Ciudad de México.- La reciente investigación sobre el huachicol fiscal ha destapado una compleja red de contrabando de combustibles que involucra a empresarios, funcionarios públicos, altos mandos de la Marina y cárteles del crimen organizado. Este esquema, que ha generado pérdidas millonarias al erario mexicano, está marcado por una serie de muertes violentas y circunstancias sospechosas que reflejan la intersección entre el poder económico, institucional y criminal. disponibles.
El huachicol fiscal es una modalidad sofisticada de contrabando de combustibles que consiste en importar gasolina, diésel u otros hidrocarburos a México, declarándolos falsamente como productos exentos de impuestos, como lubricantes, aditivos o residuos, para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Una vez en el país, estos combustibles se venden a precio de mercado, generando ganancias significativas al eludir los impuestos correspondientes. Este delito, que combina evasión fiscal, facturación falsa y corrupción en aduanas, ha sido descrito como una amenaza a la seguridad nacional debido a su impacto en las finanzas públicas y su relación con el crimen organizado. Según estimaciones, entre 2018 y 2024, México perdió 809,324 millones de pesos por este delito, equivalente al doble del costo de construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.
El huachicol fiscal se distingue del huachicol tradicional, que implica el robo físico de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). En cambio, el huachicol fiscal opera a través de redes transnacionales que involucran empresas fachada, sobornos a funcionarios y documentación apócrifa, con rutas principales desde refinerías en Texas, Estados Unidos, hacia puertos y fronteras mexicanas como Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez.
Desmantelamiento de una red en Tamaulipas
El 7 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 14 personas vinculadas a una red de huachicol fiscal que operaba desde la aduana de Tampico, Tamaulipas. Entre los detenidos destacan, Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante en activo de la Secretaría de Marina (Semar), sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Cinco marinos en activo, un marino en retiro, cinco exfuncionarios de aduanas y tres empresarios, incluyendo a Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico.
Esta red, desmantelada tras una investigación de dos años, según versión oficial, importó cerca de 190 millones de litros de combustibles disfrazados como aditivos para lubricantes entre octubre de 2023 y marzo de 2025. El caso se originó a partir de un decomiso histórico el 19 de marzo de 2025, cuando un buque cisterna con bandera de Singapur, el Challenge Procyon, llegó al puerto de Tampico con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando. Los documentos aduanales falsos declaraban que el cargamento consistía en aditivos para aceites lubricantes, pero las autoridades mexicanas, en colaboración con información de Estados Unidos, confirmaron que se trataba de combustible ilegal.
Durante cateos en Altamira, Tamaulipas, se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, equipo de cómputo y documentación. La investigación también reveló conexiones en Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México, evidenciando la magnitud de la red. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la investigación continuará “hasta donde tope”, prometiendo “cero impunidad” para los responsables, sin importar su rango o cargo.
Muertes vinculadas a la investigación
La investigación del huachicol fiscal ha estado marcada por una serie de muertes violentas y sucesos sospechosos que ilustran los riesgos asociados con exponer estas redes. Al menos cinco figuras clave han fallecido en circunstancias relacionadas con el caso, destacando la conexión entre el crimen organizado, la corrupción institucional y el poder económico. Los casos más relevantes son: Sergio Carmona Angulo, “El Rey del Huachicol” (Asesinado el 22 de noviembre de 2021), Carmona fue un empresario tamaulipeco conocido por operar una red de contrabando de combustibles desde Texas hacia México, utilizando documentación falsa para evadir impuestos. Según la periodista Anabel Hernández, Carmona tenía vínculos con políticos de diversos partidos, incluyendo al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca (PAN), el actual gobernador Américo Villarreal (Morena) y el exlíder de Morena Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública.
Su red operaba con la complicidad de funcionarios de aduanas y puertos, incluyendo altos mandos de la Marina. Carmona fue asesinado en una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León, semanas después de iniciar contacto con la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos), expresando temor por su vida.
Anabel Hernández sugiere que su colaboración con las autoridades estadounidenses pudo haber precipitado su asesinato. Tras su muerte, el control de la red pasó a su viuda y socios cercanos, y los contratos públicos continuaron beneficiando a su entorno.
Otra muerte relacionada es la de Magaly Janet Nava Ramos (Asesinada en octubre de 2024), Nava Ramos era auxiliar B en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima. Fue asesinada en un ataque perpetrado por sicarios en motocicleta, utilizando el mismo modus operandi que en el caso del contralmirante Guerrero Alcántar. Su muerte se relaciona con investigaciones sobre el huachicol fiscal en el puerto de Manzanillo.
Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar (Asesinado en octubre de 2024), Guerrero Alcántar, un oficial de la Marina, fue ejecutado en Manzanillo, Colima, mientras conducía su camioneta. Según el diario Reforma, había denunciado en junio de 2024 al entonces titular de la Semar, Rafael Ojeda Durán, las operaciones ilícitas lideradas por los hermanos Farías Laguna, sobrinos de Ojeda. La denuncia apuntaba a una red de corrupción en aduanas y puertos vinculada al huachicol fiscal. Su asesinato, junto con el de Nava Ramos, fue perpetrado con armas del mismo calibre y tácticas similares, lo que llevó a la FGR a relacionar ambos casos.
Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna (Asesinado el 4 de agosto de 2025), Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue ejecutado en Reynosa en un ataque con armas largas y granadas de fragmentación, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El fiscal general Alejandro Gertz Manero vinculó su asesinato a decomisos de combustible ilícito, incluyendo más de 2 millones de litros asegurados en la región. El ataque ocurrió en un tramo concurrido, donde los agresores obligaron a la víctima a descender de su vehículo antes de ultimarlo.
La última muerte es la del Capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez (Hallado sin vida el 8 de septiembre de 2025). Pérez Ramírez, capitán de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas, fue encontrado muerto un día después de anunciarse la detención de los 14 integrantes de la red de huachicol fiscal. La Semar clasificó su muerte como un suicidio, pero su vínculo con la investigación genera dudas. Pérez Ramírez estaba bajo investigación por aceptar un soborno de 100,000 pesos para permitir la descarga de diésel ilegal en el puerto de Tampico en abril de 2024, soborno que habría provenido de la estructura liderada por los hermanos Farías Laguna.
Crimen organizado y la corrupción institucional
El huachicol fiscal no solo involucra a empresarios y funcionarios corruptos, sino también a cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel de Santa Rosa de Lima, que han diversificado sus actividades del narcotráfico al robo y contrabando de combustibles. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el huachicol fiscal es una de las principales fuentes de ingresos no relacionados con drogas para estos grupos, generando cientos de millones de dólares anuales.
La red desmantelada en Tampico operaba con la complicidad de altos mandos de la Marina y funcionarios de aduanas, quienes permitían el ingreso de combustibles ilegales a cambio de sobornos. Por ejemplo, los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, habrían jugado un papel clave en la designación de directivos de aduanas que “hacían de la vista gorda” ante el contrabando. La periodista María Idalia Gómez señaló en Aristegui Noticias que la operación de Carmona y sus sucesores dependía de esta red de corrupción en puertos y aduanas, con la participación de oficiales navales y empresarios.
Además, empresas transnacionales como Vitol han sido señaladas por su presunta participación en esquemas de evasión fiscal. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, confirmó que se investigan múltiples compañías por importar combustibles disfrazados de otros productos, lo que ha generado pérdidas de más de 23,000 millones de pesos solo en el primer trimestre de 2021.
El huachicol fiscal tiene graves consecuencias para México, entre 2018 y 2024, se estima que el erario perdió 809,324 millones de pesos, afectando la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos.
Las gasolineras legales enfrentan pérdidas al competir con combustibles ilícitos vendidos a precios más bajos, lo que distorsiona el mercado.
Los combustibles de baja calidad provenientes del mercado negro pueden deteriorar los motores, afectando a los consumidores.
La participación de cárteles en el huachicol fiscal ha incrementado la violencia, como lo demuestran los asesinatos de empresarios, funcionarios y denunciantes. En regiones como Tamaulipas y Colima, el control de rutas logísticas por el crimen organizado ha generado un clima de inseguridad.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado los esfuerzos para combatir el huachicol fiscal, implementando medidas como: Reformas a la Ley de Hidrocarburos para endurecer los controles de importación. Uso obligatorio del Complemento Carta Porte, un sistema digital para rastrear el transporte de combustibles. Operativos conjuntos entre la Semar, la Guardia Nacional, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la FGR, como el decomiso de marzo de 2025 en Tampico.
Estados Unidos también ha incrementado su colaboración, sancionando a ciudadanos y empresas mexicanas vinculadas al CJNG y otras organizaciones criminales. La operación Top Fuel (o Liquid Death) de la DEA ha identificado redes transnacionales que trafican crudo robado desde México hacia refinerías en Texas, para luego reintroducirlo como combustible refinado con documentos falsos.
Sin embargo, expertos como Francisco Barnés de Castro, exjefe de la Comisión Reguladora de Energía, señalan una falta de voluntad política previa para abordar el problema, lo que permitió su expansión. Barnés aboga por una supervisión aduanera más estricta y sanciones penales más severas para disuadir el contrabando.
El caso del huachicol fiscal en México revela una intrincada red de corrupción y crimen organizado que opera con la complicidad de funcionarios públicos, empresarios y cárteles. La detención de 14 personas, incluyendo un vicealmirante y otros marinos, marca un hito en la lucha contra este delito, pero las muertes asociadas —como las de Sergio Carmona, Magaly Nava, Fernando Guerrero, Ernesto Vázquez y Abraham Pérez— subrayan los riesgos de enfrentarse a estas estructuras. La investigación en curso, respaldada por la colaboración entre México y Estados Unidos, busca desmantelar estas redes, pero el desafío persiste debido a la magnitud de las pérdidas económicas y la violencia generada. La promesa de “cero impunidad” de Sheinbaum será puesta a prueba en los próximos meses, mientras el país enfrenta las consecuencias de un delito que afecta no solo las finanzas públicas, sino también la seguridad y la confianza en las instituciones.
