Chihuahua, puede definir Nuevo León
Morena está retrasando la definición de Chihuahua y, lejos de ser solamente un problema de calendario, el aplazamiento puede estar relacionado con una decisión más amplia: cómo repartir las candidaturas entre hombres y mujeres en los estados donde realmente tiene posibilidades de ganar.
Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tienen sobre la mesa un rompecabezas de 17 gubernaturas. La dirigencia morenista ha insistido en que no hay prisa y que las candidaturas pueden definirse hasta diciembre. Pero esa explicación política deja abierta una pregunta mucho más interesante: ¿están esperando a ver qué género encabeza determinados estados antes de cerrar los nombres?
Ahí aparecen Chihuahua y Nuevo León como dos piezas que podrían estar conectadas. El escenario más sencillo de entender es también el más interesante. Si Montiel y Hernández deciden privilegiar la competitividad electoral, como sostienen que debe hacerse, Nuevo León tendría una carta prácticamente cantada: Waldo Fernández González. En mediciones difundidas durante el proceso interno, Fernández aparece como uno de los perfiles mejor posicionados de Morena en el estado; una encuesta de Arias Consultores publicada en julio lo colocó al frente de los aspirantes morenistas con 25 por ciento.
Pero Waldo es hombre. Y entonces aparece Chihuahua. Si Morena necesita equilibrar su distribución de candidaturas mediante el criterio de paridad, Chihuahua tendría que inclinarse hacia una mujer. En ese tablero, Andrea Chávez Treviño aparece como la opción natural: es una de las aspirantes con mayor conocimiento público, pidió licencia al Senado para competir y desde hace meses ha colocado su proyecto político en el centro de la disputa interna. En Chihuahua, además, Morena ya registró a cinco aspirantes para definir quién encabezará la candidatura de 2027.
La fórmula tendría lógica electoral: Waldo en Nuevo León, Andrea en Chihuahua. Dos perfiles competitivos y, al mismo tiempo, una combinación que ayuda a Morena a cuadrar el tablero de género.
El otro camino cambia completamente la lectura. Si los criterios políticos pesan más que la competitividad, Chihuahua podría terminar en manos de Cruz Pérez Cuéllar. El alcalde de Ciudad Juárez con licencia mantiene una estructura política propia y su aspiración está instalada en la discusión interna. De hecho, la dirigencia nacional reunió en agosto a Andrea Chávez, Cruz Pérez Cuéllar y Martín Chaparro para analizar la sucesión chihuahuense.
Si Cruz es el elegido, la jugada tendría una consecuencia inmediata: para compensar la paridad, Nuevo León podría ser entregado a una mujer. Y ahí aparece Tatiana Clouthier.
Clouthier ya levantó la mano formalmente para buscar la candidatura de Morena en Nuevo León. Además de su experiencia política y administrativa, tiene una relación conocida con los principales procesos políticos de la Cuarta Transformación y ha reivindicado su cercanía con los proyectos de López Obrador y Sheinbaum.
Por eso el retraso de Chihuahua puede tener más fondo del que aparenta. No necesariamente significa que Morena no sepa quién va arriba. Puede significar que todavía está cuadrando las piezas.
La paradoja es deliciosa: Chihuahua podría no estar esperando solamente su propio destape. Podría estar esperando que Morena decida primero qué hacer con Nuevo León.
Si manda la competitividad, Waldo abre la puerta a Andrea. Si mandan los acuerdos políticos, Cruz podría abrirle la puerta a Tatiana.
Y mientras Morena guarda silencio, la oposición observa. Porque en política, cuando una candidatura tarda demasiado en salir, no siempre es porque falte información. A veces es porque sobra negociación.
El hermano incómodo de Andrea
La política tiene una vieja costumbre: convertir los asuntos familiares en problemas públicos cuando aparecen contratos, dinero y auditorías de por medio. Y eso es precisamente lo que comienza a ocurrir alrededor de Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez, a partir de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a Liconsa.
El asunto merece atención, pero también precisión. La ASF detectó irregularidades por alrededor de 45 millones de pesos en operaciones de Liconsa y entre ellas aparecen pagos realizados a proveedores que ya habían fallecido. Es un dato suficientemente grave para levantar las cejas, pero no para brincar directamente a la conclusión de que Gregorio Chávez cometió un delito.
Ahí está la diferencia entre una investigación periodística seria y el linchamiento político. Gregorio Chávez estuvo al frente de Liconsa en Chihuahua durante el periodo en que se realizaron las operaciones observadas. Por eso su nombre aparece inevitablemente en la discusión. No se trata simplemente de que sea hermano de Andrea Chávez y que alguien quiera aprovechar el parentesco para golpearla políticamente. Existe una auditoría y existen operaciones que deben ser explicadas.
Y aquí aparece el verdadero problema político. Andrea Chávez ha construido buena parte de su trayectoria alrededor de un discurso de transformación, honestidad y combate a las viejas prácticas del poder. En consecuencia, cualquier irregularidad relacionada con un familiar que ocupó un cargo público puede convertirse en un boomerang político.
No porque la responsabilidad administrativa se herede entre hermanos. No funciona así. Pero tampoco funciona el argumento contrario: “es mi hermano y sus actos no tienen nada que ver conmigo”. Cuando un familiar llega a una posición pública por su cercanía con una figura política, inevitablemente existe un costo político cuando aparecen cuestionamientos sobre su gestión.
El asunto tiene además un ingrediente particularmente incómodo: los pagos a personas fallecidas. Es difícil imaginar una imagen más desafortunada para una administración pública. Que aparezcan recursos entregados a proveedores que ya habían muerto parece sacado de una novela de corrupción burocrática. Pero precisamente por eso hay que ir más allá del titular y preguntar quién autorizó los pagos, quién revisó la documentación, qué controles fallaron y qué servidores públicos fueron señalados formalmente por la ASF.
Porque una auditoría no es una sentencia penal. Hasta ahora, lo que está documentado son observaciones de la ASF. No existe, con la información disponible, una resolución que determine que Gregorio Chávez haya cometido un delito ni que Andrea Chávez tenga responsabilidad alguna en esas operaciones.
Pero políticamente el daño ya comenzó. Andrea Chávez enfrenta una competencia interna complicada en Morena rumbo a 2027. En ese escenario, cualquier expediente que permita a sus adversarios cuestionar su discurso de transparencia será utilizado. Y seguramente lo será con entusiasmo.
La política no suele perdonar coincidencias familiares cuando hay dinero público de por medio. Ahora Gregorio Chávez tiene una tarea sencilla, aunque nada cómoda: explicar. Y Liconsa tiene una obligación todavía mayor: informar qué ocurrió con esos recursos, quién autorizó los pagos y qué consecuencias tuvieron las observaciones de la ASF.
Porque si todo tiene una explicación administrativa, deberá darse. Y si no la tiene, entonces el problema dejará de ser solamente el hermano de Andrea Chávez. Se convertirá en otro expediente que puede pesar sobre la candidatura que Morena todavía no se atreve a destapar en Chihuahua.
Trump recula ante las urnas
La política comercial de Donald Trump comienza a tropezar con un adversario que conoce muy bien: el calendario electoral. A menos de dos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, el presidente estadounidense ha comenzado a moderar su amenaza de romper con el T-MEC y, al mismo tiempo, deja abierta la puerta para destrabar la guerra comercial con Canadá. No parece una conversión repentina al libre comercio. Parece, más bien, sentido de supervivencia política.
Trump confirmó este sábado que Estados Unidos no abandonará el T-MEC, después de haber amenazado durante meses con poner en duda la continuidad del acuerdo. Washington tampoco pretende simplemente extenderlo por otros 16 años; busca modificar sus condiciones y utilizar la revisión para imponer nuevas exigencias. Pero la diferencia política es enorme: una cosa es renegociar el tratado y otra provocar su ruptura en plena campaña electoral.
El cambio llega cuando los números comienzan a incomodar a la Casa Blanca. Una encuesta de Financial Times y Focaldata coloca la aprobación de Trump en 33%, su nivel más bajo en esa medición. El 57% de los consultados dice estar económicamente peor que cuando asumió y 56% desaprueba los nuevos aranceles contra Canadá. Entre los independientes, el problema es todavía más delicado para los republicanos.
Y aquí aparece la pequeña trampa que Trump no puede ignorar. Los aranceles son una bandera política muy útil mientras se habla de defender al trabajador estadounidense, pero adquieren otro significado cuando llegan a la cartera del consumidor, afectan empleos o provocan represalias contra productos estadounidenses. Canadá ya respondió con aranceles sobre unos 20 mil millones de dólares de mercancías estadounidenses y ha dirigido parte de esa presión hacia sectores políticamente sensibles en estados que serán importantes en noviembre.
La guerra con Canadá, además, tiene una dificultad que Trump no puede resolver con un discurso: las economías están profundamente integradas. La disputa ya está afectando comunidades fronterizas, empresas y cadenas de suministro de ambos lados. Washington mantiene aranceles de hasta 50% sobre determinados productos canadienses y Ottawa ha respondido. Sin embargo, todavía existen señales de que ambos gobiernos pueden volver a la mesa antes de que entren en vigor nuevas medidas el 29 de septiembre.
El problema electoral se hizo suficientemente evidente para que los republicanos prendieran las luces amarillas. Reuters advierte que la baja popularidad de Trump está poniendo en riesgo las estrechas mayorías republicanas en el Congreso. Y cuando el presidente comienza a convertirse en un problema para candidatos que necesitan votos de independientes, la ideología empieza a encontrarse con las matemáticas.
La reciente promesa de Trump de entregar un supuesto dividendo de 5 mil dólares a los estadounidenses si los republicanos conservan el Congreso tiene precisamente ese aroma electoral. Es una señal de que la Casa Blanca ya no está pensando solamente en la grandeza de Estados Unidos, sino también en cómo llegar al día de la elección sin que la economía se convierta en un referéndum contra el presidente.
La lectura política es sencilla: Trump no está abandonando su guerra comercial; está aprendiendo que también las guerras tienen costos. Y cuando las urnas se acercan, hasta el presidente que se presentó como el gran negociador descubre que a veces conviene negociar antes de disparar el siguiente arancel.
Para México, el giro abre una ventana. Trump necesita estabilidad norteamericana antes de noviembre. El T-MEC le ofrece precisamente eso. Mantenerlo, modificarlo y vender la negociación como una victoria puede resultar mucho más rentable electoralmente que destruirlo. Canadá, mientras tanto, tiene una oportunidad para negociar desde la presión que ya comenzó a ejercer.
En política, Trump podrá decir que nunca retrocedió. Pero si termina sentado con Canadá y preservando el T-MEC, el votante podrá sacar otra conclusión: quizá no fue el tratado el que cambió de opinión. Fueron las urnas las que le cambiaron la opinión a Trump.
