Washington, D.C.- En el corazón de una escalada militar que ha tensado las relaciones en el Caribe, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió este martes los bombardeos contra embarcaciones narcotraficantes, afirmando que «apenas hemos comenzado a atacar barcos y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense». La declaración, hecha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump, llega en medio de críticas por posibles crímenes de guerra y un supuesto éxito: una reducción del 91% en el ingreso de drogas por mar, según Trump.
Los ataques, iniciados el 2 de septiembre de 2025, han destruido al menos 22 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, dejando más de 82 muertos, principalmente venezolanos y colombianos vinculados a grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Trump, quien designó a estas bandas como «organizaciones terroristas» en enero, justificó la ofensiva como una «guerra contra el narcoterrorismo», argumentando que protege a los estadounidenses de la crisis de opioides. «Las drogas que entran por el mar han disminuido un 91 por ciento», presumió el mandatario, aunque expertos cuestionan la cifra por falta de evidencia independiente y señalan que el fentanilo, principal causante de sobredosis, proviene mayoritariamente de México, no de Venezuela.
El epicentro de la controversia es el primer bombardeo del 2 de septiembre contra una narcolancha venezolana. Un informe del Washington Post del 28 de noviembre reveló que, tras el impacto inicial que dejó dos sobrevivientes aferrados a los restos en llamas, el almirante Frank Bradley ordenó un segundo misil para eliminarlos, cumpliendo supuestamente una directiva verbal de Hegseth de «matar a todos». Fuentes anónimas del Pentágono describieron la escena como un acto en la «niebla de la guerra», pero demócratas como Chuck Schumer lo tildaron de «crimen de guerra» y «vergüenza nacional». La Casa Blanca confirmó el segundo ataque pero lo atribuyó a Bradley, respaldándolo como «decisión en situaciones difíciles». El Congreso, con apoyo bipartidista de Mike Rogers y Adam Smith, prepara una investigación para examinar si viola el derecho internacional, que prohíbe atacar a heridos o náufragos.
Hegseth, confirmado en enero de 2025 tras un voto de desempate de JD Vance pese a acusaciones de agresión sexual y malversación, minimizó su rol: «Vi el primer ataque, pero me fui a otra reunión. No vi sobrevivientes; estaba en llamas». Insistió en la legalidad: «Todos los ataques son conformes al derecho de la guerra, aprobados por abogados militares». Trump, por su parte, amenazó con expandir las operaciones a tierra en Colombia y Venezuela, presionando al régimen de Nicolás Maduro, a quien acusa de complicidad narco. Relaciones con aliados como Colombia se han enfriado; el presidente Gustavo Petro denunció la muerte de un pescador colombiano en un ataque del 15 de septiembre, y el Reino Unido suspendió inteligencia compartida por temor a complicidad ilegal.
Expertos en narcotráfico, como Dan Foote, exfuncionario del Departamento de Estado, advierten que los bombardeos son «contraproducentes»: los carteles adaptan rutas y ven las pérdidas como «costo de negocio», sin impacto significativo en el flujo de cocaína. Organismos como la ONU han condenado los ataques como «ejecuciones extrajudiciales», y Venezuela los califica de «agresión imperialista». Mientras, el despliegue naval —con destructores, F-35 y submarinos nucleares— genera temor de escalada hacia un cambio de régimen en Caracas.
Esta ofensiva, enmarcada en la «doctrina Trump» de fuerza letal contra amenazas asimétricas, divide opiniones: para la base republicana, es un triunfo contra el «veneno» que mata 100,000 estadounidenses al año por opioides; para críticos, erosiona el derecho internacional y alianzas regionales. Con 21 strikes confirmados y pausas por «falta de blancos», Hegseth prometió más: «La disuasión es el objetivo». El Caribe, ruta histórica de drogas, se convierte en tablero geopolítico donde la guerra contra narcos choca con dilemas éticos y legales.
