Una buena para Duarte
La activista Saskia Niño de Rivera, especialista en Ciencias Penales y psicología forense, abrió con su conferencia la Convención Nacional Antifraude, con sede en la CaNaCo de la capital estatal y fue contundente afirmar que hay un grave retroceso en materia penitenciaria, que tuvo sus mejores momento en el gobierno de César Duarte Jáquez, quien introdujo reformas, que convirtieron al sistema penitenciario estatal un referente nacional, que ahora se ha perdido, hay un brutal retroceso y en la actualidad no hay condiciones para la reinserción social.
Corral y Peniche ordeñaron penales
Los logros de Duarte con sus reformas penitenciarias tuvieron una caída en picada durante la administración de Javier Corral jurado, cuando los penales eran controlados, o mejor dicho administrados por la Fiscalía General del Estado, cuando estaba a cargo de César Augusto Peniche Espejel, quien en sólo semanas acabó con los logros del sexenio de Duarte. El cambio en la actual administración a la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Gilberto Loya, contuvo el acelerado deterioro pero los penales siguieron siendo gobernados por las bandas de los Chapitos y los Mexicles. En semanas acabaron con los controles de Duarte y convirtieron los penales en generadores de millonarios recursos para mejorar el peculio.
Desde el 2017 no hay control interno
Chihuahua vivió un breve periodo de reconocimiento nacional en materia penitenciaria durante el gobierno de César Duarte, cuando se recuperó el control de los centros de reinserción social (Ceresos) que antes operaban bajo autogobierno. Saskia Niño de Rivera destacó en su reciente intervención que el estado se convirtió en referente al implementar reformas que otras entidades copiaron. Sin embargo, esa conquista se diluyó por falta de continuidad política tras el cambio de administración. En 2026, la activista insiste en que el deterioro es evidente: los penales perdieron certificaciones anticorrupción desde 2017 y persisten problemas de control interno, lo que impide una reinserción efectiva y agrava la percepción de inseguridad ciudadana.
Falta compromiso de Maru
La crítica central de Niño de Rivera apunta directamente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván (Maru), a quien acusa de no asumir la responsabilidad de retomar el control total de los penales. A pesar de conversaciones directas con la mandataria, no se han materializado acciones concretas para revertir el debilitamiento acumulado desde 2023. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública estatal reporta avances como reducción de sobrepoblación al 11.26% y creación de nuevos espacios, la activista sostiene que estos esfuerzos son insuficientes sin una intervención decidida del Ejecutivo. La ausencia de voluntad política perpetúa un sistema que no dignifica ni prepara a las personas privadas de libertad para su regreso a la sociedad.
El 96% de delitos sin denuncia
La desconfianza en las instituciones mexicanas explica que el 96% de los delitos no se denuncien, según datos recurrentes que Niño de Rivera reitera en su análisis. En Chihuahua y el país, la corrupción e ineficiencia de ministerios públicos generan temor ciudadano y parálisis en el sistema de justicia. Los procesos avanzan solo cuando existe cercanía o influencia con las autoridades, lo que refuerza la impunidad generalizada. Reportes de 2025 de organizaciones como Impunidad Cero indican que la percepción de aumento o estancamiento de la impunidad ronda el 40-43%, agravada por reformas judiciales que no atacan el primer eslabón: policías y fiscalías.
La urgencia de políticas integrales
Frente a esta crisis multifacética, Niño de Rivera demanda políticas públicas sólidas y sostenidas que prioricen la reinserción real, la dignificación de los penales y la recuperación del control estatal. Sin cambios estructurales profundos —que incluyan compromiso gubernamental, fortalecimiento institucional y combate frontal a la corrupción—, Chihuahua y México seguirán atrapados en un círculo vicioso de inseguridad, sobrecarga carcelaria y baja efectividad judicial. La Convención Nacional Antifraude sirvió como plataforma para visibilizar que la seguridad no se limita a detenciones, sino que exige un sistema penitenciario funcional y un Estado de derecho creíble.
La pérdida del control penitenciario
Chihuahua tuvo periodos de relativo avance en la gestión de sus penales, con intentos de profesionalización y contención del autogobierno criminal. Sin embargo, desde 2023 —como lo subraya Niño de Rivera— se rompió ese equilibrio, permitiendo que los centros de reclusión operen en zonas grises de influencia del crimen organizado. La activista lamenta ese “momento muy bonito” perdido, y critica que la gobernadora, pese a haber conversado directamente con ella sobre el tema, “no le quiere entrar” a retomar el control. Esta omisión no es solo negligencia administrativa: es una decisión política que perpetúa la impunidad y debilita el Estado de derecho en uno de los rubros más críticos para la seguridad pública.
El costo de la inacción
Dejar los penales sin control efectivo equivale a entregar espacios estratégicos al narco y a redes de corrupción interna. En Chihuahua, esto se traduce en mayor violencia extramuros, escapes facilitados, tráfico de influencias y violaciones sistemáticas a derechos humanos de las personas privadas de libertad. La rabia de Niño de Rivera no es abstracta: refleja frustración ante una oportunidad desaprovechada para diferenciar “los buenos de los malos” mediante una intervención decidida. Sin voluntad política desde la gobernadora, cualquier reforma queda en retórica, y el sistema penitenciario sigue siendo un foco de infección para la delincuencia organizada en el estado.
Dignificación policial
La activista no se limita a señalar el problema; propone que la dignificación de los elementos policiales y custodios es pieza clave para cualquier cambio real. Sin profesionalización, salarios dignos y capacitación, los penales seguirán siendo vulnerables a la infiltración criminal. La crítica a Maru Campos va más allá de un tema específico: cuestiona su liderazgo en seguridad, un eje que debería ser prioridad en un estado fronterizo con alta incidencia delictiva. Mientras la gobernadora evade “entrarle” al asunto —como lo documenta la conversación pública—, Chihuahua pierde tiempo valioso en revertir un deterioro que afecta a toda la sociedad, desde las víctimas de la delincuencia hasta las familias de quienes están tras las rejas.
