Torre de Babel, enciende alarmas
El gesto de Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), al entregar personalmente una invitación en la alcaldía de Ciudad Juárez para que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y los regidores inspeccionen los avances de la Torre Centinela, ha reavivado las fricciones entre el gobierno estatal panista y el municipal morenista. Ocurrido este 27 de octubre de 2025, el acto —acompañado por Ulises Pacheco, dirigente municipal del PAN y titular de Derechos Humanos en la SSPE, junto a César Komaba, líder estatal panista y subsecretario de Movilidad— pretendía ser un puente de transparencia, pero terminó por ilustrar la honda brecha partidista que permea la coordinación en seguridad. En un Juárez donde la violencia cotidiana exige unidad, esta movida no solo politiza un proyecto clave, sino que cuestiona la neutralidad de funcionarios que ostentan dobles lealtades, convirtiendo un avance técnico en un round electoral prematuro y erosionando la fe ciudadana en instituciones supuestamente imparciales.
La Torre Centinela bajo escrutinio
Iniciada en agosto de 2022 bajo la administración de Maru Campos, la Torre Centinela —un coloso de 115 metros y 20 pisos en el Centro Histórico— fue concebida como el «ojo de la frontera», un centro de videovigilancia con vista panorámica sobre Juárez y El Paso, Texas, para coordinar operaciones contra la delincuencia. Sin embargo, con un avance actual del 82% al 87% —estructura completa, pero acabados pendientes por retrasos climáticos—, el proyecto acumula sobrecostos y desviaciones del cronograma original, que apuntaba a su inauguración en 2024. Críticamente, esta demora no es mero azar meteorológico; refleja una planificación deficiente en un estado donde los recursos para seguridad se diluyen en obras emblemáticas, mientras los índices de homicidios —aún por encima de los 300 anuales en Juárez— demandan intervenciones inmediatas, no torres que se erigen como monumentos a la ineficacia administrativa.
La fusión peligrosa de cargos públicos y militancia
La presencia de Pacheco y Komaba en la entrega del oficio no fue un detalle menor, sino el detonante de la controversia, al entrelazar roles institucionales con dirigencias partidistas del PAN. Pérez Cuéllar, con agudeza, interrogó si actuaron como funcionarios o como operadores electorales, advirtiendo que tal «perversión de la seguridad» podría configurar peculado al desviar funciones públicas hacia agendas políticas. Esta crítica apunta a un mal endémico en Chihuahua: la proliferación de «funcionarios-militantes» que, bajo el amparo de cargos públicos, priorizan lealtades partidarias sobre el bien común, fomentando clientelismo en dependencias sensibles como la SSPE. En un panorama preelectoral, donde el PAN busca reconquistar Juárez en 2027, este episodio no solo socava la credibilidad de Loya, sino que expone cómo la alternancia política, en lugar de depurar, ha incubado redes de influencia que hipotecan la imparcialidad.
Peculado como arma en la guerra de narrativas
La promesa del alcalde de revisar, junto al secretario Héctor Ortiz Orpinel, una denuncia por peculado contra los acompañantes de Loya eleva el conflicto de lo retórico a lo penal, centrándose en la incompatibilidad entre cargos en seguridad y liderazgos partidistas. Difícilmente prosperará, pero esta acción podría desmantelar estructuras híbridas en la burocracia chihuahuense, estableciendo un precedente para auditorías éticas; no obstante, corre el riesgo de ser leída como una represalia morenista. En un sistema judicial local saturado por casos de corrupción —con más de 500 denuncias pendientes en materia de peculado según reportes estatales—, esta movida distrae de reformas sistémicas, como la prohibición constitucional de dobles roles, y perpetúa un ciclo de acusaciones que paraliza la gobernanza en detrimento de la ciudadanía.
Polarización que asfixia la coordinación estatal-municipal
Este «nuevo round» entre Loya y Pérez Cuéllar se inscribe en una rivalidad crónica entre el PAN en el Palacio de Gobierno y Morena en el Ayuntamiento juarense, exacerbada desde la alternancia de 2021. Mientras el estado presume avances en la Torre como logro panista, el municipio —con su propio centro de monitoreo— ve en ella una intromisión territorial, recordando votaciones de protesta por cambios de uso de suelo en 2024. Esta dicotomía no solo frena mesas de trabajo conjuntas, sino que ilustra un federalismo disfuncional: en Chihuahua, donde la inseguridad transfronteriza requiere sinergia, la polarización partidista convierte proyectos compartidos en trofeos ideológicos, dejando a Juárez como rehén de egos que priorizan el control narrativo sobre la eficacia operativa.
De la Torre a las calles olvidadas
A pesar de las bravatas, Pérez Cuéllar subraya que los esfuerzos operativos municipales prosiguen sin pausas, con patrullajes y análisis de datos que han reducido ciertos delitos en un 15% este año. Sin embargo, la Torre Centinela, con su red de cámaras y analistas listos para operar, permanece como promesa diferida, proyectada para 2026 en su fase plena. Críticamente, este limbo técnico agrava la desconexión entre macroproyectos y microrealidades: mientras la torre ofrece vistas aéreas, las colonias periféricas de Juárez sufren extorsiones y robos sin respuesta inmediata, cuestionando si el presupuesto —cientos de millones de pesos— se invierte en vigilancia predictiva o en propaganda. La ciudadanía, hastiada de tours virtuales, demanda integración real, no espectáculos que maquillen la persistente vulnerabilidad urbana.
Entre el escepticismo y la indignación en redes
En las redes sociales, el episodio ha generado un eco de escepticismo, con publicaciones que ironizan sobre el «tour guiado» prometido por Loya, contrastando avances reportados con la realidad de una obra que, pese al 87% de progreso, aún luce como un esqueleto metálico. Ciudadanos y analistas locales denuncian la politización como un «circo» que distrae de fallas estructurales, como la falta de personal capacitado o la integración con sistemas federales. Esta indignación digital —amplificada en plataformas como X— no solo mide el pulso de una sociedad juarense cansada de promesas, sino que anticipa un costo electoral: en encuestas informales, el 62% califica la coordinación seguridad como «deficiente», atribuyéndolo a rencillas partidistas que convierten la Torre en símbolo de división, no de progreso.
¿Cómo despolitizar la seguridad?
Frente a esta tormenta en vaso chico, urge una mediación federal para imponer protocolos de neutralidad en proyectos binacionales como la Torre Centinela, incluyendo auditorías independientes y cláusulas antipolíticas en contratos. Pérez Cuéllar, con su disposición condicional a visitar «si terminan», abre una ventana pragmática, pero solo si se depura la SSPE de influencias panistas. Críticamente, el verdadero desafío radica en transformar esta crisis en catalizador: priorizando datos sobre dogmas, Juárez podría erigir no solo una torre, sino un modelo de colaboración que trascienda sexenios, beneficiando a una frontera que, en 2025, aún anhela paz tangible más allá de las alturas simbólicas.
