Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye a las instituciones bancarias a implementar revisiones más exhaustivas sobre la ciudadanía de sus clientes. El decreto forma parte de la estrategia del gobierno federal para restringir el acceso a servicios financieros a las personas que residen en el país sin autorización legal.
La nueva disposición federal instruye a los departamentos gubernamentales y a los reguladores del sector bancario a rastrear indicios de apertura de cuentas corrientes, tarjetas de crédito o aprobación de préstamos a nombre de individuos que carezcan de estatus migratorio regular. No obstante, el alcance del documento final resultó menos estricto de lo anticipado por las corporaciones financieras, ya que no impuso la obligación absoluta de recopilar los datos de origen de todos los cuentahabientes.
El argumento central de la Casa Blanca para justificar la medida es la mitigación de los riesgos crediticios y la protección del sistema financiero, bajo la premisa de que un cliente sujeto a deportación representa un peligro de impago al verse imposibilitado para reembolsar sus compromisos monetarios. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó la iniciativa al señalar públicamente que las normativas de conocimiento del cliente deben contemplar de forma clara si el usuario posee una residencia legal o la ciudadanía estadounidense.
En respuesta, el sector bancario mantuvo durante meses una intensa campaña de cabildeo para suavizar la orden, argumentando que una recopilación forzosa de datos migratorios implicaría costos excesivos y una carga burocrática inviable. Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advirtieron que este tipo de políticas institucionales fomentan la exclusión de las comunidades vulnerables, orillándolas a abandonar los canales financieros formales.
La orden presidencial se suma a otras restricciones económicas dirigidas a la población migrante en la Unión Americana. Entre los antecedentes recientes destaca la política implementada por el Departamento del Tesoro para reclasificar ciertos créditos fiscales reembolsables, lo que ha bloqueado el acceso a beneficios públicos a trabajadores indocumentados, afectando incluso a beneficiarios de programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y a personas con Estatus de Protección Temporal.
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