Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República se encuentra lista para proceder legalmente en contra de los empresarios que adquirieron indebidamente bonos privados fantasma sin respaldo utilizando 800 millones de pesos provenientes de la extinta Segalmex.
Las investigaciones apuntan directamente a los chiapanecos René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz. Ambos perdieron la oportunidad de eliminar 15 pruebas clave que la Fiscalía utilizará para llevarlos a juicio, luego de que un tribunal confirmó la cancelación del amparo con el que buscaban retirar del proceso siete testimonios, siete documentos y un peritaje elaborado por la Secretaría de Hacienda. Entre estos elementos destaca una opinión de delito emitida por la dependencia federal, considerada fundamental para acreditar el desvío y manejo irregular de recursos públicos.
Los implicados invirtieron recursos públicos en bonos de deuda emitidos por una casa de bolsa bajo la promesa de obtener rendimientos anuales del 11 por ciento. Sin embargo, estas operaciones carecían de respaldo real, ya que se apoyaban en fideicomisos vacíos creados previamente por las empresas de la familia Dávila, sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De acuerdo con la indagatoria, la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), donde los Dávila figuran como accionistas, recibió de manera ilegal los 800 millones de pesos entre febrero de 2019 y junio de 2020. El dinero salió de Segalmex después de que René Gavira Segreste, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo, autorizara el uso de los fondos públicos para comprar dichos certificados privados. La acusación detalla que los recursos fueron transferidos a un fideicomiso identificado como CIC/3050, cuyo fideicomitente era Corafi, empresa ubicada en Chiapas.
Con esta resolución judicial, los tribunales determinaron que el uso de dichas pruebas no viola los derechos fundamentales de los empresarios, quienes podrán cuestionarlas en una etapa posterior del proceso, incluso después de un eventual juicio y sentencia. De esta manera, el caso extiende su alcance más allá de los ex mandos cesados de Segalmex, alcanzando a personajes externos que participaron en la confabulación del millonario desvío financiero.
En cuanto a la situación legal de los exdirectivos implicados en el fraude, el panorama muestra distintas realidades: Ignacio Ovalle Fernández, ex director general, se encuentra libre tras ser destituido, pero sin recibir castigo hasta el momento; René Gavira Segreste, ex director de finanzas, permanece preso imputado por peculado, lavado y delincuencia organizada; Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial, cumple prisión domiciliaria en Argentina por los mismos delitos; Hugo Buentello Carbonell, ex subdirector de Liconsa, está preso por delincuencia organizada; y Alejandro Kuri Olivera, ex gerente de recursos materiales, continúa prófugo por simular la compra de pesticidas.
