Ciudad de México.- La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha desclasificado una acusación formal que pone bajo la lupa a la cúpula política y de seguridad del estado de Sinaloa. El documento judicial, identificado como el caso S9 23 Cr. 180 (KPF), señala a diez funcionarios y exfuncionarios por su presunta participación en una conspiración masiva para la importación de narcóticos y delitos relacionados con el uso de armamento pesado.
La estructura del poder al servicio del crimen
La lista de imputados es encabezada por el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, seguido del senador Enrique Inzunza Cázarez, quien fuera su secretario general de Gobierno. La acusación sugiere que estos altos mandos no solo omitieron sus funciones de seguridad, sino que presuntamente articularon las instituciones del Estado para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
El brazo operativo y financiero bajo investigación
Junto a los líderes políticos, el Gran Jurado de Nueva York imputó a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y a Dámaso Castro Zaavedra, quien se desempeñaba como subprocurador General de Justicia. La inclusión de estos perfiles indica que la fiscalía estadounidense tiene bajo la mira tanto el flujo de recursos como la manipulación de las carpetas de investigación para brindar impunidad a las redes de tráfico de fentanilo y cocaína.
Mandos policiales, custodios del narcotráfico
La acusación formal desglosa la participación de figuras clave en las corporaciones de seguridad, como el general Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública estatal, y Marco Antonio Almanza Avilés, director de la Policía de Investigación. A estos mandos se les vincula con la protección logística de los cargamentos, utilizando el estado de fuerza oficial para resguardar la mercancía del cártel en su tránsito hacia la frontera norte.
Los rostros de la operatividad táctica
El documento también identifica a personajes con roles específicos en el territorio, como Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, y Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán y ahijado del gobernador Rocha Moya. Se les señala por facilitar el control de plazas y la gestión de infraestructura municipal para las actividades ilícitas de la organización criminal.
Ejecuciones y secuestros con el sello oficial
Uno de los puntos más críticos de la acusación involucra a José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, y a Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito, comandante de la Policía Municipal. A este último se le imputa el uso de recursos públicos para asistir al Cártel de Sinaloa en el secuestro y ejecución de una fuente confidencial de la DEA en el año dos mil veintitrés, lo que eleva el caso a un nivel de peligrosidad extrema para la seguridad nacional de ambos países.
Cargos criminales de cadena perpetua
El primer cargo que enfrentan los diez acusados es el de conspiración para la importación de narcóticos, lo que conlleva penas que parten de los cuarenta años de prisión. Sin embargo, debido al uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para proteger estas operaciones, la fiscalía estadounidense ha advertido que buscará la cadena perpetua para quienes resulten responsables de esta red de corrupción institucionalizada que, según el texto, convirtió a Sinaloa en un narcoestado.
Los administradores de la justicia y las finanzas
Dámaso Castro Zaavedra (Subprocurador General de Justicia): Considerado una pieza clave en el esquema de impunidad. Como segundo al mando en la fiscalía estatal, se le acusa de haber filtrado información sobre órdenes de aprehensión y operativos de captura inminentes. Según la DEA, su oficina era el filtro que permitía a los operadores del cártel anticiparse a las incursiones de las fuerzas federales y de agencias extranjeras.
Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): Su implicación apunta directamente a la estructura financiera. Se investiga el posible uso de empresas fantasma y contratos de obra pública para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Su posición le permitía, presuntamente, desviar recursos estatales para financiar la logística del grupo criminal bajo la apariencia de gastos gubernamentales.
La cúpula de las fuerzas de seguridad
Gerardo Mérida Sánchez (Secretario de Seguridad Pública): General retirado que asumió el mando de la seguridad en el estado. La acusación federal sostiene que, bajo su mando, la policía estatal no solo omitió el combate al grupo de «Los Chapitos», sino que facilitó el uso de corredores viales para el trasiego de precursores químicos de fentanilo. Su inclusión en la lista representa un fuerte golpe a la confianza en los mandos militares en tareas civiles.
Marco Antonio Almanza Avilés (Director de la Policía de Investigación): Como jefe de los agentes ministeriales, se le señala por manipular escenas del crimen y «congelar» investigaciones que involucraban a altos mandos del cártel. La fiscalía neoyorquina lo vincula con la desaparición de evidencias clave que vinculaban a la administración de Rocha Moya con reuniones operativas con líderes del narcotráfico.
El control territorial y municipal
Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): Su relevancia es tanto política como personal, al ser ahijado de Rubén Rocha Moya. Se le acusa de poner la infraestructura de la capital sinaloense al servicio del cártel, permitiendo que la policía municipal actuara como una extensión de la guardia personal de la organización criminal. Es señalado como el enlace directo entre las necesidades territoriales de «Los Chapitos» y el presupuesto municipal.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias «Cholo»: Identificado como un mando intermedio con gran capacidad de movilización táctica. Su función, según el documento S9 23 Cr. 180, era la coordinación entre las bandas locales de narcomenudeo y las corporaciones policiales para asegurar que las plazas de distribución en Culiacán y Mazatlán operaran sin interferencias externas.
