La reciente publicación de la misiva de cinco cuartillas por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado de ser un simple posicionamiento ideológico para convertirse, a los ojos de analistas y sectores de la oposición, en un abierto acto de injerencia política sobre la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. El documento, emitido desde su retiro voluntario, irrumpe con estridencia en la conducción de la política exterior mexicana en un momento crítico de reajustes institucionales con los Estados Unidos. Con una narrativa saturada de soberbia, el exmandatario pretende imponer directrices discursivas a la actual titular del Ejecutivo federal, debilitando la figura presidencial y limitando su margen de maniobra diplomática bajo una suerte de tutela política que violenta la autonomía del nuevo gobierno.
El núcleo de la controversia radica en la flagrante desconexión con la realidad que exhibe López Obrador al asegurar de forma implícita que durante su gestión todos los grandes problemas nacionales se resolvieron de manera correcta, intentando posicionar la falsa premisa de que las actuales tensiones bilaterales y las crisis de seguridad son responsabilidad exclusiva del gobierno en funciones. Esta postura pasa por alto que la violencia y el empoderamiento de los cárteles que hoy asfixian al país no surgieron de forma espontánea, sino que representan la herencia directa y el resultado acumulado de las omisiones estructurales y las cuestionables alianzas políticas cultivadas durante su propio sexenio.
Los nombres de la complicidad
El intento del expresidente por lavar su legado histórico choca de frente con la realidad territorial de los estados gobernados por sus aliados políticos más cercanos, cuyas administraciones se encuentran sumidas en el descrédito y bajo la sospecha de colusión con el crimen organizado. El análisis periodístico de fondo no puede omitir que los focos rojos de la violencia actual están directamente vinculados a figuras de su círculo íntimo, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal, personajes promovidos por el tabasqueño que hoy presiden entidades donde la soberanía del Estado mexicano ha sido cedida fácticamente a las organizaciones del narcotráfico.
A este panorama de descomposición institucional se suma la responsabilidad histórica de Alfonso Durazo Montaño, quien se desempeñó como el primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del sexenio obradorista y actual gobernador de Sonora. Fue bajo el mando de Durazo donde se consolidó la criticada estrategia de abrazos, no balazos, un repliegue operativo de las fuerzas federales que permitió la expansión territorial de los grupos delictivos y que detonó episodios de sumisión institucional tan graves como el fallido operativo militar en Culiacán. El intento de López Obrador por responsabilizar a la administración actual de la tragedia bilateral constituye un acto de cinismo político que ignora que los incendios del presente fueron alimentados por la negligencia y la impunidad de su propio equipo de trabajo.
El enérgico rechazo del exmandatario a que las agencias de Washington clasifiquen a las bandas criminales mexicanas como organizaciones terroristas se devela entonces no como una auténtica defensa de la jurisdicción nacional, sino como un escudo retórico para encubrir el fracaso de su política de seguridad. Al utilizar el concepto de soberanía para frenar la fiscalización internacional, la misiva intenta proteger de manera retrospectiva un modelo de gobernanza que toleró la consolidación de feudos delincuenciales en estados estratégicos. La insistencia en dictar la agenda desde Palenque solo confirma el temor de que una eventual cooperación bilateral profunda exponga los alcances de la complicidad y la ineficacia que caracterizaron a las administraciones de sus gobernantes de confianza en el norte y costa del Pacífico del país.
