Desde junio de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, uno de los conflictos más visibles y mediáticos ha sido el que sostiene con Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y uno de los hombres más ricos del país. Lo que comenzó como una disputa fiscal por adeudos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con empresas del magnate se ha convertido en un choque frontal entre el proyecto transformador del gobierno federal y el estilo confrontacional del empresario. A través de redes sociales, conferencias matutinas y declaraciones públicas, ambos personajes han convertido un litigio tributario en una batalla simbólica sobre quién manda realmente en México.
El núcleo del enfrentamiento es una deuda fiscal que, según el gobierno, asciende a más de 48 mil millones de pesos acumulados por diversas empresas de Grupo Salinas (entre ellas Grupo Elektra, TV Azteca y Totalplay) desde hace más de quince años. El SAT, bajo la administración anterior y ahora reforzado por el actual gobierno, ha insistido en que estas cantidades deben pagarse, pues corresponden a impuestos no cubiertos mediante maniobras legales que el fisco considera ilegítimas.
Ricardo Salinas Pliego ha respondido con una estrategia doble: por un lado, ha llevado los casos a los tribunales y ha ganado varias resoluciones favorables; por otro, ha utilizado sus medios de comunicación y sus cuentas personales en redes sociales para denunciar lo que califica como “persecución política” y “expropiación disfrazada”. El empresario asegura que ya pagó lo que debía y que el gobierno pretende cobrar dos veces lo mismo.
La escalada verbal y mediática
A partir de 2024, el tono de la polémica subió varios grados. La presidenta Sheinbaum, en sus conferencias matutinas, ha mencionado en repetidas ocasiones a Salinas Pliego como ejemplo de quienes “deben contribuir más” y ha defendido la actuación del SAT como un acto de justicia fiscal. En respuesta, el empresario ha publicado videos, cartas abiertas y mensajes en X donde acusa al gobierno de autoritario, de querer “destruir” a sus empresas y de violar el estado de derecho.
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Salinas Pliego desafió públicamente a la presidenta a debatir en televisión abierta y, propuesta que el gobierno rechazó de inmediato. El magnate también ha utilizado el campo de golf del Club Campestre de la Ciudad de México —cuya concesión está en litigio porque el terreno pertenece a la nación— como símbolo de resistencia, afirmando que no lo entregará “ni muerto”.
En el fondo, el pleito trasciende los números y los juzgados. Para el gobierno de Sheinbaum, cobrarle a uno de los hombres más ricos del país es una cuestión de equidad: si los ciudadanos de a pie pagan impuestos, los grandes empresarios también deben hacerlo sin privilegios. Se trata, además, de demostrar que la llamada Cuarta Transformación no retrocederá ante los poderes fácticos.
Para Salinas Pliego, en cambio, el caso representa la amenaza de un Estado que quiere controlar todo, incluso la iniciativa privada que genera empleo y riqueza. Su discurso apela al miedo de la clase media y alta: si hoy van por mí, mañana pueden ir por cualquiera. Con frases como “primero dead que concesión” o “no me van a doblar”, ha construido una imagen de empresario rebelde frente a un poder político que considera abusivo.
Hasta noviembre de 2025, ninguna de las partes ha cedido. Los procesos judiciales siguen su curso, pero el desgaste político y mediático es evidente. El gobierno arriesga parecer obsesionado con un solo empresario mientras hay problemas urgentes de seguridad y economía. Salinas Pliego, por su parte, ha visto caer el valor de sus acciones y enfrenta una opinión pública dividida: muchos lo ven como víctima de un régimen autoritario, pero otros lo perciben como un privilegiado que durante décadas evadió impuestos.
El enfrentamiento entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego no es solamente es una disputa fiscal; es el choque entre dos concepciones del poder en el México contemporáneo. De un lado, un gobierno que busca afirmar su autoridad y recaudar recursos para sus programas sociales; del otro, un empresario que se niega a ser el ejemplo público de rendición. Mientras los tribunales decidan quién tiene la razón jurídica, la sociedad mexicana observa una pelea que revela, una vez más, la difícil convivencia entre el poder político y el poder del dinero en nuestro país.
