El fiscal autónomo de Maru
La idea de crear una Fiscalía General autónoma en Chihuahua puede parecer, en principio, una buena reforma. Separar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, darle autonomía presupuestal, técnica y de gestión y evitar que el gobernador en turno tenga control directo sobre las investigaciones es, en términos institucionales, una medida defendible.
El problema aparece cuando se mira el momento político, la duración del cargo y, sobre todo, el nombre que comenzó a circular con insistencia para ocuparlo: Gilberto Loya.
La iniciativa presentada originalmente por PAN y Movimiento Ciudadano planteaba un fiscal autónomo por ocho años, con posibilidad de reelegirse por otro periodo. Es decir, hasta 16 años. La propuesta provocó cuestionamientos incluso dentro de las fuerzas que acompañaban la reforma. El PRI consideró excesiva la posibilidad de llegar a 16 años y también cuestionó que el perfil profesional del fiscal no quedara claramente ligado a la licenciatura en Derecho.
Aquí conviene hacer una precisión: la versión original sí contemplaba la reelección, pero el PAN anunció posteriormente que ésta sería retirada del dictamen para conseguir consensos. El dictamen aprobado en comisión establece actualmente ocho años sin reelección.
Eso cambia el escenario jurídico, pero no elimina la pregunta política.
Porque ocho años siguen siendo ocho años.
Y si la designación se realiza antes de que termine el gobierno de María Eugenia Campos, el fiscal permanecería durante prácticamente todo el gobierno que resulte de la elección de 2027 y todavía un año más, hasta 2034. La Jornada ha señalado precisamente el carácter transexenal de la propuesta.
El problema tiene nombre y apellido
Gilberto Loya es, oficialmente, ingeniero en Electromecánica por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Su carrera pública ha estado vinculada fundamentalmente con la seguridad pública, la policía, el análisis criminal y la administración en materia de seguridad. No aparece como abogado en la ficha curricular oficial del Gobierno del Estado.
Y aquí está uno de los puntos más delicados de la discusión.
Una Fiscalía General no es una Secretaría de Seguridad Pública con otro nombre. El fiscal encabeza al Ministerio Público, dirige la investigación y persecución de los delitos y tiene que moverse cotidianamente entre tipos penales, procedimientos, derechos humanos, litigación, control judicial, cadena de custodia y responsabilidades procesales.
Por eso la exigencia de que quien ocupe esa responsabilidad tenga formación jurídica no es un capricho partidista. El presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, sostuvo que quien aspire al cargo debe contar con licenciatura en Derecho precisamente por la naturaleza de las funciones de una Fiscalía.
Hay, además, una versión periodística según la cual Loya habría obtenido posteriormente una licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Penal y Amparo. Sin embargo, esa información no aparece en su ficha curricular oficial, que actualmente lo identifica como ingeniero en Electromecánica y enumera su formación en seguridad, administración y política pública. Por eso, mientras no exista documentación oficial que permita verificarlo, no debería darse por hecho que su formación jurídica está acreditada.
Y aquí es donde la política empieza a oler a pútrido.
La sombra de Loya
Desde agosto comenzó a circular insistentemente en los círculos políticos y periodísticos la versión de que Loya podría convertirse en el primer fiscal autónomo de Chihuahua. La versión cobró fuerza justamente después de que el secretario de Seguridad Pública anunció que no participaría en la contienda de 2027 y que permanecería con Maru Campos hasta el final de su administración.
La coincidencia resulta demasiado conveniente para no hacer preguntas. Loya deja la carrera por la gubernatura, permanece junto a la gobernadora hasta 2027 y, al mismo tiempo, aparece su nombre como posible titular de una institución que podría durar ocho años.
No es una acusación. Es una lectura política de los tiempos. Y la pregunta inevitable es si estamos ante una verdadera reforma institucional o ante una reforma institucional que podría terminar teniendo nombre y apellido.
Porque una Fiscalía autónoma debería ser autónoma del gobernador que la crea, pero también del grupo político que la impulsa.
Si la intención fuera simplemente fortalecer la procuración de justicia, lo lógico sería establecer reglas extremadamente claras, abrir la selección, garantizar perfiles jurídicos sólidos, transparentar las comparecencias y permitir que la persona elegida tenga legitimidad propia. No bastaría con cambiarle la etiqueta a la institución.
La paradoja de la autonomía
Aquí está la contradicción que Morena ha explotado políticamente y que el Congreso no puede ignorar. Una gobernadora que dejará el cargo en septiembre de 2027 estaría enviando una terna para elegir a un fiscal que, de acuerdo con la propuesta, permanecería hasta 2034.
Eso significa que Maru Campos podría terminar su gobierno, entregar el Poder Ejecutivo y dejar, sin embargo, a un funcionario con una posición institucional de enorme poder y permanencia durante prácticamente todo el siguiente sexenio. Y si originalmente se hubiera conservado la reelección, el horizonte habría podido llegar hasta 16 años. Ahí estaba la verdadera bomba política de la iniciativa.
No hay que exagerar diciendo que un esquema de ocho años sea inédito en México. No lo es: existen fiscalías estatales con periodos superiores a seis años y la propia Fiscalía General de la República tiene un periodo de nueve años. Un estudio comparativo de la legislación estatal registra, por ejemplo, siete años en varias entidades y nueve en Querétaro.
Lo verdaderamente extraordinario de la propuesta original de Chihuahua no es simplemente que fueran ocho años, sino la combinación de un cargo transexenal con la posibilidad de una segunda permanencia de otros ocho años. Y precisamente por eso la reelección terminó siendo retirada del dictamen.
¿Fiscal autónomo o fiscal de una administración?
Ésa es la pregunta que queda sobre la mesa. Si Gilberto Loya fuera finalmente el elegido, sus antecedentes como secretario de Seguridad Pública y hombre cercano a Maru Campos serían inevitablemente utilizados por sus críticos para cuestionar la autonomía real de la institución.
No porque ser cercano a una gobernadora descalifique automáticamente a una persona para ser fiscal. Eso sería absurdo. El problema es otro: cuando el nombramiento se produce al final de una administración, cuando el funcionario propuesto pertenece al círculo de confianza de la gobernadora y cuando su permanencia rebasa completamente el periodo de quien lo designa, la sociedad tiene derecho a preguntar si se está construyendo una institución autónoma o una garantía política para el futuro.
Y la pregunta adquiere todavía más fuerza porque la oficina que hoy ocupa Maru Campos podría ser ocupada en 2027 por Marco Bonilla, Andrea Chávez o Cruz Pérez Cuéllar, los tres nombres que actualmente aparecen con posibilidades reales en la sucesión.
¿Se imagina cualquiera de ellos llegando a Palacio de Gobierno y encontrándose con un fiscal colocado por el gobierno anterior, con ocho años de mandato y con autonomía constitucional? Ése es precisamente el punto.
Una Fiscalía verdaderamente autónoma no debe ser diseñada para proteger al gobierno que se va ni para condicionar al que viene. Debe ser diseñada para que ninguno pueda controlarla. Porque si la reforma termina dejando la impresión de que Maru Campos se va, pero deja a uno de sus más cercanos colaboradores durante ocho años en la Fiscalía, entonces el nombre de autonomía podría resultar jurídicamente correcto, pero políticamente engañoso.
Y ahí está la verdadera controversia de Chihuahua: no se trata solamente de crear una Fiscalía autónoma. Se trata de saber si se está creando una institución autónoma o el último gran espacio de poder de una gobernadora que está a punto de entregar la gubernatura.
El caso Jurado sacude al Poder Judicial
La detención del juez penal Manuel Jurado Torres dejó de ser solamente un expediente judicial para convertirse en un asunto de alto voltaje institucional. Jurado, juez del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, fue detenido el jueves por agentes de la Fiscalía Anticorrupción y este viernes enfrenta la audiencia inicial dentro de la causa penal 2412/2026. Permanece privado de la libertad mientras se define su situación jurídica.
La Fiscalía Anticorrupción lo acusa de prevaricación agravada, delito relacionado con la presunta utilización indebida de su función judicial para favorecer a una de las partes en un proceso. La acusación tiene como eje el caso de la maestra Edna Marilin Chávez Loya, quien murió atropellada presuntamente por su pareja el 2 de febrero de 2026. La Fiscalía había planteado el caso bajo la hipótesis de feminicidio, pero Jurado determinó posteriormente reclasificarlo como homicidio imprudencial.
Ahí comienza la parte políticamente explosiva. La Fiscalía sostiene que el juez habría utilizado su cargo para beneficiar al abogado defensor del acusado, con quien presuntamente mantenía una relación de amistad. Para la autoridad anticorrupción, no se trató simplemente de una interpretación jurídica controvertida, sino de una actuación deliberada que habría producido una ventaja procesal indebida. Jurado, por supuesto, mantiene el derecho a defenderse y su culpabilidad todavía no ha sido determinada.
Pero el expediente tiene una segunda batalla, quizá todavía más delicada: el fuero. Jurado había sido suspendido desde marzo por el Tribunal de Disciplina Judicial, precisamente a raíz de su actuación en el caso de Edna Chávez. La Fiscalía sostiene que esa suspensión permitió ejecutar la orden de aprehensión sin acudir previamente a un procedimiento de desafuero. La defensa cuestiona esa interpretación y sostiene que el juez conservaba la protección constitucional.
La detención ocurre, además, en un momento particularmente sensible para el Poder Judicial chihuahuense. El fiscal Abelardo Valenzuela reveló que existen 11 carpetas de investigación contra jueces y dos magistrados por posibles actos de corrupción, y advirtió que el caso Jurado podría ser solamente el primero de una serie de acciones.
Por eso el asunto trasciende a Manuel Jurado. La verdadera prueba será determinar si Chihuahua está frente a una operación seria para depurar su Poder Judicial o ante un conflicto institucional donde las fronteras entre justicia, disciplina y poder comienzan a mezclarse. La audiencia de Jurado puede convertirse en el primer gran caso de la nueva etapa judicial del estado.
