Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una medida drástica que ha intensificado las tensiones políticas y sociales en el país: el despliegue de tropas federales en Portland, Oregón, con autorización para el uso de «fuerza total» si fuera necesario. Esta orden, emitida a través de una publicación en su red social Truth Social, responde a lo que Trump describe como un «asedio» a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por parte de «terroristas domésticos», principalmente vinculados al movimiento Antifa y otros grupos activistas de izquierda.
En su mensaje, Trump detalló: «A solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dirigiendo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que provea todas las tropas necesarias para proteger a Portland devastado por la guerra y a cualquiera de nuestras instalaciones de ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas nacionales.
También autorizo el uso de la Fuerza Total, si es necesario». Esta referencia al «secretario de Guerra» alude al controvertido cambio de nombre del Departamento de Defensa a «Departamento de Guerra», impulsado por Trump en septiembre mediante una orden ejecutiva firmada el 5 de ese mes. Pete Hegseth, ex-conductor de Fox News y veterano de la Guardia Nacional del Ejército, asumió el cargo de secretario de Defensa en enero de 2025 tras una confirmación controvertida en el Senado, marcada por acusaciones de mala gestión financiera, conducta inapropiada y filtraciones de información clasificada en chats privados. El rebranding busca, según la Casa Blanca, restaurar un «ethos guerrero» en las fuerzas armadas, priorizando la «letalidad» y la defensa del hemisferio occidental, aunque ha generado confusión y críticas internas en el Pentágono por su tono beligerante.
El origen de la orden radica en una serie de incidentes violentos reportados en Portland desde junio de 2025, cuando las protestas contra las redadas masivas de inmigrantes indocumentados —parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump— comenzaron a escalar. Las instalaciones del ICE en la ciudad han sido blanco de manifestantes que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), han lanzado cócteles molotov, vandalizado propiedades y herido a agentes federales. Hasta el 8 de septiembre, la fiscalía federal había presentado cargos contra 26 personas por delitos como incendio provocado, agresión a oficiales y resistencia al arresto. El viernes 26, el DHS denunció en X que «manifestantes han atacado y sitiado repetidamente un centro de procesamiento del ICE», con arrestos adicionales por amenazas de muerte a personal federal y la difusión ilegal de datos personales de agentes, atribuida a «Rose City Antifa», un grupo local recientemente calificado como terrorista doméstico.
Esta designación de Antifa como «organización terrorista doméstica» es otro pilar de la escalada. Trump firmó una orden ejecutiva el 22 de septiembre, formalizando lo que había prometido durante su campaña: clasificar al movimiento antifascista —un conjunto descentralizado de activistas de extrema izquierda sin estructura jerárquica ni liderazgo central— como una amenaza terrorista. La orden argumenta que Antifa promueve la «violencia política para suprimir el discurso legal y obstruir el estado de derecho», coordinando con otras entidades para «avanzar la violencia y la intimidación».
Expertos legales, sin embargo, cuestionan su viabilidad: no existe un marco legal específico en EE.UU. para designar grupos domésticos como terroristas, a diferencia de las organizaciones extranjeras (219 en total según el Departamento de Estado). Críticos como la directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice, Faiza Patel, advierten que esto podría violar la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y reunión, y abrir la puerta a investigaciones arbitrarias contra disidentes. En 2020, un intento similar de Trump falló por las mismas razones, y esta vez podría enfrentar demandas judiciales inmediatas.
La reacción bipartidista ha sido polarizada y rápida. Legisladores demócratas, como la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, han rechazado la intervención federal de plano. Kotek emitió un comunicado afirmando: «No existe ninguna amenaza a la seguridad nacional en Portland. Nuestras comunidades están seguras y tranquilas», y solicitó más detalles al gobierno de Trump, advirtiendo que el despliegue podría «incitar violencia innecesaria». El alcalde de Portland, Keith Wilson, fue aún más directo: «El número de tropas necesarias es cero, ni en Portland ni en ninguna otra ciudad estadounidense». El senador Ron Wyden, también demócrata de Oregón, acusó a Trump de «repetir la estrategia de 2020» para provocar conflictos, instando a los residentes a «no caer en el intento de incitar violencia». Otros, como la senadora Elizabeth Warren y el representante Maxine Dexter, lo tildaron de «delirante y peligroso», un abuso autoritario que «aviva el miedo y el caos» en lugar de resolver problemas reales. Organizaciones de derechos civiles, como la ACLU, han anunciado planes para demandar, argumentando que viola la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de tropas federales en asuntos civiles internos.
Por el contrario, republicanos han aplaudido la medida. La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer —excongresista por un distrito de Oregón—, tuiteó que había presenciado cómo la «anarquía» convirtió a Portland en una «zona de guerra plagada de delincuencia», agradeciendo a Trump por «proteger nuestras instalaciones de ICE y hacer que EE.UU. sea grande nuevamente». El senador Ted Cruz compartió un video compilado de demócratas supuestamente incitando violencia contra ICE, reforzando la narrativa de que el Partido Demócrata pone en riesgo a los agentes federales. En redes sociales como X, el debate ha explotado: conservadores celebran la «restauración del orden», con publicaciones como la de Nick Sortor mostrando vehículos blindados llegando a edificios federales, mientras progresistas comparten videos de la Portland pacífica de 2025, contrastando con imágenes de 2020 manipuladas por medios conservadores.
Este despliegue se inscribe en una ola más amplia de intervenciones militares en ciudades estadounidenses bajo Trump. A principios de 2025, envió 2.000 agentes federales a Los Ángeles tras disturbios por redadas antiinmigrantes, donde se usó gas lacrimógeno contra multitudes; un juez federal de California dictaminó en septiembre que violaba la Ley Posse Comitatus, aunque la decisión fue suspendida en apelación. Similarmente, desplegó la Guardia Nacional en Washington D.C. en agosto —donde las tasas de crimen han caído a mínimos de tres décadas— y en Memphis para combatir la delincuencia. En Chicago, amenazó con una «Apocalypse Now» pero retrocedió, optando por «limpiar» la ciudad sin tropas. No está claro si Portland involucrará a la Guardia Nacional o al Ejército regular, ni qué implica exactamente «fuerza total» —el Pentágono, a través de su portavoz Sean Parnell, confirmó que está «listo para movilizar» en apoyo al DHS, pero evitó detalles, prometiendo actualizaciones.
Más allá de Portland, la orden cubre instalaciones ICE en todo el país, en medio de críticas a las operaciones del agencia. Legisladores locales, como la representante demócrata Suzanne Bonamici, han denunciado que ICE detiene a personas sin antecedentes penales —el 65% según el Instituto Cato— y citan casos como la arresto de un padre frente al preescolar de su hijo o un bombero forestal durante incendios en el Bosque Nacional Olímpico. El detonante reciente podría ser el tiroteo del 24 de septiembre en una oficina ICE de Dallas, que dejó un muerto y dos heridos, atribuido por el DHS a «agitadores vinculados a Antifa». Además, incidentes como el incendio de un autobús de gira de Ice Cube en Portland el martes 23 —confundido por un militante con un vehículo ICE— han avivado las tensiones.
En redes sociales, la conversación es un torbellino: publicaciones virales muestran armamento federal llegando a Portland, con hashtags como #AntifaTerrorists y #NoTroopsInPortland compitiendo por atención. Usuarios conservadores, como Eric Daugherty, ridiculizan a Kotek por «vivir en una realidad alterna», mientras progresistas como Sam Malone recuerdan la Portland «pacífica» con videos turísticos. Trump, fiel a su estilo, ha amplificado la narrativa en Truth Social, prometiendo «hacer un gran número» contra «agitadores profesionales y anarquistas». Analistas temen que esto no solo exacerbe divisiones, sino que inspire réplicas en otras ciudades «azules» como Chicago o Baltimore, donde Trump ha insinuado acciones similares. Hasta el momento, no hay reportes de enfrentamientos mayores en Portland, pero la llegada de convoys federales ha llevado a grupos de derechos civiles a preparar vigilias pacíficas, urgiendo a no «tomar el anzuelo» de la provocación.
