Bonilla, cinismo en su máxima expresión
El alcalde Marco Bonilla, ante la lona que lo promocionaba como candidato a gobernador en 2027 durante el desfile del 20 de noviembre, optó por la estrategia clásica del político mexicano: hacerse el desentendido. “Desconozco su origen”, dijo con la cara más seria que pudo ponerle al micrófono, como si en Chihuahua alguien pudiera colgar una lona de ese tamaño, con su nombre y fotografía en alta resolución, sin que nadie del ayuntamiento se enterara. La gobernadora Maru Campos, con razón, se molestó; no porque le moleste la promoción de Bonilla en sí, sino porque le tocó el turno a otro antes de que ella termine de acomodar a sus propios gallos para la sucesión del 2027.
El desfile que ya nadie respeta
Bonilla y Campos coinciden en algo: “los desfiles deben ser espacios institucionales”. Qué bonito suena. El problema es que ambos pertenecen a un PAN que lleva años convirtiendo cada fecha patria en mitin. La diferencia es que esta vez la lona no llevaba el logo de la gobernadora ni el de su grupo, y eso sí es pecado mortal. El alcalde pide “respeto” al mismo tiempo que su gente (porque nadie cree que esa lona se colgó sola) utiliza un evento pagado con dinero público para hacer campaña dos años antes de la elección. Es la paradoja perfecta: el político que se deslinda de su propia promoción mientras la disfruta, y la gobernadora que se indigna por la politización selectiva de los eventos que ella misma ha usado cuando le conviene. Al final, el único que pierde es el ciudadano que sigue creyendo que el 20 de noviembre es para recordar la Revolución y no para ver quién se lanza primero al 2027.
El insulto como argumento político
Llamar “pendejos” a los legisladores de Morena no es valentía ni autenticidad: es la confesión pública de que Alfredo Chávez carece de argumentos técnicos para desmontar la iniciativa de Ley General de Aguas. En lugar de exhibir los artículos específicos que supuestamente vulneran la autonomía concesional o el federalismo en el reparto de aguas, el coordinador del PAN opta por la descalificación personal y el grito fácil. Esta estrategia podrá arrancar aplausos en una asamblea de productores agraviados, pero revela la pobreza discursiva de una oposición que prefiere el show ranchero al debate legislativo serio. Decir que quienes hacen leyes “nunca han pisado un surco” es una frase efectista.
La negación de la crisis hídrica nacional
Presentar la reforma federal como un complot para “callar” a los agricultores y usar el agua con fines electorales es un discurso tan viejo como irresponsable. Chihuahua no es víctima de un capricho centralista: es uno de los estados con mayor sobreconcesión de agua en México, con pozos ilegales tolerados durante décadas por los gobiernos en turno y con una agricultura de exportación que consume el 80% del recurso mientras la población urbana sufre desabasto. Gritar “nos quieren quitar el agua” sirve para inflamar ánimos, pero oculta que la iniciativa busca precisamente corregir el desmadre de concesiones que que empezó cuando el PAN tuvo el poder federal.
Celebrar la intolerancia y justificar la violencia
Que el coordinador parlamentario del PAN aplauda y justifique la expulsión física de Martín Solís Bustamante del recinto es un acto de una gravedad inaceptable. Convertir una reunión de análisis en un tribunal popular donde se corre a quien piensa distinto no es “defender al campo”: es fascismo de sombrero y botas. Chávez no solo avaló la agresión, sino que la celebró como acto de “ciudadanos indignados”, borrando con ello cualquier diferencia entre movilización legítima y linchamiento selectivo. Cuando un líder político legitima la exclusión violenta de sus adversarios, está sembrando la semilla de algo mucho más peligroso que una mala ley del agua: la normalización del autoritarismo en nombre del pueblo.
Pide diálogo mientras cierra la puerta
Alfredo Chávez exige que la presidenta “deje el Palacio y vaya al campo” mientras él mismo promueve acciones que cierran cualquier posibilidad real de diálogo: insultos, amparos preventivos, exhortos teatrales y hasta la invitación a marchar sobre Palacio Nacional. Es la misma lógica de siempre: cuando el PAN gobierna, pide respeto a las instituciones; cuando está en oposición, convoca a la rebelión. Su discurso combina el cinismo de quien dice defender la ley “con la ley en la mano” mientras alienta la desobediencia civil selectiva y justifica la intolerancia. En el fondo, la intervención de Chávez no buscaba construir acuerdos ni mejorar la iniciativa federal: buscaba únicamente capitalizar el enojo rural para posicionarse de cara a 2027. El agua, una vez más, es solo pretexto.
Muchos gallos para la ASE
Que diez conspicuos personajes busque la titularidad de la Auditoria Superior del Estado, parece buena noticia, ¡Hay de donde escoger! dirán los optimistas, pero una visión critica de cada uno de los aspirantes, nos muestra un panorama no my alentador, al parecer el camino será ir por el mal menor, lo cual no es una buena noticia.
Héctor Acosta Félix, continuismo
Actual auditor superior en funciones, busca la reelección. Abogado con posgrado en derecho administrativo, cuenta con experiencia directa de varios años al frente de la ASE. Su gestión ha sido cuestionada por sectores de la oposición por supuesta lenidad en revisiones a gobiernos anteriores, pero también reconocida por haber incrementado el número de observaciones solventadas. Representa la continuidad institucional, aunque su permanencia depende de que el Panel valore más la experiencia operativa que la renovación.
Raúl Bojórquez Salazar, un técnico contable
Contador público titulado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH. Su perfil es eminentemente técnico-contable, con experiencia presumible en auditoría privada o gubernamental de bajo perfil público. Puede aportar solidez en revisión de cuentas públicas y conocimiento profundo de normas de contabilidad gubernamental, aunque se desconoce trayectoria específica en fiscalización superior.
Claudia Angélica Fraire Guevara; ¡para recursos humanos!
Administradora con maestría en Recursos Humanos. Es el perfil menos alineado tradicionalmente con las funciones de una auditoría superior, pues su formación se orienta más a gestión del capital humano que a contaduría o derecho público. Podría destacar en modernización administrativa interna de la ASE y en la profesionalización del personal, pero enfrentaría cuestionamientos sobre suficiencia técnica en fiscalización.
Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo, podría ser juez
Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, uno de los dos candidatos con grado de doctor. Su formación académica de alto nivel sugiere capacidad analítica y rigor jurídico. Aunque no se le conoce amplia trayectoria en auditoría gubernamental, su perfil académico lo posiciona como opción sólida para fortalecer el marco normativo y la defensa jurídica de los procedimientos de la ASE.
Yadeneiro Hernández Austria, jurista
El candidato con el currículo académico más robusto: abogado con dos maestrías (una en justicia constitucional), especialidades y cursando simultáneamente dos doctorados en Derecho. Su perfil es marcadamente académico-jurídico, con probable énfasis en constitucionalidad y control de legalidad. Podría imprimir un enfoque más garantista y menos contable a la fiscalización, lo que generaría tanto adhesiones como resistencias según el sector político que evalúe.
Sergio Israel Rodríguez Domínguez, ¿Quién es?
El único aspirante del que no se detalla formación en el boletín oficial. Su inclusión sin datos académicos explícitos genera incertidumbre sobre su idoneidad técnica. Será clave revisar su currículum completo para determinar si aporta experiencia práctica relevante o si su postulación responde más a factores políticos o de cercanía con algún bloque legislativo.
Silvia Meraz Mendiaz…mmmm
Abogada con maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación. Su especialización coincide directamente con el núcleo del control de la legalidad en el gasto público. Puede ofrecer un enfoque técnico-jurídico equilibrado y experiencia probable en procedimientos administrativos sancionatorios, lo que fortalecería la solventación de responsabilidades.
Luis Eduardo Nesbitt Almeida, se ve flojo
Licenciado en Derecho sin posgrados mencionados en el boletín. Al igual que Rodríguez Domínguez, la información pública es limitada. Su perfil base en derecho le da entrada mínima, pero necesitará demostrar experiencia concreta en auditoría o fiscalización para competir con candidatos de mayor especialización.
David Alfredo Ortega Castillo, podría ser
Abogado con maestría en Impuestos. Su especialidad fiscal lo convierte en uno de los perfiles más atractivos para revisar ingresos estatales, fondos federales y posibles desvíos en participaciones. Puede aportar capacidad técnica para detectar irregularidades en materia de ingresos y obligaciones fiscales de entes públicos.
Gustavo Adolfo Esparza Sáenz, sabe auditar
Licenciado en Derecho y candidato a maestría en Auditoría. Es el único que cursa actualmente el posgrado específico que da nombre al cargo. Combina formación jurídica con especialización directa en auditoría gubernamental, lo que lo posiciona como un perfil en ascenso, con conocimiento fresco de las normas más recientes (NASF, LAW, etc.).
Colofón
En resumen, la lista combina continuidad (Acosta Félix), perfiles técnico-contables (Bojórquez, Ortega), jurídicos de alto nivel (Gutiérrez Sotelo, Hernández Austria, Meraz) y algunos con información aún insuficiente (Rodríguez y Nesbitt). El Panel de Especialistas tendrá que ponderar experiencia práctica versus renovación, especialización técnica versus trayectoria política, en un proceso que definirá el rumbo de la fiscalización en Chihuahua los próximos siete años.
