Kathmandu, Nepal.- Nepal enfrenta una de las crisis políticas y sociales más graves de las últimas décadas, desencadenada por una combinación de descontento juvenil, acusaciones de corrupción y una controvertida prohibición de redes sociales.
La crisis comenzó a gestarse cuando el gobierno liderado por el primer ministro K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado), anunció el 4 de septiembre de 2025 la prohibición de 26 plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, X, LinkedIn, Reddit, entre otras. La justificación oficial fue que estas plataformas no cumplieron con un plazo para registrarse ante el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información de Nepal, además de preocupaciones por el uso de cuentas falsas para difundir desinformación, discursos de odio y fraudes en línea. Sin embargo, la medida fue ampliamente criticada por grupos de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión, quienes la consideraron un intento de censura para silenciar el descontento social, especialmente tras una campaña en redes sociales conocida como «nepo kids», que denunciaba el estilo de vida lujoso de los hijos de políticos y las acusaciones de corrupción en el gobierno.
El descontento ya estaba latente debido a problemas estructurales en Nepal, como la falta de oportunidades laborales, la desigualdad económica, la corrupción institucionalizada y la percepción de que los partidos políticos tradicionales, como el Congreso Nepalí y el CPN-UML, han capturado el poder, el sistema judicial y los medios, dejando poco espacio para una oposición efectiva. La prohibición de las redes sociales actuó como un catalizador, ya que estas plataformas son esenciales para la comunicación de muchos nepaleses, especialmente para las familias que dependen de las remesas de los aproximadamente dos millones de trabajadores migrantes en el extranjero.
Protestas lideradas por la Generación Z
Las protestas, lideradas principalmente por jóvenes que se autodenominan «Gen Z», comenzaron el lunes 8 de septiembre de 2025 en Katmandú y se extendieron a otras ciudades como Pokhara, Butwal, Dharan, Ghorahi e Itahari. Los manifestantes, muchos de ellos estudiantes en uniformes escolares, portaban pancartas con lemas como «Cerrar la corrupción, no las redes sociales», «Desbanear las redes sociales» y «Juventud contra la corrupción». Las manifestaciones, que inicialmente buscaban ser pacíficas, se tornaron violentas tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El lunes, los manifestantes intentaron irrumpir en el complejo parlamentario en Katmandú, rompiendo barricadas y enfrentándose a la policía, que respondió con balas de goma, cañones de agua, gases lacrimógenos y, según reportes, balas reales. Esto resultó en al menos 19 muertes confirmadas ese día, con un total de 22 fallecidos (19 el lunes y 3 adicionales el martes) y más de 300 heridos, según datos recopilados por el Ministerio de Salud de Nepal y hospitales locales. Testigos y organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron el uso «desproporcionado e indiscriminado» de la fuerza por parte de la policía, incluyendo disparos a la cabeza y el pecho de los manifestantes.
El martes 9 de septiembre, las protestas continuaron a pesar de un toque de queda impuesto en Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur. Los manifestantes, enfurecidos por las muertes del día anterior, intensificaron sus acciones, incendiando edificios gubernamentales, como el Parlamento, la Corte Suprema, oficinas de partidos políticos y las residencias privadas de líderes como Oli, el presidente Ram Chandra Poudel, el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y el líder maoísta Pushpa Kamal Dahal. También se reportaron ataques a hoteles y al aeropuerto internacional de Tribhuvan, que fue cerrado temporalmente, afectando vuelos, incluidas rutas de Air India e IndiGo desde y hacia Katmandú.
Renuncia de K.P. Sharma Oli y otros líderes
El martes 9 de septiembre, bajo una presión creciente, K.P. Sharma Oli anunció su renuncia como primer ministro, declarando que lo hacía para «facilitar una solución política» y abordar la crisis conforme a la Constitución. Su dimisión fue aceptada por el presidente Ram Chandra Poudel, quien instó a los manifestantes a dialogar para encontrar una resolución pacífica. Sin embargo, la renuncia no logró calmar los ánimos, ya que los manifestantes exigían no solo la renuncia de Oli, sino también una investigación penal contra él y otros líderes por el uso de fuerza letal contra los manifestantes.
Además de Oli, otros funcionarios renunciaron, Ramesh Lekhak, ministro del Interior, dimitió el lunes por la noche, asumiendo «responsabilidad moral» por las muertes durante las protestas; Ramnath Adhikari, ministro de Agricultura, y Pradeep Paudel, ministro de Salud, también renunciaron el martes en rechazo a la represión violenta.
Reportes no confirmados, citados por medios como The Economic Times, sugieren que Oli podría estar planeando salir de Nepal hacia Dubai bajo el pretexto de buscar tratamiento médico, con un avión de Himalaya Airlines en espera. Sin embargo, esta información debe tomarse con cautela, ya que proviene de fuentes televisivas y no ha sido verificada de manera independiente.
Intervención militar y situación actual
El martes por la noche, el ejército nepalés anunció que asumiría el control de la seguridad a partir de las 22:00 hora local (16:15 GMT), advirtiendo que los manifestantes estaban «aprovechando la situación para causar daños a ciudadanos y propiedades públicas». El jefe del ejército, General Ashok Raj Sigdel, habría instado a Oli a dimitir para estabilizar el país, según fuentes citadas por India Today. La presencia militar en las calles de Katmandú se intensificó, con reportes de soldados rodeando a manifestantes y obligándolos a arrodillarse.
A pesar de la revocación de la prohibición de redes sociales el lunes por la noche, las protestas no cesaron, ya que los manifestantes consideran que la medida fue solo un detonante de un malestar más profundo relacionado con la corrupción, el nepotismo y la falta de oportunidades. La quema del Parlamento y otros edificios emblemáticos refleja la magnitud de la furia de los jóvenes, quienes ven en el gobierno una élite política desconectada de sus necesidades.
Reacciones internacionales
El Ministerio de Asuntos Exteriores de India emitió un aviso recomendando a sus ciudadanos evitar viajar a Nepal hasta que la situación se estabilice. También se estableció una sala de control en Lucknow para asistir a ciudadanos indios varados en Nepal. El primer ministro Narendra Modi expresó su consternación por la violencia, destacando la importancia de la paz y la estabilidad en Nepal.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU exigió una investigación «rápida y transparente» sobre el uso de fuerza letal contra los manifestantes, denunciando acusaciones de violencia desproporcionada.
Embajadas de Australia, Finlandia, Francia, Japón, Corea, Reino Unido y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto apoyando los derechos a la asamblea pacífica y la libertad de expresión, instando a todas las partes a ejercer moderación.
La renuncia de Oli ha dejado un vacío de poder en Nepal, y no está claro quién lo sucederá ni si se formará un gobierno interino. La historia reciente de Nepal, con 14 gobiernos desde 2008 y ninguno completando un mandato completo de cinco años, sugiere una inestabilidad política persistente. Los manifestantes, liderados por la Generación Z, han declarado que no se detendrán hasta que se aborde la corrupción y se castigue a los responsables de las muertes. Algunos líderes locales, como el alcalde de Katmandú, Balendra Shah, han instado a los manifestantes a mantener la calma y evitar más pérdidas, recordándoles que los recursos públicos son patrimonio colectivo.
La intervención del ejército plantea preocupaciones sobre una posible escalada de la violencia, ya que, aunque respetado, el ejército nepalés tiene un historial de enfrentamientos durante la guerra civil con los maoístas y podría ser reacio a asumir un rol prolongado en el mantenimiento del orden público. Además, la quema de instituciones clave y la fuga de cientos de presos en distritos occidentales del país han agravado el caos, complicando aún más la restauración del orden.
Causas subyacentes
Más allá de la prohibición de redes sociales, las protestas reflejan un descontento acumulado entre la juventud nepalesa. Entre los factores clave están, la corrupción endémica: Casos como el escándalo de la compra de aviones Airbus por Nepal Airlines en 2017, que resultó en pérdidas de 1.47 mil millones de rupias (10.4 millones de dólares), han alimentado la percepción de impunidad.
La falta de empleo es un problema crítico en un país donde conseguir trabajo es una tarea ardua. Nepal depende en gran medida de las remesas, y la prohibición de redes sociales aisló a las familias de sus seres queridos en el extranjero.
La rotación constante de líderes como Oli, Pushpa Kamal Dahal y Sher Bahadur Deuba, quienes han dominado la política nepalesa desde la transición a una república democrática en 2015, ha generado desilusión entre los jóvenes, que se sienten excluidos de la toma de decisiones.
La crisis en Nepal ha evolucionado de una protesta contra una prohibición de redes sociales a un movimiento más amplio contra la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades. La renuncia de K.P. Sharma Oli y otros ministros no ha logrado apaciguar a los manifestantes, quienes exigen cambios estructurales y justicia por las víctimas de la represión. La intervención del ejército y el cierre de instituciones clave como el aeropuerto de Katmandú indican un país al borde del colapso político. La comunidad internacional observa con preocupación, mientras Nepal enfrenta un futuro incierto, con un vacío de liderazgo y una juventud decidida a transformar el sistema. La prioridad ahora es restaurar el orden mediante el diálogo, pero la profundidad de las demandas de los manifestantes sugiere que la estabilidad podría tardar en llegar.
