Corral el «conejazo» que no salta lo suficiente
¡Qué ironía tan chihuahuense! Javier Corral, el exgobernador que prometió cazar corruptos como si fueran conejos en el desierto, ahora mendiga que la FGR le eche una mano para escabullirse de sus propios latrocinios. Esa «facultad de atracción» que Gertz Manero y su troupe federal intentaron invocar el 13 de octubre de 2025 no fue más que un truco de prestidigitación barato: una audiencia a hurtadillas, sin notificación ni acuerdo formal, violando el pacto federal como si fuera un trapo viejo. Valenzuela lo clavó en el centro: esto no es justicia, es un «pase de salida» envuelto en papel celofán legal. Mientras Chihuahua trata de recuperar el desvío de 98.6 millones, la FGR, esa institución que duerme con los narcos pero despierta para política rancia, intenta robar el expediente para archivar el escándalo. ¿Protección de Morena? ¿Argucia de Corral? Da igual: es el mismo circo del pacto de impunidad, que Corral denunciaba y ahora v¡busca beneficiarse.
El show del restaurante
Recordemos el melodrama del 14 de agosto de 2024: Corral, el «ratón» de El Paso, cenando plácidamente en un restaurante de la CDMX como si no tuviera una orden de aprehensión colgando sobre su cabeza. Los agentes de la FACh irrumpen, flashes por todas partes, y ¡zas! La FGJCDMX lo «rescata» como a un príncipe azul, alegando tecnicismos absurdos. ¿Coincidencia que el secretario particular de Valenzuela filtrara fotos y videos a Ciro Gómez Leyva para armar el circo nacional? Pareciera que fue un intento de captura; fue un reality show orquestado para cubrir al ladrón y desviar el foco de los 98 millones evaporados en el «Conejazo». Corral, con su fuero senatorial recién estrenado, lloriqueó persecución política, pero los jueces federales no mordieron el anzuelo: negaron amparos y reafirmaron que el peculado no se lava con lágrimas de cocodrilo. En México, la corrupción no solo roba dinero; roba dignidad, convirtiendo la ley en un guion de Televisa donde el villano siempre gana el aplauso.
Gertz Manero, el fantasma de la impunidad
Alejandro Gertz Manero, ese fiscal eterno que parece inmortal como la corrupción misma, dirige una FGR que es un chiste cósmico: cero acción contra los cárteles que destripan México, pero hiperactiva para blindar a exgobernadores panistas reciclados en Morena. Su intento de atracción en octubre de 2025, sin base jurídica ni soberanía estatal, no fue un error; fue una declaración de guerra al federalismo, un pisotón al orgullo chihuahuense. ¿Por qué esta urgencia por meter las narices en un caso local? Porque Corral, con sus deudas federales ficticias, es el peón perfecto en el ajedrez de la 4T: úsalo para golpear al PAN, pero no lo dejes caer. Mientras Gertz colecciona casos políticos como trofeos, los narcos bailan salsa en sus mansiones. Es el colmo de la hipocresía: una fiscalía que persigue conejos imaginarios mientras los elefantes de la impunidad pisotean el país entero.
Un David contra Goliat con toque político
Abelardo Valenzuela, el fiscal anticorrupción, denunció esta mañana en Chihuahua la «irrupción furtiva» de la FGR como lo que es: un asalto a la legalidad. Sin acuerdo de atracción firmado por Gertz, sin notificación, solo un juez federal cómplice que resolvió el conflicto el 11 de noviembre ratificando la competencia local. Bravo por esa independencia judicial que, por una vez, no se dobla ante el poder. Pero ojo: Valenzuela sabe que esto huele a intervención de alto nivel. ¿Sheinbaum protegiendo a su senador?, lo duda, pero el hedor a política tras bambalinas es inconfundible. En este round, Chihuahua ganó, pero la batalla por la soberanía estatal contra el centralismo rapaz apenas comienza. Abelardo Valenzuela no es héroe; es el recordatorio de que, en México, la anticorrupción es un deporte de riesgo mortal.
Corral, el Senador prófugo
Javier Corral Jurado, nacido en El Paso y apodo de «Ratón» entre compadres, pensó que el Senado sería su búnker inexpugnable. Orden de aprehensión del 9 de agosto de 2024, amparos negados, petición de desafuero: nada lo salva del peculado que prescribe hasta febrero de 2032, cuando ya no tendrá fuero . No puede salir del país, no puede evaporarse como esos 98.6 millones. Su confirmación de la solicitud de atracción fue patética: «Es por deudas federales», balbuceó, como si el «Conejazo» fuera un pagaré mal pagado. Coacusados como Arturo Fuentes Vélez tiemblan en la sombra, pero Corral, el show…
Puntos por viajero frecuente para Duarte
En un giro que expone las grietas del sistema judicial mexicano, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, busca hoy un permiso para evadir temporalmente su encierro condicional en la capital del estado y desplazarse a la Ciudad de México, amparado en una investigación federal por delitos fiscales que arrastra desde octubre. Esta audiencia, programada a las 14:00 horas en el Tribunal Superior de Justicia, no es más que un capítulo adicional en la saga que rodea a Duarte, acusado de peculado y asociación delictuosa —delitos que, según la Fiscalía estatal, implicaron el desvío sistemático de fondos públicos durante su mandato, en connivencia con colaboradores para saquear las arcas de Chihuahua. Mientras el exmandatario porta un brazalete GPS y se le prohíbe salir de la ciudad, esta solicitud de traslado revela la astucia con que los poderosos navegan entre jurisdicciones: la carpeta federal FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, liderada por la Fiscalía de Delitos Fiscales, le obliga a comparecer personalmente, pero ¿acaso no es esto un salvavidas para dilatar los procesos locales que lo atan? Extraditado desde Estados Unidos en 2022 tras su detención en Miami por once causas penales en Chihuahua. En un país donde la corrupción devora presupuestos destinados a salud y educación, este episodio no solo cuestiona la efectividad de la libertad condicional, sino que subraya una justicia selectiva: para el ciudadano común, un brazalete es prisión; para el élite política, es mera formalidad.
Ampliación de la Información
El regreso a clases presenciales en Guachochi, Chihuahua, anunciado por el secretario de Educación y Deporte del Estado, Francisco Hugo Gutiérrez Ávila, se produce tras una semana de suspensión obligatoria debido a una ola de violencia en la Sierra Tarahumara. El incidente clave ocurrió en la madrugada del 27 de octubre de 2025, cuando una serie de ataques armados casi simultáneos entre grupos presuntamente ligados al crimen organizado dejaron un saldo de siete personas muertas —cinco de ellas pertenecientes a la misma familia, incluyendo una mujer y un bebé de dos años— y otras siete heridas, entre las que se encuentra un docente. Estos hechos, ocurridos en comunidades indígenas rarámuri, no son aislados, sino parte de una escalada de confrontaciones narco que ha desplazado a familias enteras y generado un clima de terror persistente en la región. La suspensión afectó a 16 escuelas de nivel básico, impactando a más de 10 mil estudiantes, mientras que instituciones como la Universidad Tecnológica de la Tarahumara optaron por clases virtuales de manera indefinida. Inicialmente, las autoridades locales dejaron la decisión de enviar a los niños a clases en manos de los padres, reconociendo la inseguridad rampante. El retorno a la normalidad, coordinado con vigilancia policial, se anunció el 3 de noviembre, pero críticos, incluyendo la Iglesia Católica, denuncian que tales medidas son cosméticas ante una violencia estructural que no se ataca de raíz. Cabe destacar que, apenas días después del anuncio, el 10 de noviembre se reportó otro enfrentamiento armado en la zona, dejando un muerto y un detenido, lo que cuestiona la efectividad de las «garantías de seguridad».
La ilusión de la «normalidad» impuesta
En un ejercicio de cinismo burocrático, el secretario Hugo Gutiérrez Ávila proclama el retorno a la «normalidad» como si un par de patrullas y promesas vacías pudieran borrar el trauma de balaceras que segaron siete vidas, incluyendo la de un inocente de dos años. Esta supuesta regularización no es más que un parche sobre una herida supurante: ¿qué normalidad puede haber cuando la Sierra Tarahumara sangra por disputas del narco que el gobierno estatal ignora sistemáticamente? Con cabeza fría, uno se pregunta si esta prisa por reabrir aulas no es solo una maniobra para inflar estadísticas educativas y desviar la atención de un fracaso colosal en materia de seguridad, dejando a maestros y alumnos como peones en un tablero donde el rey —el Estado— se mueve con torpeza predecible.
La vulnerabilidad de los educadores como carnada
Herir a un docente en medio del caos no es un detalle colateral, sino el grito sordo de un sistema que expone a sus servidores públicos a la barbarie sin blindaje real. Gutiérrez Ávila habla de «preocupación» y «prudencia», pero ¿dónde estaba esa prudencia cuando 16 escuelas cerraron sus puertas, forzando a 10 mil niños a clases virtuales en comunidades donde la conectividad es un lujo? Con un descanso reflexivo, analizamos cómo este funcionario, desde su oficina climatizada en la capital, romantiza la vigilancia «coordinada» con autoridades locales corruptas o ineficaces, convirtiendo a los profesores en mártires involuntarios mientras el narco dicta el ritmo escolar con plomo y miedo.
El abandono indígena en nombre de la «prioridad»
La retórica de priorizar la «seguridad de estudiantes y maestros» resuena hueca en oídos rarámuri, cuya tierra ancestral se ha convertido en campo de batalla por rutas de fentanilo que enriquecen a capos lejanos. ¿Coordinación con autoridades locales? Más bien complicidad pasiva, ya que el gobierno de Chihuahua ha fallado estrepitosamente en desmantelar las redes que aterrorizan la región, optando por suspensiones temporales en lugar de intervenciones estructurales. Tomando un respiro crítico, vemos cómo esta «vuelta a clases» perpetúa el abandono: niños indígenas regresan a pupitres rodeados de viudas y huérfanos, mientras el Estado celebra su «éxito» como si la educación pudiera florecer en suelo envenenado por la impunidad.
La farsa de la educación virtual en la sierra
Optar por modalidades virtuales en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara suena progresista, pero en comunidades sin internet estable ni electricidad confiable, es una condena al analfabetismo digital disfrazada de innovación. Gutiérrez Ávila elogia la «decisión prudente» de clases a distancia, ignorando que para miles de rarámuri, esto equivale a semanas perdidas en un vacío educativo que agrava la brecha social. Con perspectiva reposada, desmontamos esta ilusión: el funcionario pinta un panorama idílico de recuperación, pero la realidad es un retroceso educativo que beneficia solo a quienes pueden permitirse el lujo de la conectividad, dejando atrás a los más vulnerables en un ciclo de marginalidad que el gobierno parece diseñado para mantener.
La hipocresía ante la violencia cíclica
Reiterar la «prioridad» en la seguridad mientras otro enfrentamiento estalla apenas días después del anuncio —el 10 de noviembre, con un muerto más— expone la hipocresía crónica de un aparato estatal que reacciona en lugar de prevenir. ¿Vigilancia? Una palabra vacía cuando la Fiscalía General del Estado investiga homicidios con la misma lentitud que permite al narco reclutar en las mismas escuelas que ahora se «protegen». En un análisis sereno y distanciado, concluimos que este retorno a clases no es victoria, sino rendición: Gutiérrez Ávila y su equipo venden humo a padres aterrorizados, perpetuando un modelo donde la educación serrana es rehén de la violencia, y el verdadero costo —vidas truncadas, futuros robados— se carga eternamente en hombros indígenas que el poder central prefiere ignorar.
