Culiacán, Sinaloa.- El senador Enrique Inzunza Cázarez mantiene vigentes diversos cuestionamientos públicos debido a las denuncias por acoso sexual y hostigamiento presentadas en su contra por una jueza del Poder Judicial de Sinaloa. Estos antecedentes, que se remontan a su gestión como magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, han cobrado relevancia nacional tras su reciente ascenso al Senado y los señalamientos de la justicia estadounidense que lo vinculan con investigaciones de conspiración.
De acuerdo con las denuncias presentadas por la víctima, el funcionario habría incurrido en conductas de acoso y presiones laborales valiéndose de su jerarquía institucional. El caso ha sido documentado y denunciado ampliamente por medios de comunicación como Revista Espejo, Noroeste, Proceso y El Universal, quienes han dado seguimiento a las carpetas de investigación y a los testimonios que señalan un presunto uso del poder para frenar el avance de las querellas en las instancias estatales de procuración de justicia.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, Inzunza Cázarez ha negado sistemáticamente las acusaciones, calificándolas como una campaña de desprestigio con fines políticos. Por su parte, colectivos feministas y diversas organizaciones civiles han criticado que el senador fuera postulado y ratificado en su cargo actual sin que se haya esclarecido por completo su situación jurídica ante los delitos sexuales imputados, lo que consideran una muestra de impunidad institucional.
El proceso legal ha enfrentado múltiples obstáculos y peticiones de atracción por parte de autoridades federales ante la desconfianza en la imparcialidad de la fiscalía local. La controversia continúa siendo un punto de fricción en la agenda legislativa, especialmente ahora que la figura del senador se encuentra bajo el escrutinio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un expediente por vínculos con organizaciones delictivas.
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