Ciudad de México.- El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, transmitió a la Asamblea General una carta enviada por la Presidencia del Comité contra la Desaparición Forzada, encabezada por Juan Pablo Albán Alencastro, en la que se expone la situación que se vive en México. Este acto representa un paso previo fundamental para que el máximo organismo internacional analice formalmente la problemática en el país.
La solicitud se realizó de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta es la primera vez en la historia que se invoca dicho artículo, el cual está diseñado para activarse de manera exclusiva cuando el Comité recibe indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática dentro del territorio de un Estado Parte.
El procedimiento inició tras recibir información de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas entre febrero y mayo de 2025, periodo en el que el Comité solicitó respuestas al Estado mexicano. Luego de analizar los informes aportados por México hasta marzo de 2026, el Comité decidió, con carácter de urgencia, llevar la situación ante la Asamblea General para que evalúe la adopción de medidas que ayuden al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.
Ante el envío de la misiva, fechada el pasado 17 de junio, diversas organizaciones de la sociedad civil fijaron su postura. La organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos, IDHEAS, reconoció la importancia de la comunicación y adelantó que se prevé que la Asamblea General discuta el asunto en septiembre de este año, durante su periodo ordinario de sesiones.
Por su parte, Amnistía Internacional celebró la transmisión del documento y destacó que el acto es un reconocimiento claro a la gravedad y persistencia de la crisis que enfrentan miles de familias mexicanas. La organización subrayó que esta intervención constituye una oportunidad histórica para que el Estado mexicano fortalezca sus respuestas institucionales y demuestre voluntad política a través de acciones concretas, llamando al gobierno a no ver el proceso internacional como una confrontación.
