Ciudad Juárez, Chih.- Representantes legales de sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio ocurrido en marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez impugnaron la resolución judicial que dio por cumplidas las condiciones impuestas a Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante una conferencia de prensa virtual encabezada por la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), los abogados informaron que interpusieron un recurso de apelación contra la determinación emitida el 13 de octubre de 2026 por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, al considerar que no existen pruebas suficientes que acrediten el cumplimiento total de las medidas establecidas al exfuncionario.
Marco Zavala, integrante equipo legal, señaló que la causa penal correspondiente aún enfrenta diversos recursos pendientes y cuestionó la validez del cierre procesal.
El proceso contra Garduño se derivó de una suspensión condicional del proceso autorizada el 24 de enero de 2025, mediante la cual el juzgador fijó siete condiciones que debían cumplirse en un plazo de 18 meses.
Sin embargo, los asesores jurídicos de las víctimas denunciaron que se dieron por solventadas dichas medidas a pesar de múltiples deficiencias, tales como la falta de atención médica efectiva para los sobrevivientes, irregularidades en la disculpa pública y la ausencia de inspecciones de seguridad adecuadas en las instalaciones migratorias.
Por su parte, Miguel Centeno enfatizó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla cumplimientos parciales o a modo, sino que exige el acatamiento íntegro de lo ordenado.
En el mismo sentido, Gabriela Romero detalló que, aunque se realizaron gestiones administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para garantizar la cobertura médica de los afectados, los propios testimonios recabados durante la audiencia evidenciaron que el servicio no se materializó de manera adecuada para todas las personas.
Los defensores recordaron que la prioridad jurídica debía centrarse en la reparación integral del daño y no en meros trámites burocráticos, por lo que mantendrán activos diversos juicios de amparo vinculados con la atención médica, la representación jurídica de los afectados y la garantía de intérpretes.
