Morelia, Michoacán.- El Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán concedió una suspensión de plano al general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, para evitar que sea detenido con fines de extradición hacia Estados Unidos. Esta medida legal surge días después de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara cargos contra el exmando militar y otros nueve funcionarios sinaloenses por presunta colaboración con el crimen organizado.
La resolución judicial protege a Mérida Sánchez de cualquier orden de captura o traslado que pretendan ejecutar las autoridades mexicanas para entregarlo a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Con esta suspensión, el exfuncionario gana tiempo legal antes de su audiencia incidental programada para el próximo 1 de junio, donde se determinará si la protección se mantiene de forma definitiva. «Se concede la suspensión de plano para que no se ejecute el acto reclamado consistente en la detención provisional con fines de extradición», señala el acuerdo publicado en las listas judiciales.
De acuerdo con la acusación formal de la fiscalía estadounidense, Mérida Sánchez habría recibido pagos mensuales de 100 mil dólares por parte de la facción de Los Chapitos mientras se desempeñaba como titular de seguridad estatal entre 2023 y 2024. Estos sobornos, según el expediente, tenían como objetivo obtener información privilegiada sobre operativos y facilitar el tráfico masivo de fentanilo hacia el país vecino. «El mensaje para quienes utilizan su cargo para proteger al narcotráfico es claro: la justicia tarde o temprano los va a alcanzar», advirtió recientemente el fiscal estadounidense Todd Blanche al referirse a este grupo de imputados.
Por su parte, el Gobierno de México ha señalado que la solicitud de detención provisional enviada por Washington no ha sido acompañada de las pruebas de urgencia necesarias para justificar la captura inmediata. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la petición formal de extradición aún debe ser validada por la Fiscalía General de la República (FGR). «Cualquier proceso judicial debe respetar las instituciones y no convertirse en un instrumento de presión política», manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando que la soberanía nacional será prioritaria en el análisis de este caso histórico.
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