Ciudad de México.- Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó este jueves siete recursos de protección promovidos por las empresas de Ricardo Salinas Pliego, lo que deja firmes créditos fiscales por 48 mil 326 millones de pesos acumulados entre 2008 y 2013. La decisión, tomada en la primera sesión relevante de la nueva composición del tribunal instalada en septiembre, obliga a Grupo Elektra a cubrir 43 mil 263 millones y a Televisión Azteca, 5 mil 63 millones, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, actualizaciones, recargos y multas.
Los nueve ministros concluyeron que los amparos carecían de interés excepcional y no planteaban cuestiones de constitucionalidad que justificaran su revisión en el máximo tribunal. Con esta resolución, se agota la vía judicial interna para impugnar sentencias previas de tribunales colegiados que ya habían validado los adeudos determinados por el Servicio de Administración Tributaria.
Durante la sesión, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García presentó uno de los proyectos de sentencia mediante una exposición digital, un recurso inédito en el pleno que incluyó un código QR para descargar el documento completo. Guerrero criticó la admisión inicial de un amparo de Elektra por mil 306 millones de pesos, argumentando que la expresidenta Norma Lucía Piña Hernández lo autorizó pese a precedentes resueltos por la Corte que descartaban su excepcionalidad.
El presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó el extenso litigio del caso, con 28 recursos, 13 reclamaciones y dos conflictos competenciales interpuestos por el equipo legal de Salinas Pliego. Los proyectos contra las empresas del grupo fueron turnados a Irving Espinosa Betanzo, Guerrero García, María Estela Ríos González, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Aguilar Ortiz. En paralelo, el pleno desechó recusaciones contra las ministras Lenia Batres Guadarrama y Esquivel Mossa, al considerar que sus opiniones previas no implicaban prejuzgar, ya que no se relacionaban directamente con los expedientes.
Batres Guadarrama, visiblemente satisfecha, emitió un pronunciamiento individual donde defendió la imparcialidad del nuevo pleno y criticó prácticas pasadas de la Corte, que a su juicio priorizaban intereses privados sobre el bien público. «Espero que siga sucediendo esto, no siempre es fácil resolver en colegiados resguardando el interés social y los recursos fiscales destinados a la población», afirmó.
Acusaciones de persecución desde Grupo Salinas
El corporativo de Salinas Pliego reaccionó de inmediato calificando el fallo como un «día negro para la justicia y el Estado de derecho». En un comunicado, denunció que la decisión se tomó «por consigna» del gobierno federal, sin análisis jurídico de fondo, y la tildó de acoso político que debilita la confianza empresarial al alterar «las reglas del juego». El empresario, en su cuenta de X, escribió: «Hoy no se acaba, comienza», aludiendo a la continuación de la defensa en instancias internacionales para proteger lo que describió como «derechos humanos» del grupo.
Usuarios en redes sociales respondieron con burlas al magnate, recordando su cambio reciente de foto de perfil y exigiendo el pago de impuestos, mientras aliados de Morena celebraron el veredicto como un triunfo contra la evasión fiscal de grandes contribuyentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las imputaciones de injerencia y recomendó a Salinas Pliego «pagar sus impuestos en vez de andar pagando campañas en redes». En su conferencia matutina, enfatizó que la resolución no responde a consignas políticas, sino a un análisis estrictamente jurídico, y que el SAT procederá una vez notificado formalmente.
Los adeudos originan en auditorías del SAT a operaciones de las empresas de Salinas, como ventas de acciones consideradas simuladas para eludir el ISR en ejercicios de 2008 a 2013. Inicialmente, el monto impugnado ascendía a 33 mil 477 millones de pesos, pero se incrementó por recargos y multas durante más de 15 años de litigios. Quedan pendientes dos recursos en ponencia de Batres Guadarrama, que podrían resolver en sesiones futuras y sumar al total adeudado, estimado en hasta 50 mil millones si se incluyen periodos posteriores hasta 2016.
