Ciudad de México.- Tanto la FISEL como el INE concluyeron que no se acreditaron delitos electorales ni irregularidades financieras. Sin embargo, el caso generó controversia por las acusaciones de impunidad y la percepción de que las instituciones no profundizaron lo suficiente en las investigaciones, especialmente ante la evidencia de los videos. La demanda civil contra Loret de Mola sigue siendo un punto de conflicto relacionado con este caso.
El caso de Pío López Obrador se refiere a una investigación iniciada en 2020 tras la difusión de videos por el periodista Carlos Loret de Mola en el portal Latinus, donde se observa a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, excoordinador de Protección Civil y operador político en Chiapas, en 2015. Estos videos levantaron sospechas de un posible financiamiento ilícito al partido Morena para campañas electorales entre 2015 y 2018.
En las grabaciones, David León entrega sobres con dinero a Pío, mencionando que los recursos eran para «apoyar el movimiento» de Morena en Chiapas. Según las acusaciones, este dinero podría haber sido usado para financiar campañas electorales de manera irregular. Pío reconoció haber recibido el dinero, pero afirmó que se trataba de «aportaciones» para gastos menores, como gasolina, y no para campañas electorales formales.
La FISEL investigó el caso por posibles delitos electorales. En octubre de 2022, determinó no ejercer acción penal contra Pío López Obrador ni David León, concluyendo que no había pruebas suficientes para demostrar un delito electoral. La fiscalía argumentó que los hechos denunciados no constituían un ilícito.
El INE también investigó el caso por posible financiamiento ilícito a Morena. Realizó diligencias exhaustivas, solicitando información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Morena, y otras entidades. Sin embargo, no se encontraron transferencias bancarias ni flujos financieros irregulares que demostraran un esquema de financiamiento paralelo.
En noviembre de 2020, la UIF concluyó su investigación financiera sobre Pío y David León, entregando la información al INE para que determinara si había responsabilidades administrativas. No se reportaron hallazgos de irregularidades financieras.
Pío López Obrador presentó demandas de amparo contra el cierre de la investigación de la FISEL, argumentando que no se habían realizado todas las diligencias solicitadas. Sin embargo, en enero de 2023, un juez desechó su amparo por considerarlo «notoriamente improcedente». Posteriormente, el caso fue revisado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, pero no prosperó.
El 21 de agosto de 2025, el INE cerró definitivamente el caso tras cinco años de investigación, concluyendo que no se pudo acreditar que el dinero recibido por Pío se usara para financiar campañas de Morena. La decisión se basó en la falta de pruebas concretas, como registros bancarios o vínculos financieros, que demostraran un ilícito. La FISEL ya había exonerado a Pío en 2022, y el INE coincidió en que no había elementos para sancionar a Morena, Pío López Obrador ni David León.
En 2022, Pío demandó a Carlos Loret de Mola por daño moral, exigiendo 200 millones de pesos por la difusión de los videos. En un careo en febrero de 2024, Pío reconoció la autenticidad de los videos, pero insistió en su inocencia. Loret afirmó que Pío no pudo desacreditar el contenido de las grabaciones. Este proceso civil sigue en curso, pero no está directamente relacionado con la investigación electoral cerrada por el INE.
Reacciones y críticas
El expresidente López Obrador negó cualquier intervención en la exoneración de su hermano y afirmó que los videos buscaban dañar su imagen. También señaló que no había corrupción y que los recursos eran aportaciones para el movimiento de Morena.
Partidos como el PAN y el PRI criticaron el cierre del caso, acusando impunidad y falta de transparencia. Algunos representantes, como Federico Doring (PAN), argumentaron que los videos eran evidencia clara de corrupción, pero la falta de cooperación de autoridades, como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, limitó la investigación.
La consejera Dania Ravel señaló que la investigación enfrentó obstáculos, como la falta de colaboración de otras instituciones, y cuestionó la imparcialidad de la FISEL, liderada por un fundador de Morena.
