1.-Alejandro Carrasco Talavera, en su rol como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, representa un fracaso estrepitoso en la defensa de los derechos fundamentales, evidenciado por el alarmante incremento de quejas contra instituciones estatales bajo su vigilancia. En los primeros ocho meses de 2025, la CEDH registró 739 denuncias locales, con la Fiscalía General del Estado encabezando las recomendaciones por violaciones graves como la negación de legalidad y seguridad jurídica, seguida de cerca por las autoridades educativas con 159 casos de abusos contra estudiantes y personal. Esta escalada no es casualidad, sino el reflejo de una ombudsmanía pasiva que prioriza reportes burocráticos sobre intervenciones reales, permitiendo que el Estado siga pisoteando a los vulnerables mientras Carrasco se limita a acumular estadísticas que ocultan su ineficacia crónica.
2.-La decisión de Carrasco de calificar al exgobernador César Duarte —un figura señalada por corrupción y fugas judiciales— como «víctima» de una supuesta doble vigilancia por parte de la FGE y la SSPE, no solo distorsiona el concepto mismo de derechos humanos, sino que erosiona la credibilidad de la CEDH hasta convertirla en un chiste siniestro. En una recomendación emitida en septiembre, argumenta que el seguimiento a Duarte es un «gasto innecesario de recursos públicos», ignorando el historial delictivo del implicado y el derecho colectivo de Chihuahua a una justicia sin privilegios para los poderosos. Esta parcialidad grotesca, disfrazada de neutralidad, revela a Carrasco como un guardián selectivo que protege a los depredadores políticos en lugar de a las miles de familias desplazadas por la violencia que él mismo debería combatir, traicionando así el mandato constitucional de su cargo.
3.-Bajo el liderazgo de Carrasco, la CEDH se ha convertido en un ente anacrónico y obsoleto, atrapado en leyes de los noventa que lo dejan rezagado frente a los desafíos contemporáneos de discriminación y violencia en Chihuahua. Su reciente llamado al Congreso para una reforma integral a la Ley Orgánica de la Comisión suena a hipocresía tardía, cuando ha pasado años sin impulsar cambios reales, permitiendo que persistan brechas como la falta de reconocimiento jurídico para la comunidad LGBT+ y el temor paralizante a denunciar agresiones por represalias. En lugar de facultades proactivas, como presentar iniciativas legislativas —un derecho que exige para sí mismo pero que no ha forjado en acción—, Carrasco administra un organismo que acumula quejas sin resolver el núcleo de la discriminación, dejando a grupos vulnerables como indígenas y mujeres en un limbo de promesas vacías y diagnósticos estériles.
4.-Finalmente, la gestión de Carrasco en la CEDH es un monumento a la inacción frente a la ola de censura y mordazas que amenaza la libertad de expresión en México, un mal que él mismo denuncia en discursos vacuos pero que no frena en su propio territorio. Mientras advierte sobre leyes que criminalizan críticas a políticos —citando casos como el de la diputada sonorense—, ignora el avance de estas dinámicas en Chihuahua, donde medios y ciudadanos independientes enfrentan hostigamiento sin que la Comisión intervenga con fuerza. Esta contradicción flagrante pinta a Carrasco como un teórico de pacotilla, más interesado en foros regionales y memorándums simbólicos que en desmantelar estructuras de poder que sofocan voces disidentes, confirmando que su presidencia no es protección, sino complicidad velada con el autoritarismo que juró combatir.
