Apatzingán, Michoacán.- Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue hallado muerto el 20 de octubre de 2025 dentro de su camioneta Toyota Tacoma gris, en la carretera Apatzingán-Tepetates. El líder, de 45 años y licenciado en Derecho, recibió un disparo en la cabeza y presentaba signos de tortura. Horas antes, había dejado a su escolta y cambiado de vehículo, según confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Su familia, incluyendo su esposa Amelí Gissel Navarro Lepe, magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán, y sus tres hijos, velaron su cuerpo en Morelia.
Bravo asumió la presidencia de la asociación el 9 de octubre de 2024, pero su activismo contra el crimen organizado databa de años atrás. Su padre, Bernardo Bravo Valencia, precursor del gremio citricultor, fue ejecutado hace una década en circunstancias similares por denunciar cobros ilegales. El hijo siguió esa línea: en marzo de 2025 encabezó un paro de empacadoras para exigir precios de garantía y fin a las cuotas que encarecen el limón hasta dos pesos por kilo. Semanas antes de su muerte, Bravo protestó en el monumento a Lázaro Cárdenas contra «coyotes» infiltrados por cárteles que compran la fruta a bajo costo.
Viagras y Blancos de Troya lideran represalias contra denunciantes
Productores señalan directamente a Los Viagras como responsables del homicidio, cumpliendo amenazas previas contra Bravo por exponer sus operaciones. El grupo, liderado por Nicolás Sierra Santana, controla el centro de Apatzingán y exige pagos por cada camión cargado, amenazando con incendiar huertas. En febrero de 2025, sus aliados en Los Blancos de Troya, brazo armado del cártel, incendiaron maquinaria en una empacadora que rechazó pagar. La célula, con líderes como César Alejandro Sepúlveda Arellano alias «El Bótox», infiltra asociaciones de agricultores con credenciales falsas para vigilar disidentes.
Desde septiembre de 2024, narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confirmaron una alianza con Los Viagras y Los Blancos de Troya, prometiendo «paz» a cambio de lealtad. El CJNG, bajo Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», domina el norte de Tierra Caliente y fija fechas de cosecha en Buenavista, prohibiendo ventas cruzadas. En julio de 2023, esta unión permitió al CJNG entrar a la región tras la ruptura de Los Viagras con Cárteles Unidos. Juntos, generan hasta 30 millones de pesos semanales en extorsiones, desde el corte hasta la exportación a Estados Unidos.
Cinco cárteles más disputan control en huertas y rutas
Además de la triple alianza, operan el Cártel de Tepalcatepec, fundado en 2018 por Juan José Farías «El Abuelo» tras traicionar al CJNG; Los Caballeros Templarios, que cobran «piso rural» en Tepalcatepec; Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana en el corredor costero; y el Cártel de Zicuirán-La Hermandad H-3, aliado eventual del CJNG. En diciembre de 2024, un productor en Parácuaro fue ejecutado por negarse a pagar a Templarios. Fuentes ministeriales reportan siete células activas, que marcan huertos con iniciales y castigan desobediencia con maquinaria pesada para destruir plantaciones.
El 20 de octubre, fuerzas federales y estatales detuvieron a Rigoberto López Mendoza, alias «El Plátano» o «El Pantano», en Cenobio Moreno. El sospechoso, jefe de Los Blancos de Troya, portaba una credencial falsa de la asociación de Bravo, marihuana y una licencia de Michoacán. Identificado como autor intelectual del asesinato, coordinaba cobros en Apatzingán. En febrero, cayó Gerardo Valencia Barajas «La Silla», otro líder de la célula por secuestros y extorsiones a aguacateros. En octubre, capturaron a Jhon Mario «El Llanero», colombiano que adiestraba en explosivos y extorsionaba en Buenavista.
La resistencia citricultora escaló en julio de 2023 con el primer paro general contra un peso por kilo. En agosto de 2024, Bravo convocó cierres de empacadoras en seis municipios: Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Mújica y Parácuaro. La producción cayó 50 por ciento, elevando precios al mayoreo 40 por ciento. En marzo de 2025, bloquearon carreteras exigiendo fondos federales. Amnistía Internacional exigió a la Fiscalía de Michoacán investigar la corrupción que permite infiltraciones y garantizar justicia a la familia de Bravo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo Omar García Harfuch, envió Guardia Nacional, Ejército y Marina a las zonas críticas tras el homicidio. El operativo, con más de 800 agentes, custodia rutas pero no frena los cobros en campos. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el crimen y prometió colaboración interestatal, reconociendo que la violencia amenaza la seguridad alimentaria. Expertos urgen una estrategia integral contra la corrupción local, ya que alcaldes y policías están coludidos. El Consejo Nacional Agropecuario alerta que el abandono de huertas por miedo genera desabasto nacional.
