¡Al fin! Maru baja a Loya
La reciente decisión de la gobernadora Maru Campos de ratificar a Gilberto Loya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública hasta el final del sexenio marca un momento de lucidez y aceptación de la realidad política en el estado. Con este anuncio se cierra un episodio donde la mandataria había apostado por encandungar a Loya con la improbable posibilidad de llegar a ser candidato del PAN a la gubernatura. Desde febrero del año pasado, Campos dio muestras públicas y ostentosas de que Marco Bonilla no era su candidato. Aquella postura resultó extraña, sobre todo porque la colaboración entre ambos había sido de muchos años y exitosa.
Al parecer, el destete de Bonilla le pareció prematura y en la arrogancia del ejercicio del poder quiso hacer sentir su poder, pero Bonilla nunca sintió frío, ya que desde por lo menos un trimestre antes se hacían encuestas entre panistas y su aceptación se movía entre el setenta y el ochenta por ciento. Con el paso de los meses, la pretensión de impulsar a Loya en la contienda se veía, por decirlo con diplomacia, ridícula.
Ahora, al bajar a Loya de la contienda, la gobernadora al parecer acepta la realidad de que los panistas hace más de veinte meses decidieron que Bonilla sería su candidato para la elección del próximo año. Este ajuste en la postura oficial refleja un ejercicio necesario de sensatez política. En la antesala de un proceso electoral complejo y competitivo, la confrontación interna amenazaba con desgastar a los principales activos del panismo chihuahuense.
Al poner los pies sobre la tierra y ordenar las piezas del tablero, la administración estatal opta por la congruencia y la estabilidad, entendiendo que la sucesión gubernamental no se construye desde caprichos cupulares, sino a partir del peso específico, los resultados de gobierno y el respaldo ciudadano que cada operador ha sabido cosechar en el territorio.
Bonilla y Alito avanzan en alianza
La estrategia política en Chihuahua rumbo al proceso electoral de 2027 ha comenzado a revelar movimientos de calado profundo, evidenciados recientemente cuando el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, discutieron pública y telefónicamente la conformación de una alianza opositora. Esta afirmación de Bonilla, al señalar que la construcción de un frente amplio va mucho más avanzada de lo que se admite en el discurso oficial, expone una reingeniería electoral en marcha que busca blindar y replicar el modelo de coalición que ya demostró ser exitoso en las urnas.
Este panorama cobró relevancia el martes pasado durante su participación en el espacio de Atypical TV. En plena transmisión, el alcalde sostuvo una llamada telefónica en vivo con Moreno Cárdenas, donde hablaron abiertamente sobre una posible alianza. El intercambio no solo evidenció una sintonía política fluida y un tono de mutuo entendimiento, sino que concretó un acuerdo operativo: la próxima visita del líder priista a la capital del estado para evaluar las condiciones y los términos de una coalición formal. La sintonía pública reflejada en esa charla apunta a que ambas fuerzas caminan bajo el mismo rumbo estratégico.
Dicho acercamiento a nivel cupular no surge de la nada ni responde a un chispazo coyuntural. La cercanía del alcalde con las bases priistas quedó de manifiesto hace apenas unos días, cuando Bonilla fue el invitado especial del congreso estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), uno de los sectores del PRI. Este gesto no pasó desapercibido, pues reafirma su integración en la dinámica tricolor mientras se prepara el terreno para el 2027.
Desde hace meses, la dirigencia estatal del PRI en Chihuahua ha operado de manera consistente como la principal promotora de un bloque opositor unificado. Esta persistencia encuentra en Marco Bonilla a un aliado pragmático, quien tiene presente que su victoria en 2024 fue producto de la coalición PAN-PRI-PRD. Para Bonilla, la rentabilidad política de sumar estructuras no es teoría, sino una fórmula probada.
Este entramado de señales confirma que la sucesión en Chihuahua ha adelantado sus tiempos. La apuesta por un frente amplio responde a un ejercicio de realismo donde los actores entienden que la fragmentación es el camino hacia la derrota. La próxima visita de la dirigencia priista marcará la pauta para medir la verdadera tracción de estos acuerdos que hoy se consolidan con el respaldo de una comunicación abierta.
Juarenses pagaran posada de ingenieros
Resulta indignante y francamente inaceptable que el erario de Ciudad Juárez sea utilizado para subsidiar con dos millones de pesos al Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez. Financiar con dinero de los contribuyentes actividades tan absurdas como un torneo de golf, o pretender asignar 250 mil pesos para la adecuación y mejoramiento de infraestructura en escuelas públicas —como si esa fuera la función o la tarea de los ingenieros—, es un despropósito que no encuentra justificación en una ciudad con tantas carencias básicas.
El desglose de los doce conceptos presentados en la solicitud descalifica por sí mismo la petición por lo absurdo de sus motivos. ¿Qué necesidad tiene la ciudadanía de financiar con 350 mil pesos un torneo de golf con causa para programas institucionales, un deporte practicado por un sector que dista mucho de requerir asistencia pública, especialmente considerando que entre los ingenieros civiles existen escasos golfistas? A esto se suman partidas tan incongruentes como 300 mil pesos para una posada institucional acompañada de jornada de capacitación, 200 mil pesos para celebrar el 55 aniversario del colegio con cena y programa artístico, o 50 mil pesos para un Día de Muertos y concurso de altares.
Es excesivo e insultante pretender que la administración pública cargue con los gastos de convivios privados y celebraciones gremiales de un grupo que, lejos de ser vulnerable, agrupa a profesionales que en su mayoría poseen una situación económica privilegiada. Resulta insólito que se destinen recursos públicos a rubros tan ajenos a su labor técnica como 100 mil pesos para participar en el programa «Juárez Amanece Limpio», 50 mil pesos para una jornada cívica por las fiestas patrias, o 200 mil pesos para una carrera pedestre de la construcción.
Aquí aplica a la perfección el dicho de que «piensa mal y acertarás». La opacidad y la sospecha son inevitables cuando se observa esta transferencia de recursos aprobada por la Comisión Municipal de Gasto y Financiamiento. En los pasillos del sector construcción se asegura, con creciente insistencia, que el tradicional diezmo por la asignación de obra pública —que históricamente se mencionaba como un diez por ciento— ha escalado a un veinte por ciento por cada contrato entregado bajo la mesa. Ante este contexto, el subsidio de dos millones de pesos se antoja no como un apoyo institucional, sino como un mecanismo de retorno; una forma de devolver, mediante vías aparentemente legales, una parte de los excedentes generados por las licitaciones y adjudicaciones dirigidas.
Es fundamental cuestionar la ética de quienes solicitan estos recursos y la irresponsabilidad de quienes los autorizan desde el Ayuntamiento. Un gremio de millonarios no debería estirar la mano hacia el presupuesto municipal para financiar desde fiestas y torneos de golf hasta supuestos programas comunitarios que con sólo mencionarlos se descalifican solos.
La sociedad juarense no está para financiar la vida social y los festejos de una élite profesional que debería ser autosuficiente. Este tipo de acuerdos no solo lesionan las finanzas municipales, sino que profundizan la desconfianza ciudadana hacia la gestión pública, confirmando la percepción de que el poder político y los grandes intereses económicos operan en un círculo cerrado, ajeno a las necesidades reales de la población. Es un manejo discrecional del dinero ajeno que raya en el cinismo.
