Ciudad de México.- El plazo voluntario para que Ricardo Salinas Pliego saldara su deuda fiscal de 51 mil millones de pesos con el SAT expiró este viernes 23 de enero de 2026 sin que el empresario realizara el pago ni aceptara el descuento del 39% que habría rebajado el monto a poco más de 30 mil millones.
El dueño de Grupo Salinas y TV Azteca abandonó la ciudad durante el fin de semana y mantuvo su tono desafiante en redes sociales. Ante la pregunta sobre un posible embargo, respondió: “Veremos si se animan… ¿usted qué apuesta?”, dejando entrever que no piensa ceder.
El adeudo proviene de irregularidades en la declaración de pérdidas de Elektra entre 2008 y 2013, con recargos acumulados por hasta 17 años. Salinas Pliego agotó todas las instancias judiciales nacionales: tribunales colegiados fallaron siempre a favor del SAT y, en noviembre de 2025, la Suprema Corte desechó sus amparos por no implicar temas de constitucionalidad ni interés excepcional.
Una reforma legislativa de 2025 restringió el recurso de amparo para grandes deudores fiscales, obligándolos a usarlo directamente y eliminando vías de dilación. Según la fiscalista Patria López (UNAM), el impago activa desde este lunes el procedimiento de ejecución: requerimiento en el domicilio fiscal y, de no pagarse, embargo precautorio de bienes hasta cubrir el adeudo, seguido de valuación y remate.
Aunque el 13 de enero el empresario denunció al Estado mexicano ante la CIDH por “persecución política”, ese proceso internacional puede tardar años y no detendrá el cobro forzoso en México.
Salinas Pliego escala la confrontación política con la presidenta Claudia Sheinbaum —continuadora de la estrategia recaudatoria de AMLO que elevó la recaudación 4.8% el último año sin reforma fiscal—. Publicó una foto con gorra del MACC (Movimiento Anticrimen y Anticorrupción), emulando el MAGA de Trump, y ha visitado a Nayib Bukele y recorrido Estados Unidos en medio de la crisis de sus empresas.
El Gobierno no ha precisado los pasos inmediatos, pero expertos estiman que el cobro forzoso podría resolverse en el ámbito nacional antes de fin de año, con el Estado recuperando los recursos adeudados.