Aval de Maru a Fernanda Martínez
El video publicado por Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, no fue un simple mensaje de apoyo a Santiago de la Peña. Fue una intervención directa y dura en la contienda interna del PAN por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua. En él, Martínez cuestionó la calidad moral de otros aspirantes al afirmar que quien no es capaz de respetar, cuidar y ser fiel a su propia familia, tampoco podrá cuidar un municipio. Con esas palabras, señaló de manera implícita a perfiles con trayectoria en el partido, generando inmediato malestar entre militantes.
Lo más preocupante no fue solo el contenido del video, sino el respaldo público que le dio la gobernadora María Eugenia Campos. En declaraciones recientes, Maru Campos minimizó la polémica con frases claras: “No sé cuál es el lío”, “se pusieron el saco” y “cada quien es libre de manifestar su apoyo”. Además, insistió en que el mensaje de Martínez no mencionaba nombres y que las críticas eran exageradas. Con estas palabras, la mandataria estatal pasó de ser árbitro a tomar partido de forma visible.
Esta actitud resulta imprudente. La gobernadora debería ser la principal figura que busque gobernabilidad y unidad, especialmente dentro de su propio partido. En momentos de definición de candidaturas, las tensiones internas son normales, pero cuando la jefa del Ejecutivo las minimiza o las justifica, el efecto es el contrario: se profundiza la división y se genera desconfianza entre militantes y cuadros con años de militancia.
Lamentablemente, Maru Campos ya no cuenta con el asesoramiento cercano de César Jáuregui, quien durante los últimos quince años fue un actor clave en la toma de decisiones políticas más delicadas. Jáuregui, con su experiencia como exsecretario de Gobierno y exfiscal, siempre privilegió la prudencia, el diálogo y la contención de conflictos públicos. Su ausencia se nota en la forma en que se manejó este episodio.
El PAN en Chihuahua enfrenta un reto importante de cara a las próximas elecciones. Necesita unidad y propuestas claras, no señales de guerra interna. Cuando la propia gobernadora avala acciones que dividen, envía un mensaje equivocado: que las lealtades personales pesan más que la estabilidad del partido. Este tipo de imprudencias pueden costar caro en la calle y en las urnas.
La gobernadora “destapa”
La gobernadora Maru Campos sacudió el escenario político estatal al destapar de forma abierta a cuatro de sus colaboradores más cercanos para el próximo proceso electoral. En su mensaje, la mandataria se limitó a poner los nombres sobre la mesa y a proyectar a su equipo de confianza, dejando en el terreno del conocimiento público las posiciones específicas que cada uno de ellos busca y opera desde hace tiempo.
En primer término sobresale Santiago de la Peña, actual secretario general de Gobierno, cuya meta y trabajo político están claramente orientados a competir por la alcaldía de la capital del estado. En segundo término aparece Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal, quien mantiene la mira puesta en la candidatura a la gubernatura. A ellos dos se suman el secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Humano, Rafael Loera, y el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, completando el grupo de cuatro funcionarios que el oficialismo impulsa de cara a los siguientes comicios.
La aspiración de Gilberto Loya no es ninguna sorpresa para quienes siguen la política local, sino la confirmación de una estrategia que lleva meses desplegándose. El secretario mantiene una larga y costosa precampaña visible en todo el estado mediante espectaculares, bardas y redes sociales. Sin embargo, en el círculo político esta inversión se percibe prácticamente como dinero tirado a la basura, dado que sus posibilidades reales de convertirse en el candidato oficial son nulas, aún con el cobijo de la gobernadora.
El sinsentido de esta campaña radica en que el actual alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza, está sumamente perfilado y posicionado, con una ventaja tan amplia que la candidatura al poder ejecutivo parece definida de antemano. El perfil de Loya, ligado a un área tan compleja y desgastante como la seguridad, no compite con la estructura del alcalde.
El verdadero juego de la gobernadora al meter a Loya en este bloque es puramente estratégico. Maru Campos lo utiliza como un elemento de contención y equilibrio interno. Al alimentar la ficción de una contienda por la gubernatura, evita la pérdida de poder que sufren los gobernantes al final de su periodo y obliga al equipo de Bonilla a mantenerse alineado con Palacio de Gobierno. Además, eleva el valor de cambio de Loya para negociar otras posiciones de consolidación, asegurando que el control absoluto de la sucesión quede en sus manos.
La privatización del espacio público
La transformación de la Plaza de la Mexicanidad en un espacio predominantemente comercial y de cobro ha abierto un debate profundo sobre la naturaleza del espacio público en Ciudad Juárez. Lo que originalmente se planeó como un punto de encuentro cívico, cultural y de libre acceso para la ciudadanía, construido en su totalidad con recursos de los contribuyentes, opera hoy bajo una dinámica que prioriza la rentabilidad financiera por encima de su función social.
El desplazamiento de eventos cívicos fundamentales es la prueba más clara de este cambio de prioridades. La decisión de trasladar la celebración del Grito de Independencia en septiembre pasado hacia la zona de El Chamizal, provocando un severo colapso vial en los accesos al Puente Libre, evidenció el conflicto de interés entre el calendario cívico de la ciudad y los compromisos comerciales de la plaza, la cual se encontraba ocupada por la Feria del Tequila. Este hecho demuestra que el recinto ya no se gestiona bajo una lógica comunitaria, sino bajo criterios de agenda privada y explotación de nichos de mercado.
A los eventos tradicionales como la Feria Juárez y el Bike Fest se han sumado constantes espectáculos musicales, ferias comerciales y exposiciones de marcas privadas que restringen el libre tránsito de los juarenses mediante vallas y taquillas. Esta privatización temporal e intermitente convierte a la plaza en un macro salón de eventos al aire libre, un negocio altamente lucrativo debido a la inmejorable ubicación geográfica y la infraestructura con la que cuenta el lugar.
La opacidad en el manejo de esos ingresos es el fondo del problema y lo que legítimamente despierta suspicacia en la opinión pública. Al tratarse de un bien público que genera rentas millonarias por concepto de permisos, uso de suelo y concesiones exclusivas, la falta de claridad sobre el destino exacto de ese dinero alimenta la sospecha de corrupción o desvío de fondos.
Este modelo de explotación ha resultado ser tan buen negocio, y el destino de las ganancias permanece en tal oscuridad, que el mismo plan de negocios ya se proyecta replicar en el recién inaugurado Parque Urbano Suroriente. Este nuevo espacio, que costó más de 259 millones de pesos al erario público, cuenta con atractivos de gran convocatoria como una moderna concha acústica para conciertos masivos y un tobogán gigante de 14 metros de altura.
La estrategia apunta a repetir la fórmula: utilizar la infraestructura y el suelo público para generar jugosos ingresos privados bajo la ospecha de que sólo una fracción ingresará a las cajas de la tesorería municipal. Un análisis político crítico obliga a señalar que, mientras las ganancias de estas ferias y eventos se privatizan o se diluyen en la burocracia, los costos operativos, el desgaste del espacio y las afectaciones viales los sigue pagando la ciudadanía.
