La Fiscalía General de la República indaga una extensa operación de contrabando de combustible, denominada huachicol fiscal, en la que figuran altos oficiales del Ejército Mexicano y que se extiende desde 2021 en aduanas clave como las de Piedras Negras en Coahuila y Palomas y Ciudad Juárez en Chihuahua. Esta red aprovecha la militarización de las aduanas para evadir impuestos y distribuir gasolina y diésel a precios rebajados en estaciones de servicio de la región norte y noroeste del país. Fuentes cercanas a la investigación revelan que el esquema involucra no solo a elementos castrenses, sino también a autoridades fiscales, estatales y municipales, en un entramado que ha permitido el flujo de millones de litros sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Información exclusiva obtenida por Aristegui Noticias señala que entre los principales investigados destaca el coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, quien fue removido de su puesto como administrador de la Aduana de Ciudad Juárez el 1 de noviembre de 2025, según documentos oficiales de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Su salida se precipitó tras el decomiso de al menos nueve pipas de la empresa Windstar, cargadas con combustible irregular, interceptadas en un retén conjunto de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la salida de la zona aduanera. Autoridades federales también lo ligan a presuntos actos de tráfico de armas, en una pesquisa que se intensificó desde octubre de ese año.
La indagatoria abarca varias aduanas fronterizas bajo control militar, donde se han detectado irregularidades sistemáticas en la revisión de documentos de importación. En los últimos cinco años, las fuerzas armadas han reportado la detención de 46 millones de litros de hidrocarburos en estas instalaciones, pero las evidencias apuntan a que tales operativos ocultan una complicidad mayor que facilita el paso de cargas falsificadas. Este colapso en los controles ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la militarización de las aduanas, impulsada durante el gobierno anterior con la promesa de erradicar la corrupción.
El esquema de importación ilegal y las empresas intermediarias
El contrabando opera mediante la compra legal de combustible en refinerías y plantas de almacenamiento de Estados Unidos, seguida de la alteración de pedimentos y cartas porte para declarar la carga como sustancias exentas de impuestos, como aceite quemado o aditivos. De esta manera, el precio del diésel y la gasolina se reduce entre seis y siete pesos por litro respecto al mercado nacional regulado por Petróleos Mexicanos. Un seguimiento con dispositivo de geolocalización a una pipa desde El Paso, Texas, hasta Ciudad Juárez documentó su descarga en una estación con marca Phillips 66, para luego continuar hacia Camargo en Chihuahua, Torreón en Coahuila, Fresnillo en Zacatecas y Aguascalientes, regresando finalmente a territorio estadounidense.
Otra ruta inusual registrada llevó una unidad desde Ciudad Juárez hasta un patio de almacenamiento en Piedras Negras, evadiendo así los puntos de inspección habituales. Empresas aparentemente legítimas como Windstar, Mefra Fletes, Transportadora Aton, Autolíneas Roca, Carvel, Transportes Rápidos Regionales y CZ Fuels son contratadas para el trasiego final hacia gasolineras, incluyendo franquicias de marcas como Gasolinera 76 y Phillips 66, que solo pagan por el uso de los emblemas sin operar directamente las transnacionales. En los últimos meses, pipas de estas compañías han sido aseguradas en aduanas y depósitos ocultos, sometidas ahora a pesquisa por la Fiscalía.
En el núcleo de esta red destacan dos comercializadoras: Petro Soluciones, representada por Mario Alberto Valdez Luna, e Ingemar, ligada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel. Ambas han sido vinculadas a ventas masivas de hidrocarburos irregulares a gasolineros y transportistas en el norte del país. El 11 de marzo de 2025, un empleado de Petro Soluciones ofertó nueve millones de litros de diésel a 21.80 pesos por litro en un patio clandestino de Ensenada, Baja California, cuando el precio mínimo de Petróleos Mexicanos era de 22.40 pesos según la Procuraduría Federal del Consumidor. Por su parte, Ingemar enfrentó en julio de 2025 el decomiso de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, por carecer de documentación para acreditar la procedencia lícita, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La empresa, que recibió permisos de importación de la Secretaría de Energía en el sexenio anterior, vio cancelada su autorización ese mismo mes tras la pesquisa, aunque Ruffo Appel ha negado cualquier citación formal y califica el señalamiento como politizado. Ambas firmas ya figuraban en investigaciones previas, como el caso de buquetanques en Ensenada y ferrotanques en Coahuila.
Patios ocultos y el riesgo de fugas sin control
Una vez cruzada la frontera, el combustible se resguarda en patios clandestinos equipados con tanques y bombas improvisadas para el trasvase, distribuidos en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Veracruz. En los límites de Nava y Piedras Negras opera uno de estos sitios en un terreno baldío junto a una nave industrial, en clara violación de la Norma Oficial Mexicana que regula el almacenamiento de petrolíferos con criterios de seguridad. No existen registros en la Comisión Nacional de Energía ni en dependencias ambientales que avalen su operación, y el padrón público solo consigna permisos para gas licuado de petróleo en esas zonas.
Empresas como Atom, Mefra Fletes, Windstar y Carvel han utilizado estos espacios para sus maniobras. El análisis de miles de facturas por este medio corrobora flujos financieros entre estas entidades, compañías fantasma y estaciones de servicio, en una maraña que combina transacciones formales con ilícitas. El riesgo de accidentes es inminente, dado el precario montaje de estas instalaciones, que carecen de medidas contra derrames o incendios.
El mando militar cuestionado y sus nexos previos
Octavio Othón López Pérez asumió la administración de la Aduana de Ciudad Juárez en mayo de 2025, tras Benito Cegueda Hernández, otro oficial retirado, bajo la supervisión del general André Georges Foullon Van Lissum, titular de la Agencia Nacional de Aduanas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ninguno de los dos aparece en las declaraciones patrimoniales públicas de Declaranet como responsables de la plaza. Antes, en Palomas, Chihuahua, López Pérez ya había sido vinculado por medios locales a huachicol fiscal y tráfico de armas, lo que motivó su traslado.
Su remoción incluyó un oficio del 30 de julio de 2025, emitido por Rafael Fernando Marín Mollinedo, actual titular de la Agencia, que limitó su autoridad y delegó la asignación de turnos a Rafael Buenrostro Martín, subdirector de Operación Aduanera. Tras su salida, el coronel se quejó ante el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, alegando que su denuncia previa contra autoridades civiles provocó el relevo. Sin embargo, fuentes ministeriales lo relacionan con el empresario René Díaz Ramos, conocido como «La Rana», un contrabandista mencionado en reportes de la prensa tijuanense. A pesar de los ceses, persisten acusaciones de que López Pérez mantiene influencia operativa en la aduana, obligando a elementos a participar en las irregularidades.
Respuestas oficiales y el fin de una era militarizada
La pesquisa no se limita a la Secretaría de la Defensa, sino que alcanza a mandos de la Secretaría de Marina, contradiciendo las declaraciones del expresidente López Obrador sobre el rol de los militares en la depuración de aduanas. En septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el retiro progresivo de las fuerzas armadas de las aduanas marítimas y terrestres, a dos semanas de detenciones por huachicol fiscal que involucraron a oficiales navales. Esta medida responde a la creciente evidencia de colusión, en un contexto donde ocho puertos y 555 empresas han sido señaladas en procesos por evasión similar, algunos con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación mediante buques en Ensenada y otros puntos.
El caso ilustra las fisuras en el control fronterizo, donde el huachicol fiscal no solo drena recursos fiscales, sino que fortalece redes criminales transfronterizas. La Fiscalía continúa profundizando en las rutas y participantes, con operativos que podrían derivar en más decomisos y detenciones en las próximas semanas.
(Con información de Carmen Aristegui, Juan Omar Fierro, Lilia Saúl Rodríguez, Sebastián Barragán y Brandon J. Celaya Torres).
