum, tras sostener una conversación telefónica con Donald Trump el lunes 12 de enero, reiteró su posición: “Trump en general insiste en la participación de fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario”. La mandataria calificó el intercambio como receptivo, aunque sin avances sustantivos.
En contrapartida, México ha ofrecido ampliar el intercambio de inteligencia y permitir una mayor presencia estadounidense en los centros de mando conjuntos, esquema que ya opera en cierta medida con asesores de inteligencia y personal de las fuerzas especiales estadounidenses que han entrenado a unidades mexicanas.
La dificultad para detectar laboratorios de fentanilo —que operan con infraestructura mínima, en zonas urbanas y con escasa huella química detectable— explica en parte la insistencia estadounidense. A diferencia de los laboratorios de metanfetamina o cocaína, que requieren instalaciones mayores y emiten señales más claras, los de fentanilo son mucho más elusivos.
Desde el gobierno de Biden, y con mayor intensidad bajo Trump, la CIA ha incrementado vuelos secretos con drones sobre territorio mexicano para identificar laboratorios y rutas de precursores químicos que ingresan por puertos. Esa información se entrega actualmente a las fuerzas armadas mexicanas, que ejecutan las operaciones de forma unilateral.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló en un comunicado escueto que “está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y en cualquier lugar”, sin ofrecer mayores precisiones.
La propuesta choca frontalmente con la histórica sensibilidad mexicana respecto a la soberanía territorial —alimentada por intervenciones estadounidenses del siglo XIX y principios del XX— y con la legislación vigente, que incluye una reciente reforma constitucional que regula estrictamente la presencia de tropas extranjeras.
El tema también genera tensiones internas para Sheinbaum. Aceptar operaciones conjuntas podría fracturar la base política de Morena, mientras que un eventual ataque unilateral estadounidense pondría en riesgo su legitimidad y la cohesión del partido gobernante.
A pesar de la presión externa, el gobierno mexicano reporta resultados crecientes: destrucción de laboratorios y detenciones a ritmo cuatro veces superior al sexenio anterior, con despliegues masivos en Sinaloa y debilitamiento estructural del Cártel de Sinaloa, principal productor mundial de fentanilo.
La negociación continúa en un delicado equilibrio entre la exigencia estadounidense de resultados inmediatos y la línea roja mexicana de preservar la soberanía en materia de seguridad interior.
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