La Habana, Cuba.- El Gobierno de Cuba aprobó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de 176 medidas drásticas destinadas a reestructurar su modelo económico, introduciendo dinámicas de mercado que rompen con los dogmas históricos de la revolución. El plan de choque, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz bajo la consigna de hacer lo necesario para conservar lo esencial, formaliza la apertura al capital privado y el fin del paternalismo estatal ante el creciente descontento social y las presiones internacionales.
Las reformas implican la transformación de las corporaciones públicas en sociedades mercantiles por acciones, abriendo la posibilidad de que el sector privado y personas naturales adquieran participaciones en ellas. Asimismo, las empresas estatales que acumulen pérdidas sostenidas se enfrentarán por primera vez a procesos de quiebra y liquidación. En el plano financiero, se autoriza la creación de instituciones bancarias de capital privado, cooperativo y extranjero, terminando con el monopolio estatal en este sector, y se establece un mercado cambiario digital que contempla devaluaciones sucesivas de la moneda nacional.
Este viraje ocurre en un contexto de asfixia financiera sin precedentes implementada por el Gobierno estadounidense de Donald Trump, cuyas sanciones incluyen restricciones energéticas y la limitación del acceso de Cuba a la banca internacional. El secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, ha mantenido canales de comunicación con la isla para exigir concesiones políticas a cambio de alivio económico. Ante las presiones, las autoridades cubanas reconocieron tanto el impacto de las sanciones externas como las insuficiencias del propio modelo económico del país.
El paquete aprobado impactará directamente la economía de los hogares con el desmantelamiento de los subsidios universales en servicios básicos como electricidad, combustible, agua y transporte, los cuales trasladarán sus costos reales a los precios de consumo. En su lugar, el Estado creará un Fondo de Protección Social dirigido únicamente a personas en situación de vulnerabilidad registradas digitalmente.
Finalmente, en el plano laboral, se elimina la escala salarial fija, permitiendo que los sueldos se negocien según la capacidad financiera de cada entidad, y se otorga a las empresas la facultad de despedir personal por motivos económicos. Pese a la magnitud de los cambios, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que estas transformaciones no significan una renuncia al socialismo, sino una evolución necesaria basada en el estudio de otras experiencias internacionales para garantizar la productividad del país.
