A sacar la espina de Chihuahua
El pasado 24 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el 31 de mayo de 2026 realizará un informe de rendición de cuentas transmitido simultáneamente en las plazas principales de las 32 entidades del país. Oficialmente, se trata de conmemorar “dos años del triunfo electoral” del 2 de junio de 2024. Los dos años exactos de su victoria se cumplen el 2 de junio, y los dos años de gobierno iniciado, el 1 de octubre. El evento del 31 de mayo, empata la fecha de su triunfo efectivamente pero también responde a una estrategia de posicionamiento más que a una celebración protocolaria.
Apenas dos semanas antes, el 16 de mayo, Morena convocó una marcha en Chihuahua contra la gobernadora Maru Campos. El resultado fue un sonoro fracaso: asistencia muy por debajo de lo esperado, abucheos a la dirigencia nacional, acusaciones de acarreados y críticas internas. Lo que debía ser una demostración de fuerza en territorio opositor terminó exhibiendo debilidades de convocatoria y desconexión con sectores importantes de la población. Esa “espina” quedó clavada en el imaginario político.
El llamado a ocupar las 32 plazas parece una respuesta directa a ese revés. Tras el fiasco chihuahuense, el oficialismo necesita proyectar músculo territorial y unidad nacional. Una movilización descentralizada genera imágenes potentes de plazas llenas, transmisión simultánea y mensaje unificado, ideal para contrarrestar la narrativa de pérdida de control de las calles.
Además, el timing coincide con un momento delicado para las bases morenistas. Las encuestas más recientes muestran una caída en la aprobación de Sheinbaum y de Morena. Algunas mediciones la sitúan entre 59% y cifras incluso más bajas, lejos del 80% inicial. El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, ha generado nerviosismo, divisiones y percepción de corrupción en un partido que construyó su narrativa sobre la honestidad.
En este contexto, el evento del 31 de mayo busca inyectar ánimo a unas bases que se muestran inquietas ante el desgaste rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Se trata de reafirmar que Morena sigue siendo “dueña de las plazas”, celebrar logros selectivos y defender la soberanía como eje narrativo, mientras se distrae la atención de los problemas internos.
Convocar una operación de esta escala implica costos importantes en logística, pantallas, sonido, transporte y coordinación. Pero el objetivo político parece claro: sacarse la espina de Chihuahua, demostrar que aún pueden llenar espacios públicos a nivel nacional y recomponer el entusiasmo interno. Más que una rendición de cuentas técnica, es una operación de reforzamiento de imagen en un momento de vulnerabilidad. La eficacia se medirá por la asistencia real y el impacto en la opinión pública de las próximas semanas.
Rocha más igual que Maru
Tras un intenso tour de medios en la CDMX, donde la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, arremetió con dureza contra la 4T por su manejo de la seguridad y la injerencia federal en los estados opositores, llegó el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR). La mandataria panista lo vinculó directamente a sus declaraciones críticas, interpretándolo como represalia política. La FGR la cita como testigo en la investigación sobre el operativo en la sierra Tarahumara de Chihuahua, donde participaban presuntamente agentes estadounidenses vinculados a la CIA, que derivó en un accidente fatal. Campos, amparada por fuero constitucional, no está obligada a asistir, aunque ha anunciado que comparecerá el 27 de mayo “dando la cara”, posicionándose como víctima de una persecución que castiga a quienes combaten el crimen mientras se tolera la impunidad.
En paralelo, la misma FGR invita a rendir declaración a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios morenistas, por las graves acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Rocha enfrenta imputaciones por presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, recibiendo supuestamente apoyo electoral y protección a cambio de favores al narco. Pese a contar con ficha roja de Interpol —que activa alertas internacionales para su posible detención—, permanece en México bajo protección de la Guardia Nacional y el amparo político de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha minimizado el asunto como “procedimientos legales” sin vigilancia especial.
Este contraste revela un patrón preocupante de selectividad. Mientras se activa con celeridad el aparato federal contra una gobernadora opositora que se atrevió a cuestionar públicamente el centralismo morenista y la supuesta colaboración con autoridades extranjeras para combatir narcolaboratorios, se mantiene un escudo protector sobre un aliado implicado en narcopolítica por la justicia estadounidense. La 4T, que históricamente denunció injerencias externas y abrazos no balazos, ahora parece tolerar —o al menos no confrontar con la misma energía— acusaciones graves de captura de un estado entero por el crimen organizado cuando involucran a sus cuadros.
El caso ilustra la erosión institucional bajo el pretexto de “autonomía” de la FGR. En la práctica, la Fiscalía actúa con mayor diligencia contra críticos del régimen que contra figuras incómodas pero alineadas. Maru Campos representa la resistencia opositora en el norte; Rocha, la vulnerabilidad de Morena ante el poder real del narco en sus bastiones. La protección diferenciada no solo socava la credibilidad de las instituciones, sino que profundiza la polarización: se persigue la crítica mientras se blinda la presunta complicidad. En un país donde la seguridad es el principal reclamo ciudadano, esta desigualdad ante la ley alimenta la percepción de que, para la 4T, la lealtad política pesa más que la rendición de cuentas. La comparecencia de ambos marcará un precedente sobre si México avanza hacia un auténtico Estado de derecho o consolida un sistema de justicia a la carta.
La selectiva memoria de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum exhibe en sus discursos una notable inconsistencia al valorar la responsabilidad política según la ideología del actor involucrado, el tiempo transcurrido y la conveniencia narrativa. Esta selectividad revela más una estrategia de polarización que una sólida doctrina de justicia o memoria histórica.
El 22 de mayo de 2026, Sheinbaum calificó de “despropósito” e “injerencista” la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Cuatro personas murieron: tres ciudadanos estadounidenses y un cubanoamericano. “¿Qué sentido tiene que acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, preguntó en conferencia matutina, enmarcándolo en la histórica “visión injerencista” de Washington hacia Cuba. El hecho ocurrió cuando Castro era ministro de las Fuerzas Armadas. La ONU condenó el ataque en su momento.
En contraste, Sheinbaum mantiene a Felipe Calderón como chivo expiatorio recurrente de la violencia en México, a pesar de que dejó el poder hace casi 14 años. En noviembre de 2025 y aún en 2026, lo responsabilizó directamente de la crisis en Michoacán y de la escalada general de homicidios, atribuyéndolo a su “guerra contra el narco”. Ignora o minimiza que los sexenios posteriores —incluido el de Andrés Manuel López Obrador— han sido más largos y que las dinámicas de los cárteles evolucionaron con nuevas estrategias y fallas propias. El pasado reciente de un adversario político no prescribe; el de un aliado ideológico, sí.
Más llamativo resulta el énfasis en Hernán Cortés y la Conquista de hace más de 500 años. Durante la conmemoración del 5 de mayo de 2026 y en respuesta a Isabel Díaz Ayuso, Sheinbaum denunció las “atrocidades” del conquistador —matanza de Cholula, esclavitud, marcaje de indígenas— y sentenció que quienes lo reivindican “están destinados a la derrota”. Publicó incluso un edicto de Carlos I de 1548 para legitimar la crítica. La historia colonial se convierte en herramienta política viva para construir identidad y contraponer “pueblos originarios” versus “derecha”.
Esta gradación arbitraria del tiempo —30 años: demasiado; 14 años: vigente; 500 años: fundacional— expone un doble rasero. Los crímenes de regímenes de izquierda o “antiimperialistas” merecen impunidad por el paso de los años y el principio de soberanía. Los errores o decisiones de gobiernos de centro-derecha mexicano se eternizan como causa estructural. Y los pecados coloniales europeos se reactivan selectivamente para alimentar narrativas victimistas.
Esta inconsistencia debilita la credibilidad discursiva. No se trata de una ética universal de derechos humanos o de rendición de cuentas, sino de un pragmatismo ideológico donde la memoria histórica es arma arrojadiza, no principio rector. México enfrenta desafíos reales de violencia, impunidad y reconciliación con su pasado complejo. Atribuirlos mecánicamente a enemigos políticos o a conquistadores lejanos, mientras se absuelve a contemporáneos con legados represivos, no resuelve problemas: solo perpetúa divisiones y evade responsabilidades presentes.
Café cargado a Alcalde Luján
Las tensiones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde comenzaron a manifestarse con mayor claridad a finales de 2025 y se acentuaron durante los primeros meses de 2026. Aunque Alcalde llegó a la dirigencia nacional de Morena con el respaldo de Sheinbaum, surgieron diferencias por la autonomía que mantenía el partido, la coordinación interna y los resultados en la preparación de las elecciones intermedias de 2027. Un factor clave fue el empoderamiento de Arturo Ávila, pareja de Alcalde, quien desde su rol como vocero parlamentario de Morena comenzó a actuar con un protagonismo excesivo: se movía como si fuera el dirigente nacional del partido, realizaba reuniones no autorizadas con gobernadores y aspirantes a candidaturas, y generaba la percepción de arrogancia y opacidad que opacaba la figura de Alcalde. Esto terminó hartando a Sheinbaum, quien ya tenía a Ávila en una lista de desconfianza por su historial previo de cercanía con otras corrientes, como la de Adán Augusto.
Sheinbaum optó por fortalecer el control directo desde el Ejecutivo. Entre los episodios más visibles destacan la decisión de invitar a Alcalde a dejar la presidencia de Morena para asumir la Consejería Jurídica del Ejecutivo en abril de 2026, movimiento que en círculos políticos se leyó como un desplazamiento estratégico. Posteriormente, durante una mañanera, la presidenta la interrumpió de manera seca con la frase “toma tus cositas, por favor”, un momento que generó interpretaciones de humillación pública. Más recientemente, en mayo de 2026, Sheinbaum incurrió en una confusión de nombre al referirse a ella como “María Luisa Albores” en dos ocasiones durante una conferencia, incluso al intentar corregirse.
Este reajuste permite a Sheinbaum consolidar un mayor control sobre Morena de cara a las elecciones de 2027, minimizando riesgos de corrientes autónomas y facilitando la definición de candidaturas. Alcalde conserva un puesto institucional relevante, pero pierde peso operativo en el partido. Su futuro dependerá de su capacidad para demostrar lealtad y bajo perfil. Para Sheinbaum el saldo es favorable en lo inmediato, pues refuerza un estilo de liderazgo más vertical. Sin embargo, la forma en que se han manejado estas fricciones podría generar malestares subterráneos en la militancia y cuadros intermedios, factores que podrían complicar la unidad hacia 2030. El caso refleja la progresiva consolidación de poder de Sheinbaum en la actual administración.
