Ciudad de México.- El Gobierno federal de México dio un golpe contundente contra el crimen organizado al anunciar la suspensión inmediata de operaciones en 13 casinos físicos y virtuales, acusados de operar una sofisticada red de lavado de dinero y evasión fiscal. La acción, resultado de una investigación conjunta liderada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), contó con el respaldo clave del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, revelando flujos millonarios hacia destinos como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desglosó los hallazgos de meses de vigilancia financiera, que expusieron irregularidades en establecimientos distribuidos en ocho entidades: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. «Este trabajo sistemático permitió detectar patrones complejos de simulación fiscal y dispersión de recursos, donde los casinos reportaban operaciones en efectivo y declaraciones en ceros, mientras enviaban montos millonarios al extranjero a través de plataformas no supervisadas», enfatizó García Harfuch, subrayando cómo estos sitios se convirtieron en vehículos ideales para blanquear capitales de procedencia ilícita.
Identidades robadas y ciclos de reinversión ilícita
La red operaba con una precisión quirúrgica que burlaba los controles básicos del sistema financiero. La procuradora fiscal Gisel Galeano detalló que los casinos recurrían al robo o uso fraudulento de datos bancarios de personas vulnerables –principalmente jóvenes, estudiantes, amas de casa y jubilados– para simular apuestas legítimas. «Se usaban sus cuentas o tarjetas prepagadas para realizar depósitos con dinero de origen desconocido. Los sistemas registraban supuestas ganancias millonarias que, en realidad, eran transferidas de inmediato a cuentas en paraísos fiscales», explicó Galeano, quien describió un ciclo repetido miles de veces: los fondos salían de México disfrazados de premios, se lavaban en el exterior y regresaban como ingresos empresariales «limpios».
Este esquema no solo evadía impuestos mediante declaraciones falsas, sino que integraba elementos digitales para mayor opacidad, como plataformas de apuestas en línea no reguladas que operaban en redes sociales y apps. La investigación, que incluyó análisis de transacciones inusuales y vínculos transnacionales, identificó cómo los casinos generaban flujos que afectaban la integridad del sector financiero nacional, con impactos estimados en cientos de millones de pesos. Fuentes de la UIF revelaron que los patrones de riesgo se concentraban en operaciones de alto volumen en efectivo, un sello distintivo de la delincuencia organizada.
El cierre de la pinza contra el crimen financiero
Las autoridades no esperaron a que la investigación concluyera para actuar. Entre las medidas inmediatas se ordenó la suspensión de todas las actividades de estos casinos, el bloqueo de sus páginas web y cuentas bancarias asociadas, así como la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. «Cada operación parecía normal por sí sola, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley», afirmó Galeano, quien destacó la colaboración con agencias internacionales que permitió rastrear los hilos financieros hasta sus nodos globales.
En paralelo, la SHCP activó el congelamiento de activos para prevenir fugas de capital, una táctica probada en operativos previos contra el narco. Aunque por razones legales no se divulgaron los nombres de los establecimientos ni de las empresas matrices –pues las indagatorias siguen en curso–, el anuncio generó eco en el sector. Grupos como Salinas Pliego, dueños de cadenas de casinos, emitieron comunicados rechazando cualquier vinculación y exigiendo transparencia en las acusaciones, lo que añade tensión a un gremio ya escrutado por reguladores.
Actualizando la ley ante el auge digital del juego
La presidenta Sheinbaum aprovechó el podio para trazar una línea estratégica más amplia en materia de seguridad. «La estrategia de mi gobierno incluye seguir el flujo financiero vinculado con grupos criminales, reforzando la coordinación entre la UIF, el Sistema Nacional de Inteligencia y nuestras contrapartes internacionales», declaró, al tiempo que adelantó una inminente reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Esta legislación, promulgada en una era pre-digital, deja lagunas que facilitan el lavado en casinos virtuales, un sector que ha explotado con el boom de las apuestas en línea durante la pandemia.
«Hoy existen muchísimos casinos digitales que operan en redes sociales y plataformas. La normatividad tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existían de la manera en que existen hoy, y eso abre la puerta al lavado de dinero», sostuvo Sheinbaum, quien vinculó esta iniciativa a un paquete mayor de medidas contra la corrupción financiera. Expertos consultados coinciden: sin una regulación estricta que incluya licencias obligatorias y monitoreo en tiempo real, el riesgo de infiltración criminal en el juego en línea podría multiplicarse, especialmente en un mercado que mueve miles de millones de pesos anuales.
Este operativo no solo desmantela una red específica, sino que envía un mensaje disuasorio al ecosistema del juego en México, donde el equilibrio entre entretenimiento y control fiscal se ha vuelto precario. Mientras la FGR profundiza en las pesquisas, el Gobierno federal reafirma su compromiso con una economía limpia, aunque el desafío de las apuestas digitales –con su anonimato inherente– promete batallas futuras en el terreno normativo y tecnológico.
