La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) deja una crisis que va mucho más allá de una funcionaria cuestionada por presuntas irregularidades administrativas. Lo que está en juego es la credibilidad de la institución responsable de organizar las elecciones y garantizar que la voluntad ciudadana se traduzca en resultados legítimos. A menos de un año de los comicios del 6 de junio de 2027, esa confianza constituye una condición indispensable para la estabilidad política del país.
Taddei llegó al cargo en abril de 2023, mediante insaculación en la Cámara de Diputados. Su gestión tuvo que enfrentar tres asuntos que hoy forman parte de su balance: la asignación de una mayoría calificada a Morena y sus aliados en el Congreso, la organización de la elección judicial de 2025 y los señalamientos sobre presuntos manejos irregulares de contratos y recursos públicos. Son controversias distintas, pero confluyen en una misma pregunta: ¿puede la ciudadanía confiar plenamente en la imparcialidad del árbitro electoral?
La discusión sobre la sobrerepresentación legislativa fue uno de los primeros episodios que marcaron su presidencia. En agosto de 2024, el Consejo General del INE aprobó la asignación de diputaciones plurinominales que permitió a Morena y sus aliados alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pese a que su porcentaje de votos era considerablemente menor que su proporción de escaños. La decisión se sustentó en la interpretación de las reglas constitucionales sobre representación proporcional y fue respaldada posteriormente por el Tribunal Electoral.
La controversia no desapareció con la resolución judicial. Para los críticos, la aplicación de esas reglas permitió que la coalición gobernante concentrara un poder legislativo suficiente para impulsar reformas constitucionales sin necesitar los votos de la oposición. La discusión sobre la legalidad de la asignación no debe confundirse con la percepción política de sus consecuencias, pero ambas incidieron en el debate sobre la autonomía del árbitro.
La elección judicial del 1 de junio de 2025 profundizó las dudas. El INE organizó por primera vez una elección federal de integrantes del Poder Judicial, en medio de cuestionamientos sobre la complejidad de las boletas, la baja participación y la capacidad de los ciudadanos para conocer a las candidaturas.
Los acordeones terminaron por convertirse en el episodio más emblemático. El propio INE recibió 29 quejas y aprobó medidas cautelares para inhibir la distribución de esas guías de votación. En julio de 2025, el Consejo General resolvió procedimientos de fiscalización e impuso sanciones económicas, además de ordenar investigaciones sobre el origen de los recursos utilizados para producir y distribuir los materiales.
La existencia de esas guías y las resoluciones de la autoridad no demuestran, por sí mismas, que todos los resultados fueran ilegales. Sin embargo, la promoción organizada de determinadas candidaturas puso en entredicho la equidad de un proceso que debía inaugurar una nueva forma de participación ciudadana.
Un árbitro que necesita recuperar credibilidad
El tercer frente apareció con los señalamientos sobre contrataciones, posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en el manejo de recursos del instituto. La Auditoría Superior de la Federación inició investigaciones que deberán establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales. Taddei presentó su renuncia el 26 de octubre de 2026, después de anunciar que su salida permitiría proteger la institución.
El problema es que la credibilidad no se recupera con una renuncia. Tampoco basta con afirmar que las instituciones permanecen mientras las personas pasan. La confianza pública depende de que las reglas sean claras, las decisiones estén suficientemente justificadas y las denuncias se investiguen sin proteger a funcionarios, partidos o proveedores.
La historia electoral mexicana demuestra lo que está en juego. En 2000, el entonces Instituto Federal Electoral hizo posible la primera alternancia presidencial después de más de siete décadas de gobiernos del PRI. En 2012, el PRI regresó a la Presidencia mediante las urnas. En 2018, Morena obtuvo un triunfo contundente y llegó al poder. Tres partidos distintos encabezaron el Ejecutivo federal en un periodo de apenas 18 años, con transiciones que mostraron la importancia de contar con una autoridad electoral capaz de procesar cambios profundos en el poder político.
Ese capital institucional no es propiedad de los consejeros ni de los partidos. Pertenece a la ciudadanía. Por eso resulta particularmente delicado que el INE llegue al proceso electoral de 2027 bajo una acumulación de cuestionamientos sobre su imparcialidad, sus decisiones y el manejo de su presupuesto.
El próximo 6 de junio, México celebrará elecciones federales y locales. La preparación no puede limitarse a instalar casillas, imprimir boletas y capacitar funcionarios. Hace falta reconstruir la confianza mediante auditorías transparentes, esclarecimiento de las irregularidades denunciadas, vigilancia efectiva del financiamiento y decisiones colegiadas que no dejen dudas razonables sobre su fundamento.
También será indispensable que el nombramiento de la nueva presidencia del INE no se convierta en una operación de control partidista. La sustitución de Taddei debe servir para fortalecer la autonomía, no para cambiar una cuota de poder por otra.
Una elección puede cumplir formalmente con los procedimientos legales y, aun así, enfrentar una crisis de legitimidad si una parte importante de la ciudadanía desconfía de la autoridad que la organiza. Ese es el riesgo que México necesita atender antes de que comience la etapa decisiva de la contienda.
Si el INE no recupera la confianza pública, el resultado de 2027 podría abrir un conflicto postelectoral que desborde los cauces institucionales. Evitarlo exige actuar ahora, no después del cierre de las urnas. La democracia necesita un árbitro que no solamente sea legalmente autónomo, sino que también pueda demostrar, con hechos, que merece la confianza de quienes votan.
La controversia alcanzó incluso una de las últimas decisiones de Taddei: la aprobación de lineamientos que dejaban abierta la posibilidad de contabilizar las llamadas boletas planchadas, es decir, papeletas sin marcas de doblez que permitieran vincularlas con el procedimiento legal de depósito en la urna. No era un detalle técnico menor. Después de que ese fenómeno ya había provocado sospechas en la elección judicial de 2025, permitir que su validez quedara sujeta a una valoración posterior de los consejos distritales abría un resquicio que comprometía la certeza del voto. La oposición impugnó el acuerdo y, el 7 de octubre, el Tribunal Electoral le dio la razón: ordenó que las boletas sin marcas de doblez no se contabilizaran como parte de la votación.
En términos políticos, esa decisión alimentó la percepción de que el INE estaba dispuesto a tolerar una práctica capaz de alterar la autenticidad de los resultados. Llamarla, sin una resolución judicial que lo establezca para cada caso, una validación deliberada de fraude sería ir más allá de lo acreditado; pero sí puede afirmarse que el acuerdo debilitó la confianza y que tuvo que ser corregido por el máximo órgano jurisdiccional electoral. Para una institución cuya autoridad depende de que cada sufragio sea auténtico y verificable, semejante revés resulta especialmente grave en vísperas del proceso electoral de 2027.
