Chihuahua, Chih.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó por un periodo de un año a cuatro ex-integrantes del Ayuntamiento de Juárez tras acreditar su responsabilidad en el manejo irregular de autorizaciones de Transferencias de Potencial Urbano. La sanción les impedirá desempeñar cualquier cargo en el servicio público o participar en procedimientos de adquisiciones y obras públicas durante la vigencia del fallo.
La resolución, emitida bajo el expediente 014/2025-4-PRA, recayó sobre los ex-regidores Alfredo Seáñez Nájera, Carlos Ponce Torres, José Guadalupe Ávila Cuc y Enrique Torres Valadez. Todos ellos formaron parte de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios durante la gestión municipal de Armando Cabada, en el periodo comprendido entre 2018 y 2021. En el mismo caso se tipificó una denuncia contra el ex-regidor Eduardo Fernández Sígala, pero el tribunal determinó que no se comprobó más allá de toda duda razonable que hubiera votado a favor de dichas autorizaciones.
El órgano de justicia administrativa determinó que los exfuncionarios aprobaron las transferencias de potencial urbano sin verificar que se cumplieran los requisitos legales correspondientes, incurriendo en la falta grave de desvío de recursos públicos. De acuerdo con la normativa del estado de Chihuahua, los desarrolladores inmobiliarios están obligados a ceder gratuitamente un porcentaje de terreno al municipio para equipamiento y áreas verdes. Al omitir la debida revisión, el tribunal argumentó que los ex-regidores provocaron que el municipio dejara de recibir bienes destinados al beneficio de los sectores habitacionales.
El origen del expediente se remonta a una denuncia presentada en abril de 2021 por la organización civil Plan Estratégico de Juárez ante la Contraloría Municipal. Esta misma agrupación obtuvo recientemente una resolución de amparo que obliga al municipio a modificar su reglamento de desarrollo urbano. Con este cambio legal, este tipo de transferencias ya no se decidirán de manera discrecional dentro de una comisión, sino que deberán someterse obligatoriamente a la votación de todo el Cabildo.
