Velatorio por la transparencia
En un desayuno que pareció más velorio que celebración por los 20 años del Ichitaip, María Marván confirmó lo que todos sospechábamos: la reforma de diciembre de 2024 enterró vivo al último órgano que le hacía cosquillas al poder. Ahora el vigilante duerme en el cuarto del vigilado y, como era de esperarse, nadie escucha los ronquidos de la autonomía. ¿Quién fiscaliza al fiscalizador cuando este cobra en la misma nómina que el fiscalizado? Exacto: nadie.
Seguridad nacional de risa
El pretexto favorito del sexenio se llama “seguridad nacional” y sirve para todo: desde ocultar el sobrecosto del Tren Maya hasta esconder cuántos millones se esfumaron en Santa Lucía. Marván lo dijo sin anestesia: antes el Ejército entregaba hasta las bitácoras de los helicópteros presidenciales; hoy, con solo pegar la etiqueta mágica, cualquier obra faraónica se vuelve secreto de Estado. Así cualquiera gobierna tranquilo.
El vigilante dentro del corral
Lo más cómico —si no fuera trágico— es que la regresión no nació en diciembre. Lleva años cocinándose desde que convertimos a las Fuerzas Armadas en constructora, aerolínea y banco todo en uno. La reforma solo puso el moño: ahora el organismo que debe abrir la información forma parte del mismo organigrama que la clasifica. Es como nombrar al lobo presidente de la asociación de ovejas.
Chihuahua, última trinchera
Aún queda una rendija y está en los estados. Marván dejó caer el desafío: si Chihuahua decide no doblar la cerviz, puede convertirse en el único lugar del país donde la transparencia no sea palabra muerta. El Ichitaip y el gobierno local tienen la pelota; la pregunta es si alguien se atreve a patear o si, como siempre, preferimos seguir aplaudiendo mientras nos mean y nos dicen que llueve.
Loya, confesión disfrazada
El secretario Gilberto Loya reduce una masacre de civiles —ocurrida en pleno día y en una vía pública— a un simple “ajuste de cuentas” o “vendetta” entre grupos criminales, como si eso exculpara al Estado de su responsabilidad primordial: garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, no solo vigilar que los delincuentes se maten entre sí con discreción. Presentar el multihomicidio como una rencilla privada que “ya se veía venir” desde el caso Maturana del año pasado equivale a admitir, sin rubor, que tuvo más de doce meses para desarticular a esas células y no lo hizo. Lejos de ser una explicación tranquilizadora, es una confesión de omisión.
Despliegue tardío, maquillaje y foto
La respuesta oficial sigue el guion de siempre: “desplegamos fuerzas”, “reforzamos la presencia”, “mandamos un mensaje contundente”. Son las mismas frases que escuchamos después de cada ejecución en Creel, en Guadalupe y Calvo, en Cuauhtémoc, en Juárez y ahora en Parral. Llegar con convoyes y retenes cuando los cuerpos ya están fríos no es estrategia, es maquillaje postmortem. Si la Secretaría de Seguridad Pública realmente conociera “la zona de influencia de ambos grupos” —como presume Loya—, ¿por qué no actuó preventivamente antes de que la venganza se consumara en un carril transitado por familias? La presencia reactiva y espectacular no disuade a nadie; solo sirve para la foto y el boletín.
El Estado forense que naturaliza la muerte
Lo más grave es la naturalización del horror. Un secretario de Seguridad puede decir sin inmutarse que “ese tipo de cosas no lo vamos a tolerar” después de que ya ocurrieron, y que aún no hay un solo detenido, solo “líneas de investigación”. Eso revela que el Estado chihuahuense opera en modo forense, no policial: documenta masacres, las clasifica como “vendettas” y promete investigar… mientras el siguiente carril se prepara para la siguiente venganza. En cualquier entidad seria, la incapacidad reiterada para prevenir y castigar este nivel de violencia costaría cargos. En Chihuahua, basta con declarar que fue “entre ellos” para que la ciudadanía asuma, resignada, que seguir muriendo es parte del paisaje.
Iván Pérez le gano a su líder
La sentencia de amparo definitivo concedida por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa constituye una contundente reafirmación del derecho constitucional al debido proceso, incluso dentro de asociaciones privadas como la CONCANACO. El fallo detectó que la dirigencia encabezada por Octavio de la Torre intentó expulsar a Iván Pérez Negrón sin respetar los procedimientos establecidos en los propios estatutos de la cámara y, sobre todo, sin otorgarle audiencia ni posibilidad efectiva de defensa. Esta violación no es menor: al pretender separar a un socio por la vía de los hechos consumados, la Canaco incurrió en un acto de arbitrariedad que la justicia federal corrigió de manera inmediata y tajante, recordando que ninguna organización, por más tradición o poder económico que tenga, está exenta de cumplir con los principios mínimos de legalidad y justicia.
Persecución política disfrazada
El contexto del caso deja poco lugar a dudas sobre la naturaleza política del intento de expulsión. Iván Pérez Ruiz ha sido una voz crítica constante contra la actual administración de la CONCANACO, denunciando públicamente presuntas irregularidades administrativas y defendiendo los intereses de los socios pequeños y medianos frente a lo que califica como decisiones cupulares. La coincidencia temporal entre sus señalamientos más duros y el inicio del procedimiento de separación en 2024 permite inferir con claridad que no se trató de una medida correctiva legítima, sino de un intento de silenciamiento. El amparo pone en evidencia que, bajo el pretexto de proteger “el prestigio de la institución”, la dirigencia buscó eliminar a un opositor incómodo, práctica que recuerda los peores vicios del corporativismo mexicano y que ahora queda judicialmente desacreditada.
Un precedente que debilita el control cupular
Más allá de la victoria personal de Pérez Ruiz, la resolución establece un precedente de enorme alcance para el funcionamiento interno de las cámaras empresariales. Al ordenar la inmediata restitución del empresario en sus derechos y advertir responsabilidad penal por desacato, la juez federal envía un mensaje inequívoco: los órganos de gobierno de estas asociaciones no pueden actuar como tribunales privados ni aplicar sanciones discrecionales. Fuentes internas ya reconocen que el fallo erosiona la autoridad moral de la dirigencia actual y puede alentar a otros socios inconformes –quince de los cuales han denunciado en los últimos dos años prácticas autoritarias– a recurrir también a la vía judicial. En un país donde las cámaras empresariales ejercen influencia política y económica significativa, esta sentencia recuerda que la libertad de expresión y el derecho de asociación no terminan en la puerta de ingreso, sino que deben protegerse también dentro de ellas.
