Miami, Florida.-La prisión de Alligator Alcatraz, un centro de detención de migrantes ubicado en los Everglades, Florida, ha sido ordenada a cerrar por una juez federal debido a varias razones, principalmente relacionadas con violaciones ambientales y preocupaciones humanitarias.
La juez federal Kathleen M. Williams dictaminó que la construcción y operación del centro de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental de Estados Unidos. Este centro, ubicado en un antiguo aeródromo abandonado en la Reserva Nacional Big Cypress (declarada Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera por la UNESCO), está causando daños irreparables al frágil ecosistema de los Everglades. La instalación afecta a 36 especies endémicas amenazadas, como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos, y pone en riesgo el hábitat natural protegido. Organizaciones ambientalistas como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, junto con la tribu indígena Miccosukee, demandaron el cierre por estos motivos, argumentando que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental previa, como exige la ley.
Desde su apertura el 2 de julio de 2025, el centro ha enfrentado críticas por las condiciones deplorables en las que se mantiene a los migrantes detenidos. Abogados y activistas han denunciado falta de higiene, hacinamiento, jornadas sin acceso a luz solar, atención médica insuficiente y, en algunos casos, maltratos físicos por parte de los guardias. Estas condiciones han sido calificadas como «infrahumanas» por legisladores y organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que han presentado demandas separadas por violaciones a los derechos humanos de los detenidos. Además, se han reportado brotes de enfermedades respiratorias, posiblemente COVID-19, y una alta frecuencia de emergencias médicas, lo que ha generado presión para clausurar el centro.
El centro fue construido en solo ocho días bajo un estado de emergencia declarado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo que permitió evitar los procesos habituales de autorización y consulta pública. La jueza Williams señaló que las autoridades estatales y federales no cumplieron con los requisitos legales para la construcción, incluyendo la omisión de permisos ambientales. La orden judicial prohíbe cualquier expansión adicional (como nuevas carpas, edificios o cercas) y exige el desmantelamiento de las estructuras existentes, como vallas, iluminación industrial y sistemas de desechos, en un plazo de 60 días.
La prisión se encuentra en un área considerada sagrada por la tribu Miccosukee, que ha habitado la región durante generaciones. La construcción del centro, sin consultar a la tribu, ha sido vista como una afrenta a su patrimonio cultural y espiritual. La orden judicial incluye medidas específicas para retirar cercas y permitir el libre paso de los miembros de la tribu en la zona.
La prisión, promovida por el gobierno de Donald Trump y Ron DeSantis como parte de una política migratoria estricta, ha sido un símbolo controvertido de las deportaciones masivas. Aunque fue diseñada para albergar a migrantes indocumentados, muchos de los detenidos no tienen antecedentes penales, lo que ha generado críticas de que el centro se utiliza para criminalizar a los migrantes en general. Activistas, congresistas demócratas como Maxwell Frost y organizaciones de derechos humanos han exigido su cierre, argumentando que representa una «mancha moral» y una violación de los principios humanitarios.
A pesar de la orden de cierre, el gobierno de Florida, liderado por DeSantis, y el fiscal general James Uthmeier han cuestionado la legitimidad de la jueza Williams (nombrada por Barack Obama) y han anunciado que apelarán la decisión. Esto sugiere que la batalla judicial podría continuar, aunque la orden actual exige el cese de operaciones y el desmantelamiento del centro en un plazo de 60 días a partir del 21 de agosto de 2025.
El cierre de Alligator Alcatraz responde principalmente a la violación de leyes ambientales por su impacto en los Everglades, pero también está impulsado por denuncias de condiciones inhumanas, falta de permisos legales y la afectación a la tribu Miccosukee. La decisión de la jueza Kathleen Williams representa un revés para las políticas migratorias de Trump y DeSantis, aunque las apelaciones podrían prolongar el conflicto. Por ahora, las autoridades deben trasladar a los aproximadamente 336 migrantes que permanecen en el centro y desmantelar las instalaciones en el plazo establecido.
