Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), por conducto de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sacudió el tablero político binacional este 29 de abril al desclasificar una acusación formal por tráfico de drogas y delitos de armas contra diez funcionarios mexicanos, encabezados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el actual senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez. La acusación, presentada por el fiscal Jay Clayton y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, señala que los implicados habrían utilizado sus cargos públicos para colaborar activamente con el Cártel de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázarez, quien desde 2024 ocupa un escaño en el Senado y que entre 2021 y 2024 fungió como secretario general de Gobierno en Sinaloa, enfrenta cargos graves que incluyen conspiración para importar drogas, así como la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser encontrado culpable, el legislador morenista podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La fiscalía estadounidense fue enfática al señalar que todos los acusados son o fueron altos funcionarios de seguridad que presuntamente pusieron las instituciones al servicio del crimen organizado.
La revelación de estos cargos ocurre apenas 24 horas después de que Inzunza protagonizara un encendido debate en la tribuna del Senado, donde exigió sanciones penales contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el exfiscal César Jáuregui. En aquella sesión, el sinaloense acusó a las autoridades de Chihuahua de vulnerar la soberanía nacional tras la muerte de agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara. «Las violaciones a estos principios constitucionales por autoridades del estado de Chihuahua exigen ser reparadas y sancionadas conforme lo manda la propia Constitución», sostuvo Inzunza un día antes de que se hiciera pública su propia acusación federal en Nueva York.
Durante su intervención legislativa, Inzunza calificó como una «nueva ilegalidad» la inasistencia de Maru Campos al Senado y arremetió contra la creación de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Chihuahua para investigar el caso de El Pinal. Según el senador, dicha instancia es nula y sus actuaciones «pueden configurar asimismo delitos en contra de la administración de justicia, exigibles tanto a su titular, la ciudadana Wendy Chávez Villanueva, como a la propia Gobernadora». No obstante, la desclasificación de los cargos en su contra por parte de la DEA ha dado un giro radical a la narrativa, situando al acusador en el centro de una investigación por proteger, irónicamente, al Cártel de Sinaloa.
