Ciudad de México.- En una sesión maratónica que se extendió hasta las 23:00 horas, la mayoría oficialista en el Senado mexicano aprobó la nueva Ley General de Aguas con 82 votos a favor y 34 en contra, tras dispensar trámites y incorporar 68 modificaciones acordadas con el sector campesino.
La iniciativa, que reforma, deroga y adiciona disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, fue turnada al Ejecutivo para su publicación inmediata.
Su objetivo central es consagrar el agua como derecho humano esencial, eliminar su mercantilización y reforzar la rectoría estatal en la administración del recurso, respondiendo a décadas de críticas por la privatización encubierta de concesiones.
La jornada legislativa inició con la recepción de la minuta de la Cámara de Diputados, aprobada a las 14:10 horas con las mismas 68 enmiendas, que abordan demandas clave de agricultores. A las 16:21, tras un receso de casi dos horas, el pleno avaló la ley en lo general con 85 votos a favor y 36 en contra. Seguidamente, se debatieron 25 reservas, de las cuales algunas fueron retiradas; las propuestas opositoras, sin embargo, fueron rechazadas por la holgada mayoría de Morena y aliados.
El debate, cargado de confrontaciones, evidenció profundas divisiones partidistas. Desde el arranque, los escaños se convirtieron en un campo de batalla simbólica: priistas desplegaron carteles con frases como “Morena traiciona a campesinos” y “Si Zapata viviera, con esta pinche ley no estuviera”, mientras las bancadas de PAN y PRI extendían mantas acusando expropiación del agua que condenaría al campo a la pobreza.
En respuesta, los morenistas contraatacaron con lemas como “El agua es un derecho, no un negocio” y “El agua es vida, no mercancía”. Senadoras panistas escalaron la tensión con una manta que advertía: “Expropiar el agua es condenar al campo a pobreza, a la falta de alimentos para el pueblo”. Las chispas verbales no se hicieron esperar.
El coordinador panista Ricardo Anaya presentó una moción suspensiva, alertando que la ley inventa procedimientos burocráticos para reasignar concesiones, obligando a campesinos a devolver el agua al gobierno al vender sus parcelas. “Podrás vender tu tierra, pero el líquido regresa al gobierno”, denunció, exigiendo compromisos para combatir fugas, invertir en infraestructura y tecnificar el riego. Su par morenista, Adán Augusto López, lo rebatió citando el artículo 49: al transmitir tierras con concesiones, el nuevo propietario conserva derechos de explotación, y Conagua expedirá un nuevo título sin analizar disponibilidad, en un plazo máximo de 20 días para compraventas, herencias o fusiones.
La discusión derivó en acusaciones personales. El panista Gustavo Madero desvió el tema a las elecciones chihuahuenses de 2027, presentando una reserva por agua potable en comunidades y acusando a Morena de traicionar al estado: “No entienden a Chihuahua… han traicionado a los chihuahuenses en este Senado”, refiriéndose a senadores como Juan Carlos Loera y Andrea Chávez. Esta intervino con sorna: “Ese discurso se lo hizo ChatGPT, lo trabajó en su tableta con inteligencia artificial sin la natural. ¿Quieren hablar de derrotas? Les ganamos 865 mil votos contra 500 mil; usted llegó perdiendo aquí”.
Morenistas y panistas se enzarzaron en dimes y diretes sobre quién acapara más concesiones, con López Hernández ironizando que un panista posee “tres veces más volumen de agua que todos los del PAN”. Opositores como la priista Paloma Sánchez y el panista Mario Vázquez criticaron la ley por nacer de una “decisión unilateral del gobierno”, sin diagnóstico serio ni escucha a agricultores.
Vázquez propuso un programa nacional contra fugas y reconstruir la capacidad técnica de Conagua, pero solo se avalaron ejes como restricciones a la transmisibilidad de concesiones —solo en casos específicos—, prórrogas claras para ventas agrícolas sin cambio de uso si persisten actividades agropecuarias, y penas draconianas por traslado ilegal de agua: de tres meses a 14 años de prisión para funcionarios. Además, obliga a Conagua a prevenir concentraciones excesivas del recurso.
Fuera del recinto, el descontento de productores se disipó temporalmente: desactivaron bloqueos en la capital para permitir el debate, tras meses de diálogo con el gobierno. Adán Augusto abrió la puerta a más iniciativas: “Que redacten una propuesta; con gusto los recibo la próxima semana”.
No obstante, Efraín Morales, director de Conagua, denunció en la mañanera y en MILENIO Televisión una “campaña de desinformación en redes” que distorsiona la ley para sembrar miedo entre campesinos. “Es resultado de mentiras impulsadas para generar incertidumbre; el descontento deriva de eso, no del contenido”, afirmó, subrayando que las 68 modificaciones responden a consultas previas.
Esta aprobación marca un hito en la agenda ambiental de la Cuarta Transformación, pero deja heridas abiertas en el agro. Mientras el agua se posiciona como bien público, la oposición advierte riesgos para la productividad; productores, aunque calmados, esperan que las promesas de inclusión no se diluyan en burocracia. El Ejecutivo, ahora con la batuta, deberá publicar la ley y ponerla en marcha, en un país donde el 37% de sus ríos está contaminado y el cambio climático acecha.
