Marván: ¿crítica o nostálgica?
María Marván, ex presidenta del INAI, estuvo Chihuahua, celebrando los 20 años del organismo estatal; sus dicho merecen análisis: afirmar que la concentración actual de poder es “sin precedentes” equivale a borrar de un plumazo el presidencialismo absoluto del PRI entre 1929 y 2000. En esa época el presidente designaba a su sucesor, controlaba al Congreso con 95-100 % de los escaños, nombraba y removía gobernadores, censuraba medios y manejaba elecciones a su antojo sin que existiera un solo organismo autónomo. Hoy, pese a las reformas, aún hay 11 gobernadores de oposición, prensa crítica que no recibe chayote masivo, un INE que sigue organizando elecciones y un Poder Judicial que, igual de sometido a Morena como lo fue al PRI en el siglo XX. Comparar esto con el priato perfecto es, simple y llanamente, una falsedad histórica.
Todos se sobrerepresentaban
Marván llama “artificial” a la sobrerrepresentación que permitió la mayoría calificada de Morena. Olvida que está regulada en el artículo 54 constitucional y ha sido aplicada por todos los partidos cuando les tocó ganar: el PAN la tuvo en 1997 y 2000, el PRD-PT-Convergencia en 2009, y el PRI durante décadas. Además, la coalición oficialista ganó más del 75 % de los distritos uninominales de manera directa el 2 de junio de 2024. Cuestionar esa mayoría porque no nos gusta su color es el mismo argumento que la oposición de los 90 rechazaba cuando el PRI lo usaba contra ellos.
El Congreso con el PRI era aplaudidor
Aunque alineado, el Congreso actual está lejos de ser el apéndice sumiso del viejo PRI. Los legisladores de Morena se pelean en público, filtran audios, votan en contra de su coordinador (reforma eléctrica 2022, ley de aguas 2024, presupuesto 2025), negocian con la oposición y hasta frenan iniciativas del presidente. En los setenta bastaba una mirada del presidente para que nadie se atreviera ni a toser. La disciplina actual es alta, pero negociada y frágil; la de antes era militar y absoluta.
Los órganos autónomos no eran la Arcadia democrática
Idealizar a los organismos constitucionales autónomos es un ejercicio de nostalgia selectiva. El INAI costó más de mil millones de pesos en 2023 y clasificó como reservada información de contratos millonarios; el INE mantuvo durante décadas la sobrerrepresentación que hoy critica; la CNDH se convirtió en refugio de activistas de un solo bando; el INEGI fue acusado de manipular cifras de pobreza y violencia. Su autonomía fue usada tanto para limitar abusos como para proteger privilegios de élite y bloquear rendición de cuentas incómodas.
La desaparición de organismos no es autoritarismo ¡Todavía!
Eliminar o reestructurar organismos autónomos no implica, por sí solo, el fin de la democracia. Países como Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia tienen sistemas democráticos sólidos con muy pocos órganos autónomos similares a los mexicanos. El problema no es la cantidad de instituciones, sino la calidad de los contrapesos reales: prensa libre, sociedad civil activa, federalismo efectivo y, sobre todo, elecciones competitivas. Mientras el INE siga organizando elecciones creíbles y la oposición tenga posibilidad real de ganar en 2030, el riesgo autoritario sigue siendo hipotético.
El verdadero peligro está dentro del bloque oficialista
El riesgo real no es que desaparezcan el INAI, sino que dentro de Morena se acabe la disputa interna entre facciones. Mientras existan claudistas, marcelistas, adanistas y ricardistas peleando por el 2030, se vigilan y se frenan entre sí. Si alguna vez surge un liderazgo monolítico que controle partido, gobierno y Congreso sin oposición interna ni externa, entonces sí estaremos en problemas serios. Ese escenario aún está lejano y no es imputable únicamente al gobierno actual.
La crítica de Marván huele a defensa corporativa
Marván fue presidenta del IFAI (hoy INAI) y forma parte del ecosistema de excomisionados, exconsejeros y académicos que vivieron muy cómodamente del presupuesto de los organismos autónomos creados en la transición. Su diagnóstico mezcla preocupación legítima con una defensa casi corporativa de instituciones que, en muchos casos, se convirtieron en cotos de poder opacos y costosos. Criticar cualquier cambio como “regresión autoritaria” sin reconocer los vicios reales de esos organismos es, en el fondo, una resistencia al escrutinio que durante años ellos mismos negaron a los ciudadanos.
