Washington, D.C.- La administración de Estados Unidos elevó a 21 el número total de organizaciones criminales en América Latina y el Caribe fichadas oficialmente bajo la categoría de organizaciones terroristas extranjeras. En este nuevo listado de seguridad regional, México encabeza de manera absoluta el bloque continental al concentrar ocho de las facciones señaladas, lo que marca un cambio profundo en la política exterior estadounidense al equiparar redes de narcotráfico y extorsión con estructuras de seguridad nacional tradicional.
La medida consolida un giro diplomático y operativo que comenzó a aplicarse de forma gradual para perseguir financieramente y disuadir las operaciones transfronterizas de los cárteles. Entre las organizaciones mexicanas incluidas en la lista negra figuran el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales blancos multinacionales debido al tráfico masivo de fentanilo y drogas sintéticas.
Asimismo, el bloque mexicano designado incluye a agrupaciones clave para el control de las rutas fronterizas hacia Texas, tales como el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el Cártel de Juárez, este último con dominio histórico en la franja fronteriza central. La lista se complementa con organizaciones regionales centradas en la producción de narcóticos y economías ilícitas locales como la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.
El resto de los 21 grupos que conforman la estrategia regional de Washington abarca a organizaciones de diversas naciones del hemisferio, destacando estructuras como el Tren de Aragua y el Cártel de Los Soles en Venezuela; facciones criminales de Ecuador como Los Lobos y Los Choneros; las brasileñas Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital; grupos armados de Haití; remanentes pandilleros en Centroamérica como la MS-13 y Barrio 18; y el Clan del Golfo en Colombia.
Esta clasificación genera intensas implicaciones bilaterales y diplomáticas, ya que mientras los sectores de seguridad en Washington argumentan la necesidad de combatir amenazas transnacionales asimétricas, el gobierno mexicano mantiene una postura orientada a evitar acciones militares unilaterales en su territorio, abogando por la cooperación soberana frente al fenómeno del narcoterrorismo.
