México enfrenta una de las peores crisis de desapariciones del continente. Familias enteras viven en la incertidumbre, mientras el Estado intenta depurar cifras y los colectivos de buscadores exigen verdad y justicia. A más de dos décadas del inicio de la “guerra contra el narco”, el drama acumula miles de ausencias que siguen sin explicación.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualizado al 27 de marzo de 2026, desde 1952 se han reportado 394,645 casos de desaparición. De ellos, 262.111 personas (66 %) han sido localizadas, la mayoría con vida. Quedan 132.534 casos activos, de los cuales 2.356 corresponden al período 1952-2005, asociados a la represión política del Estado.
El grueso —130.178 registros— se concentra entre 2006 y 2026. El gobierno de Claudia Sheinbaum los divide en tres grupos: 46,742 con datos insuficientes para la búsqueda; 40,308 con actividad posterior a la desaparición (matrimonios, trámites fiscales, cambios de domicilio), lo que sugiere que no están realmente desaparecidos; y 43,128 casos con información completa pero sin rastro posterior. Estos últimos son, según las autoridades, el núcleo de la crisis. Además, entre octubre de 2024 y marzo de 2026 se localizaron 31,946 personas con reporte previo.
Organizaciones de la sociedad civil y madres buscadoras rechazan esta reinterpretación. Consideran que minimiza la magnitud del problema y desvía la atención de la responsabilidad estatal y del crimen organizado. Solo 3,869 de los 43,128 casos “irrefutables” cuentan con carpeta de investigación formal, lo que evidencia un rezago judicial alarmante.
La guerra contra el narco y su herencia
Aunque las desapariciones existen desde hace décadas, la explosión ocurrió tras el despliegue militar ordenado por Felipe Calderón en 2006. El involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad coincidió con un aumento exponencial de la violencia entre cárteles. La colusión entre autoridades locales, policías y grupos criminales convirtió a México en un territorio de fosas clandestinas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron miles de casos más. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) prometió atender la crisis con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero las cifras siguieron creciendo. En el primer año de Claudia Sheinbaum, 2025, se reportaron más de 33,000 desapariciones, de las cuales 13,814 permanecieron sin localizar.
Ningún caso ilustra mejor la magnitud del problema que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Los jóvenes fueron interceptados por policías municipales presuntamente coludidos con el cártel Guerreros Unidos. Once años después, solo se han identificado restos de tres de ellos. El paradero de los 40 restantes sigue desconocido.
En marzo de 2026, un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar la totalidad de los documentos generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en 2014, incluyendo más de 850 folios que las familias reclaman desde hace años. La presidenta Sheinbaum ha solicitado apoyo de la ONU para esclarecer el caso, pero los padres de los normalistas denuncian lentitud y omisiones persistentes. Ayotzinapa no es un hecho aislado: representa la punta visible de un sistema de desapariciones en el que participan actores estatales y criminales.
La crisis forense: cuerpos sin nombre
Paralelo al drama de las desapariciones vive otro: el de los más de 79.000 cuerpos sin identificar acumulados en morgues y fosas comunes del país. La falta de capacidad forense, la ausencia de bases de datos genéticas integradas y la saturación de laboratorios impiden cerrar miles de casos. Muchas familias han encontrado a sus seres queridos en fosas clandestinas, pero otros siguen esperando que un hueso o un resto de ADN devuelva la certeza.
Ante la inacción o la lentitud oficial, miles de madres, padres y hermanos han tomado la búsqueda en sus manos. Recorren cerros, ríos y predios con palas y perros rastreadores. Han descubierto decenas de fosas y han presionado a gobiernos para que aprueben reformas legales. En 2025 se registraron siete asesinatos y cuatro desapariciones de buscadoras, lo que evidencia los riesgos que enfrentan.
La Ley General en Materia de Desapariciones, reformada en el actual gobierno, creó una Plataforma Única de Identidad y una base nacional de carpetas de investigación. Sin embargo, colectivos denuncian que muchas de estas medidas quedan en el papel o se implementan sin la participación real de las víctimas.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han documentado patrones de desaparición forzada con participación o aquiescencia de agentes del Estado. La impunidad supera el 98 % en la mayoría de los casos. Las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República enfrentan acusaciones de omisión, dilación y, en algunos casos, colusión directa con grupos criminales.
El gobierno actual insiste en que la revisión del registro busca “limpiar” datos inflados y concentrar esfuerzos en los casos reales. Las familias y las organizaciones, en cambio, temen que se esté invisibilizando el problema para mejorar la narrativa de seguridad. Mientras tanto, cada semana siguen apareciendo nuevos reportes: 197 personas desaparecieron solo entre el 19 y el 25 de enero de 2026.
La crisis de los desaparecidos en México no es solo una estadística. Es un trauma colectivo que afecta a cientos de miles de personas y cuestiona la credibilidad del Estado. Hasta que no exista una política de Estado integral —con búsqueda efectiva, justicia pronta, reparación integral y prevención real—, las ausencias seguirán marcando la vida del país. Las familias no descansan. El país tampoco debería hacerlo.
