Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para posponer la segunda etapa de la elección del Poder Judicial, programada originalmente para junio de 2027, y trasladarla al primer domingo de junio de 2028.
La mandataria explicó en su conferencia matutina que la medida busca evitar la saturación del proceso electoral de 2027, en el que se renovarán diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y miles de ayuntamientos en diversas entidades del país. Según detalló, realizar ambas votaciones de manera concurrente obligaría a los ciudadanos a cambiar de casilla o enfrentarse a una boleta excesivamente compleja, lo que podría afectar la participación ciudadana y elevar los costos operativos del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección judicial al 2028, con algunas características especiales”, señaló Sheinbaum. La iniciativa contempla, además de la modificación de la fecha, ajustes en el número de candidatos, el diseño de las boletas y posibles cambios en los filtros de evaluación para fortalecer la calidad de los perfiles que compitan por los cargos.
La propuesta presidencial se alinea con una iniciativa presentada previamente por legisladores de Morena, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y otros, que ya había sido turnada a las comisiones del Congreso. El argumento central de los promotores es separar los comicios judiciales de los políticos intermedios para reducir riesgos de clientelismo, contaminación partidista y logística electoral, al tiempo que se abre un espacio para corregir deficiencias observadas en la primera elección judicial de 2025.
“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección judicial al 2028, con algunas características especiales”, señaló Sheinbaum. La iniciativa contempla, además de la modificación de la fecha, ajustes en el número de candidatos, el diseño de las boletas y posibles cambios en los filtros de evaluación para fortalecer la calidad de los perfiles que compitan por los cargos.
La propuesta presidencial se alinea con una iniciativa presentada previamente por legisladores de Morena, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y otros, que ya había sido turnada a las comisiones del Congreso. El argumento central de los promotores es separar los comicios judiciales de los políticos intermedios para reducir riesgos de clientelismo, contaminación partidista y logística electoral, al tiempo que se abre un espacio para corregir deficiencias observadas en la primera elección judicial de 2025.
Contexto de la reforma
La reforma judicial, aprobada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y heredada por Sheinbaum, estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros como mecanismo para combatir la corrupción y acercar la justicia al pueblo. La primera etapa se realizó en 2025 con resultados controvertidos: baja participación ciudadana en algunos distritos, críticas por la llegada de perfiles con limitada experiencia y cuestionamientos de sectores empresariales y jurídicos sobre la independencia judicial.
En total, la segunda etapa prevista para 2027 involucra la elección de alrededor de 849 cargos, incluyendo 463 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y la totalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Organismos como el INE habían advertido previamente sobre los desafíos logísticos de una “superelección” en 2027, que incluiría el doble de casillas y un aumento significativo en el gasto público.
En total, la segunda etapa prevista para 2027 involucra la elección de alrededor de 849 cargos, incluyendo 463 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y la totalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Organismos como el INE habían advertido previamente sobre los desafíos logísticos de una “superelección” en 2027, que incluiría el doble de casillas y un aumento significativo en el gasto público.
Reacciones y análisis
La decisión de Sheinbaum ha sido interpretada por analistas como un reconocimiento implícito de las dificultades operativas y políticas de la reforma en su formato original, así como una oportunidad para perfeccionarla. Sectores de la oposición han cuestionado si el aplazamiento representa un retroceso o una dilación ante las críticas internacionales y nacionales a la elección popular de jueces. Por su parte, legisladores de Morena han defendido que se trata de un fortalecimiento del modelo, sin renunciar al principio de la democracia judicial.
La iniciativa requerirá el aval de las dos cámaras del Congreso con mayoría calificada, al tratarse de una reforma constitucional. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que podría discutirse en una sesión extraordinaria en las próximas semanas.
La iniciativa requerirá el aval de las dos cámaras del Congreso con mayoría calificada, al tratarse de una reforma constitucional. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que podría discutirse en una sesión extraordinaria en las próximas semanas.
Hasta el momento, la presidenta ha insistido en que no existe marcha atrás en el fondo de la reforma: “Es una decisión del pueblo de México”, ha reiterado en diversas ocasiones. El aplazamiento, según su equipo, permitirá al gobierno de Sheinbaum y a la nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde, revisar y mejorar los mecanismos de selección, evaluación y rendición de cuentas de los aspirantes a impartir justicia.
Con esta propuesta, el Ejecutivo busca equilibrar la agenda de transformación judicial con la estabilidad del proceso democrático y la eficiencia en el uso de recursos públicos. El Congreso definirá en las próximas semanas el rumbo definitivo de la segunda elección judicial en la historia de México.
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